México, como otros países de Latinoamérica, se ha convertido en uno de los destinos del mundo para la gestación subrogada. El mercado global de este negocio pasará de 21,850 millones de dólares en 2024 a 195,970 millones en 2034 y en el país, los amparos de filiación vinculados a estos procesos aumentaron 2,548% desde 2020.
El sistema de ‘alquiler de vientres’ es un negocio que afecta a casi todo el mundo. De hecho, el debate abre múltiples aristas. Por ejemplo, en España la gestación subrogada está prohibida por la legislación, que la define como violencia reproductiva contra las mujeres y considera estos contratos nulos de pleno derecho, sin embargo, son numerosas las personas que han acudido a terceros países para encargar y recoger a menores gestados por una mujer extranjera.
En Argentina, la gestación subrogada con fines comerciales está prohibida. El Código Civil y Comercial de la Nación y el marco de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) exigen que el proceso sea estrictamente altruista y basado en la solidaridad. Esto significa que la práctica es posible y se realiza bajo el principio constitucional de que «lo que no está prohibido, está permitido», pero requiere de canales judiciales o administrativos específicos para garantizar la seguridad jurídica de la familia. Sin embargo, ese ‘gris’ legal permite transacciones dosfrazadas de altruismo que terminan teniendo copensaciones monetarias detrás, y menos herramientas para el reclamo por estafas.
Connectas org publicó en alianza con Aristegui Noticias una investigación sobre este negocio opera en medio de un vacío legal, en donde las agencias evaden responsabilidad legal cuando algo sale mal y quien termina asumiendo la carga es el eslabón más vulnerable de la cadena: las mujeres gestantes.
En este trabajo de Selene Mazón encontramos historias de éxito, pero también casos muy dramáticos donde las madres terminan pagando los platos rotos, desamparadas por las agencias y los padres de intención, además de endeudadas por los altos costos del embarazo.
El mercado global de gestación subrogada pasará de 21,850 millones de dólares en 2024 a 195,970 millones en 2034, según proyecciones de la industria.
En México, los amparos de filiación vinculados a estos procesos aumentaron 2.548% entre 2020 y 2025, al pasar de 25 a 662 casos: la única cifra oficial que existe, pues no hay registro de nacimientos por subrogación.
Se identificaron al menos 33 agencias operando en el país, 19 con sede en el extranjero y 13 de origen nacional, que funcionan como intermediarias sin responsabilidad legal directa en los contratos.
Un proceso de subrogación cuesta entre 50,000 y 120,000 dólares en México, frente a 120,000-200,000 dólares en Estados Unidos, lo que explica por qué el país se volvió un destino atractivo para padres de intención extranjeros.
La publicidad del negocio en redes sociales
Sin regulación, las agencias prometen buenas ganancias a las gestantes y el lado más «amable» del negocio. Tienden a ser mujeres de nivel socioeconómico medio bajo y provenientes -en estos casos- de las zonas periféricas de la Ciudad de México y el Estado de México.
El lado oscuro de la gestación subrogada
«¿Qué voy a hacer con dos bebés que no son míos?», cuenta Alma, una gestante cuya agencia cerró por bancarrota. En algunos casos, padres de intención o las agencias intermediarias abandonan el proceso, dejándolas solas con el bebé o sin suficientes recursos para tenerlos.
«Las mujeres somos tratadas como mercancía», cuestiona Patricia Olamendi, abogada penalista y exintegrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«Hay un caldo de cultivo para que esta industria sea exitosa: los mandatos de género, la desigualdad económica y la feminización de la pobreza», explica la doctora Eleane Proo, investigadora de la UNAM.
U caso testigo
En el veranno de 2025, Alma trabajaba como empleada de limpieza cuando una conocida le habló de la gestación subrogada. “Como me lo plantearon, parecía fácil”, recuerda. “Me dijeron que no pasaba nada, que era rápido y que los pagos eran buenos”.
Lo que más la convenció fue la compensación: unos 300 mil pesos mexicanos (poco más de 17 mil dólares), entregados en pagos escalonados durante todo el proceso. Madre soltera de un niño de 10 años, pensó que podía continuar trabajando, pasar más tiempo con su hijo y, con su compensación final, poner un negocio.
La agencia encargada era World Center of Baby (WCOB), fundada en Ucrania en 2018, con registro en Estados Unidos y cuatro años de presencia en México. Después de una serie de evaluaciones médicas, Alma fue a una clínica de fertilidad para la transferencia embrionaria, el procedimiento en el que se colocan uno o dos embriones en el útero con el objetivo de lograr un embarazo. Allí firmó un consentimiento informado que especificaba que solo se le transferiría un embrión. Pero en el primer ultrasonido descubrió que estaba embarazada de gemelos, algo que su coordinadora (la encargada de seguir su proceso de gestación desde la agencia) le dijo que “a veces solía pasar”.
El embarazo se complicó desde el inicio. Al segundo mes dejó su trabajo para dedicarse por completo al proceso y, cuando tenía cuatro meses de embarazo, los pagos dejaron de llegar. Su coordinadora le dijo que tenían problemas con la cuenta bancaria en Estados Unidos. Un mes después recibió otra llamada: “Me dijo que la agencia había desaparecido, que ella ya no trabajaba ahí”.
Se quedó helada. «¿Y ahora qué voy a hacer? Yo vivía con ese dinero que me daban mensualmente. Yo no podía trabajar”, pensó.
Pero inmediatamente la preocupación económica dio paso a otra aún más angustiante: si la persona para la que estaba gestando, a quien nunca había conocido, no respondía…
“¿Qué voy a hacer con dos bebés que no son míos, aparte del hijo que ya tengo?”.
Alma es uno de los 90 casos de WCOB que quedaron en el limbo en México tras la desaparición de la agencia, según información proporcionada por un exempleado. En un comunicado, la compañía anunció en febrero de 2026 que había iniciado un proceso de disolución por bancarrota en Estados Unidos. Para entonces, la empresa ya acumulaba señalamientos de incumplimiento por parte de clientes y gestantes en varios países, entre ellos Ucrania, Albania, Chipre y Georgia.
¿Qué es la gestación subrogada?
La gestación subrogada es un procedimiento en el que una mujer gesta un bebé para otra persona mediante técnicas de reproducción asistida. Según la consultora Precedence Research, el mercado global de gestación subrogada pasará de 21,850 millones de dólares en 2024 a cerca de 195,970 millones en 2034, una cifra que equivale de forma aproximada al Producto Interno Bruto (PIB) anual de Marruecos o Cuba, según las proyecciones económicas globales del Fondo Monetario Internacional.
Aunque es un sector en crecimiento en México, no existen cifras oficiales sobre el tamaño de esta industria: no se sabe cuántos procedimientos se realizan cada año, cuántos niños nacen por esta vía ni cuántas agencias o clínicas participan. El negocio crece de manera visible en redes sociales, pero opera en un entorno marcado por la falta de transparencia, de mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas.
Para esta investigación de Aristegui Noticias y CONNECTAS se identificaron al menos 30 de estas agencias —nacionales e internacionales— (ver lista abajo) que operan en el país. Y se entrevistó a 33 personas involucradas en el negocio: desde gestantes, padres de intención hasta trabajadores y expertos del sector.
El resultado es una radiografía de un sector marcado por una regulación fragmentada, la falta de cifras oficiales y un amplio desconocimiento sobre contratos y derechos, especialmente entre las mujeres gestantes. También revela las dificultades para garantizar un acompañamiento integral y proteger los derechos de las infancias. El objetivo no es estigmatizar a quienes participan, sino entender un fenómeno complejo y sin respuestas fáciles.
Un mercado que no deja de crecer
Para Sofía Pérez Otero, abogada especializada en derecho de reproducción asistida y de familia internacional, México ocupa hoy un lugar central en esta industria como destino atractivo por tres razones principales: un marco legal relativamente progresista, que reconoce el matrimonio igualitario, la autonomía reproductiva, la diversidad familiar y el derecho a la identidad; un circuito médico de alto nivel; y costos más bajos en comparación con otros países. Mientras en Estados Unidos un proceso de gestación subrogada suele costar entre 120 mil y 200 mil dólares, en México los programas se ofrecen, en general, entre 50 mil y 120 mil dólares, dependiendo de los servicios incluidos y de los gastos legales y médicos.
En el país, la gestación subrogada no tiene una regulación nacional unificada. Su marco legal está dividido entre la Federación, que regula aspectos sanitarios y médicos, y los estados, que establecen las consecuencias civiles del proceso, como la filiación y el reconocimiento de la maternidad y la paternidad.
Eso ha creado un rompecabezas legal en el que las condiciones, derechos y vías legales disponibles pueden cambiar según el estado donde se lleve a cabo el proceso. En estados como Querétaro y San Luis Potosí, por ejemplo, la práctica está prohibida o los contratos de gestación subrogada no tienen efectos jurídicos. Tabasco y Sinaloa, por otro lado, cuentan con regulaciones específicas que permiten ciertas modalidades y establecen requisitos legales. Esta disparidad dificulta tener una visión clara de cómo opera la industria en México.
En la práctica, saber cuántos bebés nacen mediante gestación subrogada es casi imposible. Esto se debe a que el Código Civil prohíbe que, al registrar a un recién nacido, las autoridades pregunten o dejen constancia de la forma en que fue concebido o nació, como medida para evitar cualquier tipo de discriminación. No existe un registro oficial de estos nacimientos. Los únicos casos que pueden identificarse con mayor claridad son aquellos que llegan a los tribunales.
Por eso, una señal del crecimiento de estos procesos son los amparos de filiación que se tramitan en los juzgados del país. Mediante estos recursos, los padres de intención solicitan a un juez que ordene al Registro Civil reconocerlos como los progenitores legales del bebé por gestación subrogada. En cinco años, estos casos aumentaron 2,548 %: pasaron de 25 en 2020 a 662 en 2025, según datos del Órgano de Administración Judicial.
Estas cifras solo muestran una parte del fenómeno. Reflejan únicamente los casos que requirieron la intervención de un juez. Muchos otros nunca llegan a tribunales porque se resuelven entre particulares o porque el bebé es registrado inicialmente como hijo de la gestante y la filiación se modifica después por otra vía.
Contratos y trámites legales de gestación subrogada
La falta de información también dificulta saber quiénes participan en esta industria. Aunque la regulación cambia de un estado a otro y los registros oficiales son limitados, hay un actor que aparece de forma recurrente: las agencias privadas, en su mayoría extranjeras. Su participación es legal y, a través de sus “coordinadores”, suelen reclutar a las gestantes, organizar el proceso, gestionar pagos y conectar a las distintas partes.
Las agencias no son las únicas que intervienen. También participan clínicas, abogados, notarios y autoridades, cada uno con funciones distintas. Sin embargo, cuando surge un conflicto, no siempre está claro qué obligaciones corresponden a cada actor, quién debe responder por ellas o ante qué autoridad. Esa zona gris puede dificultar que las partes afectadas exijan responsabilidades.
Contratos tardíos y el modelo «Uber»
En muchos casos, las agencias funcionan como el principal puente entre las mujeres gestantes y los padres de intención. Operan principalmente por internet: captan clientes, reclutan mujeres y coordinan procesos médicos y legales con clínicas de fertilidad. A diferencia de las clínicas, que sí deben contar con permisos sanitarios de Cofepris, muchas agencias no tienen instalaciones propias ni una estructura formal. Su operación depende de coordinadores que acompañan a las gestantes durante el proceso. Algunas clínicas también ofrecen directamente servicios de subrogación.
Los procesos de gestación subrogada se rigen por contratos privados. De acuerdo con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos deben garantizar el consentimiento informado y establecer con claridad los derechos y obligaciones de quienes participan.
Sin embargo, en la práctica existen dos contratos distintos. Por un lado, los padres de intención firman con la agencia un contrato de prestación de servicios. Por otro, la mujer gestante firma directamente con los padres de intención el contrato de gestación. Esa diferencia es clave.
Para muchas gestantes, esta separación entre los contratos no es evidente al inicio del proceso. Grey, una de las mujeres entrevistadas para este reportaje, cuenta que antes de entrar al programa investigó en foros, comparó opciones y finalmente eligió a New Life, una agencia fundada en Georgia en 2008, registrada en Estados Unidos y con presencia en nueve países, incluido México.
“Yo la encuentro y digo: ‘Bueno, se me hace más confiable porque el consultorio está en Polanco, ¿no?”, cuenta, en referencia a una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, donde se concentran numerosas clínicas y agencias de fertilidad.
En agosto de 2024, Grey viajó a Cancún para realizarse la transferencia del embrión. Ese mismo día, la agencia le entregó el contrato. “En ningún momento me explicaron que estaba firmando directamente con los padres de intención ni que si pasaba algo, la agencia no se haría responsable”, dice.
Aunque las agencias de subrogación reclutan a las gestantes, coordinan el embarazo y administran los pagos, no suelen figurar como parte de los contratos que firman las gestantes. Su papel se parece al de una plataforma intermediaria: organizan buena parte del proceso, pero jurídicamente quedan al margen del acuerdo entre las partes.
El esquema se parece al de plataformas como Uber o Rappi: controlan el proceso, pero se presentan legalmente como intermediarias. La gestante firma directamente con los padres de intención, mientras que ellos son los únicos que mantienen una relación contractual con la agencia y, por tanto, una vía legal directa para reclamar en caso de incumplimiento.
Cuando Grey dio a luz, en abril de 2025, a una bebé para una familia homoparental estadounidense, cuenta que durante los primeros meses recibió sus pagos puntualmente. La relación siempre fue cordial, por lo que nunca tuvo motivos para desconfiar. Sin embargo, después del nacimiento comenzaron las demoras y dice que solo recibió una tercera parte de la compensación acordada. “Me decían que tenían un problema con su cuenta de banco”, recuerda. Para entonces, ya sabía que el contrato de gestación no era con la agencia, sino directamente con los padres de intención.
Durante las semanas siguientes mantuvo contacto con ellos para completar el registro de la bebé, que finalmente quedó inscrita con su apellido, como si ella fuera la madre. Esto permitió que los padres de intención salieran del país con la menor sin tener que esperar un amparo de filiación, un proceso que puede tardar meses.
Según Grey, después del registro de la bebé, la pareja dejó de responderle. Entonces fue a la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar una forma de reclamar su pago pendiente. Ahí le explicaron que tendría que iniciar un proceso legal en Estados Unidos para solicitar la restitución de la niña porque, legalmente, ella es la madre. Pero, además de los costos, que estaban fuera de su alcance, Grey pensó en la bebé y decidió no seguir: “Entonces yo me puse a pensar y dije: ‘No la voy a poner en esta tela de juicio porque ella no pidió venir al mundo. Fue un sueño que nosotros le quisimos cumplir a estos padres.”
Para el abogado Raúl Valdez, especializado en contratos de gestación subrogada, el caso ejemplifica cómo estos procedimientos pueden operar en zonas grises, especialmente cuando los contratos se firman en una jurisdicción distinta a la residencia de la gestante —en este caso, Cancún, mientras ella reside en la Ciudad de México— o cuando no se ratifican ante notario público.
Aunque la legislación no detalla cómo deben llevarse a cabo estos contratos, en febrero de 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que deben formalizarse antes del embarazo, primero ante notario y después ante un juez. La realidad fue otra para la mayoría de las entrevistadas: más de la mitad recibió su contrato cuando ya tenía un embarazo en curso. Algunas lo confundieron con consentimientos médicos; otras lo firmaron en salas de espera o el mismo día de la transferencia embrionaria.
Al referirse al caso de Grey, Valdez plantea una pregunta: “¿Sabes por qué no fue firmado ante notario público? Porque lo hicieron todo mal desde el inicio. A lo mejor no con un abogado especializado, o si lo hubo, solo se encargó de la redacción del contrato. Cuando la gestante fue al Registro Civil y la registró con su apellido, es como si fuera un nacimiento natural. Entonces el contrato deja de tener utilidad”, explica.
Susana vivió una situación similar. Fue gestante a través de WCOB, la agencia ucraniana que desapareció mientras aún tenía procesos en curso. Dio a luz en noviembre de 2025 y quedó a la espera de un pago final de 100 mil pesos (unos 5,500 dólares).
Para recibirlo, primero debía viajar a Sinaloa —a más de 1,280 kilómetros de distancia— y firmar el acta de nacimiento. En los programas de gestación subrogada, el último pago, que suele ser el más alto, puede quedar condicionado a que el bebé obtenga su pasaporte y salga de México.
Susana cumplió con el proceso convencida de que ese sería el último paso antes de recibir el dinero que faltaba. Pero en febrero, la agencia dejó de responderle. Buscó asesoría y ahí le explicaron que, para reclamar el pago, tendría que contratar abogados en Sinaloa. «No podía cubrir esos gastos. Por eso ya no seguí”, cuenta.
Valdez explica que, en estos casos, la agencia funciona como intermediaria: “Si no te pagan, puedes demandar por incumplimiento, pero a los padres de intención”. El problema, añade, es la jurisdicción.
Tampoco existen reglas específicas para establecer una agencia de gestación subrogada en el país. “Aquí en México no existe regulación que exija conocimiento o certificación. Cualquiera puede abrir una oficina y decir: ‘Somos expertos en subrogación’”, señala Valdez.
Los hallazgos de esta investigación muestran cómo ese vacío normativo puede tener consecuencias concretas. Se identificaron al menos tres casos en los que mujeres gestantes terminaron registrando a los bebés como hijos suyos como medida de emergencia ante una mala coordinación de la agencia o la ausencia de los padres de intención, sin recibir ningún acompañamiento posterior.
El tema abre fuerte debate sobre un negocio vinculado a la gestación y a la vida humana que se ha salido de control y genera enormes daños psíquicos, sociales, económicos y éticos que afectan nuestras sociedades.
*CO
