Dólares no declarados: según la nueva Ley se podrán invertir en construcción y proyectos inmobiliarios

La iniciativa, que prorroga el régimen iniciado el año pasado mediante la Ley 27.613 de Incentivo a la Construcción y Acceso a la Vivienda pero que no dio los resultados esperados, fue aprobada con 35 votos a favor y 26 en contra, tras la media sanción que le dio la Cámara de Diputados en mayo último. A diferencia de aquella ocasión, Juntos por el Cambio se inclinó por el rechazo al proyecto, aunque facilitó el quórum al oficialismo.

Una de las principales ventajas del nuevo blanqueo respecto del anterior y que fue destacada por el oficialismo durante el debate, es que establece un plazo máximo de 360 días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la ley para que personas y empresas adhieran al régimen con moneda nacional y extranjera en el país o en el exterior, no declarada anteriormente.

Se trata del plazo más alto dentro del esquema que establece la nueva ley y que ofrece también la posibilidad de entrar al blanqueo en 90 y/o 180 días, con alícuotas diferenciales en cada caso. Esto intenta solucionar el problema del blanqueo anterior, que otorgó un período de solo 90 días y, por demoras en la reglamentación, ofreció muy poco tiempo para entrar.

El destino del blanqueo es la realización de inversiones en construcción para uso propio o desarrollo de proyectos inmobiliarios, que estén avanzados en un 50% al momento de entrada en vigencia de la ley o se puedan finalizar en un período de 360 días contados desde ese momento.

¿Cuáles son los plazos y qué alícuotas habrá que pagar?

El proyecto original había sido impulsado en la Cámara de Diputados por Sergio Massa, hoy ministro de Economía, y por el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, y establecía un plazo para de 90 días. Con el fin de propiciar un ingreso mayor de capitales, durante aquel debate se decidió extenderlo por tramos.

Con la aceptación del Senado, la ley dejó así establecido que la declaración de tenencia de moneda extranjera y/o nacional con destino a la construcción se podrá realizar, desde la entrada en vigencia de la norma y hasta transcurrido el plazo de 90 días corridos, pagando una alícuota de 5%.

Ese impuesto especial sobre el monto a blanquear se eleva al 10% cuando se realice entre los 90 y los 180 días corridos desde la vigencia de la ley. Desde el día siguiente y hasta transcurridos los 360 días, la alícuota será del 20%.

Entre los beneficios que plantea este régimen, se destacan los impositivos. El monto blanqueado queda eximido del Impuesto a los Bienes Personales, algo que ya estaba previsto en la ley anterior y se decidió mantener en el nuevo régimen. Esta exención rige para el «valor de las inversiones en proyectos de inversión realizadas y desarrolladas, directamente o a través de terceros».

Por otra parte, los contribuyentes podrán ingresar los dólares para la inversión al valor MEP o contado con liquidación, pero pagar el impuesto al tipo de cambio oficial del día que exterioriza los dólares, indicó Guillermo Pérez, CEO del Grupo GNP. De este modo y a raíz de la brecha cambiaria actual, y tasa efectiva mínima podría verse disminuida del 5% a 2,5%, según el especialista.

El trasfondo político de la ley

Como presidente de la Cámara de Diputados, Massa fue junto a Ritondo el impulsor de este nuevo blanqueo. Esa es una parte del motivo por el cual, tras asumir como ministro de Economía, el tigrense incluyó este proyecto en el pedido que le hizo al Congreso para avanzar con un paquete de leyes «productivas» que estaban en trámite.

La otra razón es la expectativa del Gobierno en torno al resultado que pueda arrojar este nuevo régimen en términos de ingreso de divisas, una de las obsesiones del nuevo ministro ante la sangría que sufren las reservas del Banco Central.

El tiempo escaso que ofreció el blanqueo para la construcción del año pasado hizo que solo ingresaran al sistema u$s200 millones. Con este nuevo régimen el Gobierno espera captar ahora unos u$s4.500 millones.

La ley se aprobó con lo justo. El oficialismo reunió 35 votos gracias al apoyo de monobloques provinciales pero la mayor parte del interbloque Juntos por el Cambio votó en contra, más allá de haber «ayudado» con el quórum, al permanecer en sus bancas.

Esto marcó un matiz respecto de lo que fue la votación en Diputados, que generó una polémica interna en la coalición opositora. La unión entre Massa y Ritondo para impulsar esta iniciativa fue objetada por la Coalición Cívica, cuyos diputados votaron en contra mientras que los del PRO lo hicieron a favor, junto al oficialismo, y la UCR se abstuvo.

Esto cambió levemente en el Senado. Sin representantes de la Coalición Cívica, la bancada opositora de la Cámara alta tuvo a los senadores del PRO votando en contra y a una minoría de radicales y bloques provinciales que se ausentaron.

Horas antes de la sesión, aquel ruido interno por el acuerdo entre Ritondo y Massa en Diputados volvió a surgir en boca de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que ubicó al jefe del bloque de diputados del PRO como uno de los «massistas» de Juntos por el Cambio, junto a otros dirigentes y abrió una fuerte crisis en la alianza opositora.

¿Blanqueo para planes sociales?: el «Puente al empleo» que fija la ley

La nueva norma contiene además un artículo que busca incorporar al empleo en las obras públicas y/o privadas que se enmarquen en el régimen de incentivo a las personas que sean beneficiarias de programas sociales, pero sin que pierdan esa asistencia.

En la redacción esto se incorporó bajo el título «Puente al empleo» y el subtítulo «Transformación de planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad».

Así, el proyecto establece que «las y los titulares de programas sociales y de empleo» que sean contratadas en el marco del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda «y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan, podrán seguir percibiendo los beneficios» de dichos programas.

*iP/PC