6 enero, 2026
El régimen chavista activó el estado de conmoción exterior por 90 días, militarizó sectores estratégicos y habilitó la suspensión de derechos tras la captura de Nicolás Maduro.
Venezuela entró en una nueva fase de excepción institucional tras la publicación en la Gaceta Oficial del decreto de Estado de Conmoción Exterior, una medida que amplía de manera extraordinaria las atribuciones del Ejecutivo y ordena detenciones contra quienes respalden la ofensiva militar de Estados Unidos. El régimen chavista justificó la decisión en el marco de la crisis abierta tras la detención de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York.
El decreto, fechado el sábado y difundido oficialmente este lunes, tiene rango de ley, una vigencia inicial de 90 días y la posibilidad de ser prorrogado por un período similar. El texto lleva la firma de Maduro y fue refrendado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió funciones tras la captura del exmandatario.
Uno de los puntos centrales de la norma ordena a los cuerpos de seguridad nacionales, estatales y municipales a localizar y detener a personas acusadas de promover o apoyar la acción militar estadounidense. El decreto instruye a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata en todo el territorio nacional con fines de juzgamiento penal.
La activación del estado de conmoción exterior se produce en un contexto de confrontación directa con Washington, luego de que Estados Unidos confirmara la detención de Maduro durante una operación militar. Aunque la posibilidad de declarar este régimen excepcional había sido anticipada meses atrás, el contenido definitivo del decreto fue actualizado tras los acontecimientos del último fin de semana.
Entre las disposiciones más relevantes, la medida establece la militarización de sectores estratégicos, incluyendo los servicios públicos, la industria petrolera y otras áreas clave del Estado. El personal que trabaja en estos sectores quedará temporalmente bajo régimen militar, reforzando el control de las Fuerzas Armadas sobre actividades esenciales.
El decreto también habilita al Ejecutivo a requisar bienes, suspender derechos como la reunión y la manifestación pública, y adoptar cualquier otra acción que considere necesaria para la defensa nacional. Aunque el texto sostiene que se respetarán derechos fundamentales como la vida y la libertad personal, reconoce de forma explícita la posibilidad de restringir garantías constitucionales durante su vigencia.
