21 mayo, 2023
Para el juez federal de Zarate Campana, Adrián González Charvay, la información financiera aportada por el Tesoro de los Estados Unidos, es concluyente. Con el accionar delictivo se pone en riesgo las operaciones y el trabajo de 700 empleados.
Sin los acuerdos de intercambio de información fiscal que tiene Argentina con Estados Unidos, no habría sido posible que el juez federal de Zarate-Campana, González Chavay y el juez nacional en lo Penal Económico Nª 2, Pablo Yardarola, avanzaran en una investigación por contrabando agravado contra los directivos, accionistas de NRG Argentina y una despachante de aduana a los que se considera responsables de sobrefacturar importaciones provenientes de Estados Unidos.
La tentación por ganancias fáciles a través de mecanismos financieros abonados por la creciente brecha cambiaria se tradujo en una maniobra de sobrefacturación de importaciones que, al ser descubiertas por las autoridades aduaneras, ponen en riesgo la inversión millonaria realizada por los accionistas de la empresa y los más de 700 puestos de trabajo en un área de vital importancia económica para el desarrollo del país como es la cuenca de gas no convencional de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén.
Los directivos de la compañía NGR Argentina habían sobrefacturado importaciones provenientes de Estados Unidos por U$S 83 millones. La mercadería consistía en “maquinaria pesada para el montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas utilizadas para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas de Vaca Muerta”.
Las maniobras financieras y delictuales que, presuntamente, realizaron los acusados, consistían en retornar los dólares sobrefacturados obtenidos a valor oficial para, luego, venderlos a precio legal del Contado con Liqui, haciendo un negocio con la diferencia entre ambas cotizaciones.
El denominado Contado con Liqui es una herramienta que permite a las personas físicas y a las empresas cambiar pesos por dólares en el exterior mediante la compra y venta de acciones o títulos de deuda.
En ese punto, los investigadores judiciales contaron con la información que llegó desde el extranjero por el acuerdo con los Estados Unidos.
Con los datos norteamericanos se pudo reconstruir la ruta del dinero y determinar que uno de los socios de NRG Argentina era a su vez apoderado de una cuenta bancaria ligada al directivo de la compañía arenera, Pablo Marull, desde la cual se autorizaron giros por USD 43 millones que retornaron a la Argentina mediante sociedades de bolsa donde se liquidaron a valores de Contado con Liquidación (CCL) para realizar la diferencia cambiaria.
El ejecutivo Pablo Marull tenía además una relación comercial no declarada con Oscar Güercio, presidente de NRG Argentina y su único cliente, vía una Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS) llamada MARDG, según funcionarios de la división Análisis y Selección de Importación de la Aduana que conduce Guillermo Michel y que fue el denunciante original de la maniobra de fuga de capitales.
El fallo del juez federal Charvay que impuso un embargo de cinco mil millones de pesos y los procesamientos sin prisión preventiva para los empresarios Oscar Dario Guercio, Damián Strier, ambos de NRG; y Pablo Marull, director de Marull Heavy Equipment LLC, proveedora de la mercadería, confirma el daño realizado a las reservas del Banco Central en un momento y un contexto financiero del país, en el que cada dólar cuenta.
«La operatoria de contrabando de importación agravada investigada y su consecuente perjuicio a las arcas del Estado Nacional, les habría permitido obtener a los encausados, al tipo de cambio oficial, la suma de U$S 92.339.773, que luego fueron girados al exterior, ello en base a la presentación de documentación falsa».
Además, los acusados «…impidieron, mediante la presentación de documentación falsa, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones, en un total de 24 operaciones», entre el 29 de junio de 2020 y el 8 de abril de 2022 a través de las aduanas de Campana y San Antonio Oeste.
La nueva fiebre del oro se trasladó a Vaca Muerta, una formación geológica de shale situada en la cuenca neuquina en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza y cuya extensión alcanza los 30.000 metros cuadrados, y desde que comenzó su explotación ha comenzado a cambiar la matriz energética nacional a partir de la producción de petróleo y gas no convencional.
Sin embargo, esa bonanza que viven todos aquellos relacionados con empresas que trabajan en la cuenca, se ve amenazada en el caso de los 700 trabajadores de NRG Argentina que están pendientes de los próximos pasos de la justicia en la causa en que se acusa a sus directivos de contrabando agravado.
La acusación por defraudación pone en riesgo el futuro de las operaciones de una compañía que inauguró su planta en el Parque Industrial Norte de la localidad rionegrina de Allen donde se emplazó luego del rechazo de las autoridades de General Roca donde intentaron, en un principio, tener su planta de operaciones.
La inversión de 200 millones de dólares fue autorizada en noviembre de 2021 por el municipio de Allen que le otorgó 140 hectáreas a cambio de obras de saneamiento y electricidad en el territorio.
La autorización para comenzar a operar llegó en el preciso momento en que se produjo un incremento de la productividad hidrocarburífera en Vaca Muerta luego de los meses de inactividad por la pandemia de Covid-19.
La firma cuestionada e investigada por la Aduana comenzó a abastecer de arena a algunas petroleras de la formación instaladas previamente a la pandemia.
A pesar de las desavenencias judiciales, en la actualidad opera con cerca de 700 empleados y una capacidad de producción mensual de más de 60.000 toneladas del insumo que es clave para las fracturas hidráulicas con la que se completan los pozos de Vaca Muerta.
Los problemas con las autoridades comenzaron antes de la acusación aduanera por contrabando agravado.
La Justicia de Faltas de Cipolleti en Río Negro, le había clausurado un predio porque la empresa estaba realizando tareas en un terreno no autorizado para tal fin.
Cronistas de Río Negro recordaron que la clausura fue polémica porque personal de la empresa no permitió el ingreso de los inspectores municipales al predio. A pesar de esta mala actitud hacia los funcionarios de control los directivos de la empresa terminaron por admitir el error de no solicitar permiso a las autoridades de Cipoletti para utilizar el predio como un depósito.
El problema de estas horas para los directivos acusados es que la falta no podrá resolverse con un pedido de disculpas. Una diferencia de 83 millones de dólares es una brecha insalvable para la administración nacional que decidió actuar ante el abuso de la fuga de divisas y el deterioro evidente de las reservas del Banco Central.
*NA/ by Antonio D´Eramo
