14 julio, 2021
Se espera que el nuevo incremento esté aprobado este mes. El Gobierno también prepara un subsidio destinado a las obras sociales sindicales
En lo que será un nuevo golpe a los ya muy castigados bolsillos de los argentinos, las empresas de medicina prepaga volverán a aumentar sus cuotas entre un 7 y 8%.
Este incremento, según trascendió, estaría aprobado este mes por el Gobierno nacional.
Según trascendió, el incremento es parte de un combo que promete incluir, en el corto plazo, el desembolso de un subsidio de 11.400 millones de pesos destinado a las obras sociales sindicales para compensar el aumento de los costos de los tratamientos por discapacidad.
A su vez, el ajuste en los servicios de medicina privada serán claves para destrabar la paritaria del gremio de Sanidad.
La suba se sumaría al último aumento del 10% autorizado en abril, que se dividió en un 4,5% en ese mes, y el 5,5% restante en mayo. Se acumularon con el 3,5% habilitado en marzo, para dejar un aumento total por lo que va del año de 14,1%.
Las prepagas cuentan con cerca de 6 millones de suscriptos de los cuales apenas 1,5 millón pagan su cuota plena y el resto son los denominados «desregulados» que abonan una parte y el resto proviene de sus aportes a una obra social.
A fines de junio, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials rechazó dictar la medida cautelar interina que autorice un aumento inmediato del 9,77% en la cuota de las empresas de medicina prepaga, y declaró su competencia para resolver la demanda.
El magistrado sostuvo que en la demanda que radicaron 15 empresas del sector se pide el dictado de una medida cautelar interina «que coincide con el objeto de la medida precautoria requerida», lo cual impide su tratamiento.
Las empresas pretendían que se las autorice «a realizar el aumento de 9,77% mientras se tramita el pedido de informes a la demandada, el Ministerio de Salud de la Nación, por lo cual «corresponde proceder a su rechazo, sin más», concluyó.
Además, habían solicitado que el aumento «sea autorizado con carácter provisional; y a cuenta del futuro aumento que se realice de acuerdo a la resolución del reclamo impropio interpuesto y el aumento adicional solicitado».
Tras declarar su competencia el dictado del amparo que habilite el aumento, el magistrado emplazó al Ministerio de Salud de la Nación a responder en el plazo de cinco días.
La presentación fue hecha el 16 de junio último por abogados de 15 empresas, entre ellas OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Omint y Hospital Italiano.
Como dato de color se puede mencionar que el magistrado intimó a las empresas para que en el plazo de cinco días, abonen la suma de $1.500 (mil quinientos pesos), en concepto de Tasa de Justicia. En caso de que no lo hagan, hará efectivo el apercibimiento de imponerles una multa de $750 (setecientos cincuenta pesos), la que debe ser pagada dentro de los cinco días de plazo del vencimiento original.
En caso de que incumplan con el pago de la multa, se les expedirá un certificado de deuda para su posterior remisión a la Oficina Legal y Técnica (ex «Representantes del Fisco») de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Según estimaciones del sector, para que las cuotas estén a un nivel sostenible deberían aumentar en torno a 35%. La pretensión de la Unión Argentina de Salud (UAS), que agrupan a las firmas del sector privado, no es que les autoricen la suba en un solo tramo, pero sí ir acortando las distancias.
Hace unos días, el presidente de la UAS y de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, señaló que el Gobierno les prometió respuestas de fondo al problema del financiamiento del sistema de salud privado, que atiende a un 70% de los pacientes de la Argentina, cerca de 32 millones de personas.
En conferencia de prensa, y en lo que se refiere al borrador mencionado anteriormente, el empresario explicó que «la estatización de un sistema puede producirse de hecho o de derecho. En este último caso, las autoridades elevan un proyecto al Congreso, este se debate y se aprueba de cara a la sociedad, y si fuese posible a la luz del día. Así se hizo en su momento con las AFJP, por ejemplo».
«Pero si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero debería desfinanciarlo, ponerlo al límite de su capacidad operativa, arrodillarlo y mantenerlo así hasta que colapse y su capacidad de atención sea deficitaria. Entonces sobre los escombros, las ruinas y la salud de millones de argentinos, se expondría como un relato la excusa perfecta de que debe nacionalizarse bajo el supuesto de que el sistema no está en condiciones de dar respuestas sanitarias», agregó.
Señaló que en el Gobierno «verbal y técnicamente» se acredita un atraso tarifario «gigante» y reconocen «la existencia de un desfasaje inmanejable». Denunció que, pese a ello, las autoridades «no cumplen con la ley de medicina privada que obliga a otorgar las actualizaciones necesarias».
Y alertó que «bajo estas circunstancias el sistema tal cual millones de conciudadanos han elegido voluntariamente, no está en condiciones de seguir funcionando».
En ese punto, señaló que «aun cuando sigamos repitiendo aquel lugar común de que ‘la salud no tiene precio’; sí tiene costo y más en medio de una pandemia donde no se interrumpe la ley de la oferta y la demanda, y los insumos y medicamentos adquieren una importancia tal que sus valores se disparan y sus existencias muchas veces escasean, por el aumento y la necesidad indispensable de su uso».
En cuanto a los mencionados costos, el empresario remarcó que «los informes técnicos surgidos del propio Gobierno e inclusive decretos del Poder Ejecutivo acreditan que la situación técnica de atraso es gigante y la sustentabilidad ha dejado de ser una opción para las organizaciones. Mientras al mismo tiempo desde el Congreso de la Nación se siguen incorporando más y más prestaciones al Programa Médico Obligatorio».
Por otro lado, solicitó que el sector privado sea convocado por el Congreso de la Nación para que se los convoque para poder explicar la gravedad de la situación y que se incluya en el debate a las autoridades regulatorias para que expliquen «por qué la ley no se está cumpliendo, lo que constituye una irregularidad de una gravedad institucional inusitada, y además suicida, en medio de una pandemia».
A grandes rasgos, para las prepagas, la situación actual podría destrabarse con una autorización en el aumento de las cuotas. Hay que recordar que a través de la Resolución Nº 987/2021 del Ministerio de Salud de la Nación, se les autorizó un aumento general y complementario de aquel que ha sido aprobado para el mes de marzo 2021, de hasta un 4,5% a partir del 1° de abril de 2021, y de hasta un 5,5% adicional a partir del 1 de mayo de 2021. Todo ello, lleva el incremento de este año a un total de 14,10%.
Además, en el 2020, el único aumento autorizado por el Ministerio de Salud para las cuotas de entidades de medicina prepaga fue recién en diciembre, con un valor de 10% acumulativo con respecto al valor previo de diciembre 2019.
