24 febrero, 2021
EL GOBIERNO NACIONAL HARÁ UN MONITOREO EN TODO EL PAÍS
Con el escándalo de los vacunados VIP a nivel nacional y municipal, algunos gobernadores intentaron anticiparse al problema mediante medidas preventivas y amenazaron con represalias. En otros casos, ya hubo denuncias de opositores y revelaciones de los medios de comunicación. El gobierno nacional hará un monitoreo en todo el país.
El escándalo nacional por los vacunados VIP que le está ocasionando una crisis política al Gobierno de Alberto Fernández empieza a trasladarse a las provincias, donde ya habían surgido casos similares al que se destapó en el ministerio que conducía Ginés González García pero que se potenciaron en los últimos días y por eso algunos gobernados salieron a adelantarse con medidas y aclaraciones.
En Chubut el secretario general del Sindicato de Camioneros y ex diputado nacional, Jorge Taboada, reconoció que 15 trabajadores de la obra social y cinco dirigentes se aplicaron la vacuna Sputnik V en Comodoro Rivadavia, por las que incluso pagaron su aplicación, aunque argumentaron su desconocimiento de que aún no les correspondía. La Justicia ordenó allanamientos la semana pasada en la sede gremial y la obra social en Comodoro Rivadavia en la causa que investiga el faltante de 30 dosis de vacunas del COVID-19, hurtadas del Hospital Alvear de Comodoro. Por el caso está señalada una enfermera que tomó licencia psicológica. La Provincia hiz formalmente la denuncia y la Fiscalía investiga.
Pero el hecho no fue exclusivo del territorio de Mariano Arcioni. En el caso del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, éste reconoció públicamente la existencia de listas de vacunados vip en la provincia, enviadas desde clínicas privadas, y señaló que emitirá un decreto a nivel provincial para disponer la publicación periódica de todos los inmunizados contra la Covid-19.
«Ha habido algunas clínicas privadas que faltó que pongan hasta el perro y el gato para que se vacunen y han pasado las listas», ironizó Morales, quien afirmó que promoverá multas de hasta 1 millón de pesos para aquellos casos en los que no se haya respetado el orden de prioridad dispuesto.
«Quiero que se publiquen las listas de los vacunados y lo dispongo acá», expresó el mandatario jujeño al dar a conocer el decreto ya firmado, que enviará para su ratificación en la Legislatura.
Y anticipó: «El máximo de la pena para las multas llegarán hasta el millón de pesos».
En tanto, en La Rioja, se conoció que al menos seis integrantes del gabinete de la gobernación se vacunaron contra el Covid-19 bajo la categoría de «personal de salud», según denunció el bloque de diputados de Juntos por La Rioja, opositor al gobierno de Ricardo Quintela.
Los legisladores opositores indicaron que, en total y de acuerdo a lo planteado por los propios trabajadores de la salud que intervienen en el operativo, se habría vacunado de manera irregular a unas 1000 personas.
En la Provincia de Buenos Aires, un legislador y una abogada de Cambiemos presentaron una denuncia contra el ministro de Salud, Daniel Gollán, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario y malversación de caudales por haber permitido que “funcionarios y civiles que no se encontraban en grupos de riesgo prioritario” hayan accedido a una dosis de la vacuna Sputnik V.
Según el senador provincial Juan Pablo Allan y la abogada Florencia Arrieto hay un listado de por lo menos 13 episodios irregulares registrados en la provincia de vacunación por fuera de los parámetros establecidos por el propio ministerio.
Mencionan a cinco funcionarios y un dirigente gremial de Quilmes; un contratado del municipio de Berisso; directivos de Navarro, los 18 militantes de Chivilcoy, un integrante del Movimiento Evita, el ex intendente de Navarro (Santiago Maggiotti) y al dirigente de La Cámpora y ex candidato a intendente de Saliqueló, Ignacio González.
En Santa Fe, aseguran que el Ministerio de Salud admitió que se vacunó a decenas de encuestadores del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). La ministra Sonia Martorano, entrevistada con LT10, dijo que ese episodio “fue detectado” y reconoció que se trató de una situación “irregular”.
«20 dosis en Rosario y 10 en la ciudad de Santa Fe se desviaron del sistema de Salud y se utilizaron para inmunizar a empleados del Ipec», según el diario El Litoral.
Además, en el interior de la provincia también hay denuncias. Una de ellas contra el intendente de la ciudad de Funes, Rolvider Antonio Santacroce (Frente de Todos), de 53 años, quien admitió que se vacunó contra el COVID-19.
En la provincia de Salta ya se conoció la vacunación de periodistas, dirigentes sociales y hasta una diputada provincial. Respecto a ello, el gobernador Gustavo Sáenz afirmó que “si hay gente que se vacunó y no le correspondía deberá asumir las responsabilidades”.
En Formosa, aseguran que “hijos de funcionarios y jueces camuflados recibieron la Sputnik”, según el diario El Comercial.
“En la ciudad de Formosa, las fotos de funcionarios militantes vacunándose corrió la misma suerte que a nivel nacional. Se viralizaron para desatar el enojo de muchos, al entender que las prioridades en la aplicación de la vacuna, están realizadas para proteger a grupos de riesgo y no para disponer de manera discrecional a funcionarios del gobierno de la provincia”, aseguró ese medio.
Santa Cruz fue una de las primeras en entrar en la polémica. Las denuncias abarcan desde intendentes, sus familiares y hasta un diputado nacional inmunizado.
El ministro de Salud provincial, Claudio García, informó sobre la marcha del plan de vacunación y señaló que se habló “de las irregularidades que se produjeron” el interior de la provincia.
El manejo discrecional de las vacunas y el intercambio de favores para lo que se habrían utilizado los «vacunatorios VIP» no sólo han generado indignación en la sociedad, por sentir que se estaría lucrando con la emergencia sanitaria y sobre todo la confianza pública, sino que está provocando una caída en picada de la imagen de los oficialismos en todo el territorio nacional.
*U24, NA, DC
