28 agosto, 2020
El número de camas UTI y la cantidad de respiradores por ciudad es uno de los debates que nunca terminarán seguramente de esclarecerse documentalmente, hasta bastante tiempo después de la pandemia. De esa capacidad sin embargo depende el grueso del tratamiento en los casos de gravedad por Covid-19, los que han comenzado a recrudecer a partir del pico de contagios comunitarios que se comenzó a vivir en casi todo el país.
El avance del coronavirus en las provincias, con picos de casos que eran analizados este jueves por el propio presidente Alberto Fernández con los gobernadores, llevaron a las administraciones locales a elevar recomendaciones sobre cómo priorizar la asignación de respiradores y camas de terapia intensiva, especulando que esos momentos no están lejos.
El trabajo, en manos de los comités de ética, es paralelo a los protocolos que ya elaboró un puñado de distritos con eco a nivel nacional sobre el acompañamiento de familiares a pacientes en situación terminal, para humanizar el final de vida.
“Es un trabajo que veníamos realizando desde marzo, cuando empezaban a llegarnos las imágenes de lo que pasaba en Italia o España. Parecía en aquel momento que estábamos lejos”, mencionaron desde una provincia que ya nota señales de estrés en su sistema sanitario.
Se trata en rigor de “recomendaciones consensuadas con los profesionales” que luego cada institución traduce en protocolos sobre la base de “principios de dignidad, justicia y equidad”.
Así, pese a cierto lugar común, la edad avanzada en sí misma no es un factor de discriminación ante la potencial necesidad de optar a quién darle un respirador. “Sería un criterio de discriminación negativa”, agregaron.
Sí, en cambio, hay un criterio de discriminación positiva con prioridad para niños, adolescentes y embarazadas, de acuerdo a principios de la ONU. Y, la edad, es parte de un “score” donde se mezclan otros factores como la comorbilidad (es decir, si el paciente tiene otras enfermedades graves) o pronósticos de supervivencia. Así, se determinan una serie prioridades, donde la urgencia clínica es mandatoria.
Del mismo modo, se establece que ante la urgencia de la pandemia, los médicos quedan facultados para avanzar en el tratamiento sin consultar con familiares o el propio afectado. En base a documentos elaborados por Nación, la sugerencia a las provincias es que en “la pandemia las decisiones informadas serían superadoras del proceso de consentimiento informado tradicional ya que es el profesional tratante quien asume la responsabilidad plena de la decisión, en lugar del propio paciente o allegado”.
Asimismo, también se elaboró un cuadro para pacientes de más de 60 años. Si no tiene mayores complicaciones previas, ni fragilidad, entra en la misma consideración que un paciente adulto. Las variables de fragilidad, comorbilidad y expectativa de vida inferior a dos años podrían alejar a un paciente del acceso a la asistencia respiratoria mecánica, si la demanda fuera mayor a la oferta.
Otra sugerencia provincial menciona que los profesionales deben considerar “personas a cargo del paciente para tomar decisiones maximizando el beneficio del máximo de personas”.
También los documentos de recomendaciones nacionales pueden llevar a que la atención en terapia intensiva dependa del azar. Ante dos personas con idéntico score, la recomendación menciona lo siguiente: “En aquellos casos en que los pacientes tengan el mismo pronóstico y probabilidad de recuperación, en base al puntaje y score para la asignación del uso de ARM, la alternativa moralmente neutra es la asignación aleatoria, es decir debe instaurarse un proceso de elección por azar o lotería”.
Asimismo las provincias avanzan además en protocolos para que los pacientes terminales puedan estar acompañados por sus familiares. La Rioja y San Juan fueron pioneros, bajo la intención de evitar casos como el de Solange Musse, que falleció en Córdoba de cáncer sin que su padre pudiera ingresar desde Neuquén. También hubo avances en el “derecho a la despedida” en Buenos Aires, CABA y Córdoba.
*AF
