6 diciembre, 2021
Al menos cuarenta funcionarios y empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que investigaron a la familia Kirchner, al holding de Cristóbal López, a Lázaro Báez o al ex titular del organismo, Ricardo Echegaray fueron desplazados de sus cargos y reasignados a tareas menores.
Los ‘castigos’ incluyeron personal de la AFIP en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mercedes, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.
«A algunos les asignaron tareas administrativas. Otros ni siquiera cuentan con computadora o escritorio asignado. Pero todos cumplen una función: sirven de mensaje disuasorio para los restantes empleados del organismo», destaca el artículo,
Las represalias alcanzaron a más de cuarenta funcionarios entre los que se encuentran, contadores, abogados, auditores y hasta un informático. Y representaron un descenso escalafonario –con la consiguiente merma salarial-, hasta ubicarlos en el nivel más bajo del convenio laboral.
Algunos empleados desplazados presentaron impugnaciones administrativas y también al menos uno de ellos realizó una denuncia judicial, que se tramita en los Juzgados Federales con asiento en La Plata.
La purga incluyó a:
Jaime Mecikovsky, el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior durante la gestión de Alberto Abad que lideró las investigaciones sobre los Kirchner y Báez. Lo enviaron al área de “almacenes”, donde los históricos no recuerdan que un funcionario de tan alto rango haya jamás sido enviado allí.
Cuatro funcionarios (incluido el encargado de la delegación Comodoro Rivadavia) que acataron la orden que emitió la Justicia Federal de Río Gallegos en 2017, que dispuso que la AFIP analizara las declaraciones tributarias de Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Esa orden provocó una revisión que, a mediados de 2019, derivó en una determinación de impuestos por $ 8 millones.
Los auditores que evaluaron si el procedimiento había sido correcto o se había registrado un “hostigamiento fiscal” contra la familia Kirchner fueron desplazados, con merma salarial, tras negarse a firmar las conclusiones del informe final OCV 11-2020, del jueves 25 de junio de 2020, “ajustadas” por la subdirectora general de Auditoría Interna, Gabriela Camiletti, algo que la AFIP negó que haya ocurrido.
Más de veinte jerárquicos y técnicos (entre otros, cayó el coordinador de la División de Apoyo a la Gestión Penal) de la subdirección general de Grandes Contribuyentes Nacionales que testificaron ante la Justicia sobre el Grupo Indalo o impidieron la licuación en sede administrativa de las acreencias fiscales del holding de Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Los superiores de esos contadores y abogados desplazados. Entre esos jefes, quien estaba a cargo de la División Penal de Grandes Contribuyentes Nacionales y confirmó ante la Justicia las conclusiones del Director de Operaciones y el Jefe de Departamento de Investigación.
El titular del Departamento de Recaudación de Grandes Contribuyentes Nacionales y su superior inmediato. Los desplazaron y trasladaron a dependencias de menor trascendencia o para las que carecían de experiencia, con el descenso escalafonario al nivel de analistas, merma salarial y órdenes verbales de no asignarles tareas.
Quienes determinaron las deudas tributarias del Grupo Indalo, redactaron una serie de dictámenes jurídicos o los ratificaron como superiores jerárquicos, de tal forma que les impidieron a las empresas del holding ingresar a los planes de pago vigentes de la AFIP por encontrarse procesados López y De Sousa, obligando al Gobierno a impulsar una moratoria que la oposición tildó de “hecha a medida” de los empresarios.
Dos funcionarios que desde la Dirección de Grandes Empleadores promovieron denuncias penales sobre empresas del Grupo Indalo por la apropiación indebida de aportes previsionales. Ambos fueron removidos de sus cargos y les asignaron tareas menores en Seguridad Social.
Dos abogados de la AFIP a cargo de la querella en la causa en la que se investigaba el delito de lavado fondos de la obra pública. Tras pedir una pena de 8 años de prisión contra Lázaro Báez por “la ruta del dinero K” y terminada la instancia oral del juicio. Ambos fueron apartados de sus cargos y también enviados a Seguridad Social.
Empleados que representaron a la AFIP como querellante en la causa judicial por los supuestos delitos cometidos por Echegaray y el entonces titular de la DGI, Rubén Ángel Toninelli, para proteger a Lázaro Báez. Dos funcionarios que estuvieron a cargo de la Sección Penal por más de una década y que estaban asignados a las direcciones regionales de Mercedes y Santa Fe, fueron castigados, sin asignación de tareas.
Al menos seis contadores, abogados y auditores, y a un informático de la delegación de Bahía Blanca.
Para Mercedes Marcó del Pont, actual titular del organismo, las máximas autoridades de la AFIP durante la presidencia de Mauricio Macri montaron un “grupo de tareas” dentro del organismo que se abocó al “hostigamiento fiscal” de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
También, desplegó maniobras de “lawfare administrativo” en contra de ellos, de empresarios como Cristóbal López y Fabián de Sousa, y de ex funcionarios como Ricardo Echegaray.
*ED/MOL
