11 enero, 2026
Escribo indignado y tal vez con mucha bronca. No es lo deseable, pero es lo que aflora. Sin esquivar la atención global me indigna la desidia frente a la emergencia local.
Por Sergio Marcelo Mammarelli*
Parece que cayó Maduro. O lo hicieron caer. O lo cazaron, como quien atrapa un narco en la selva. Pero esto no es Colombia, es Venezuela. O al menos lo era, hasta que Donald Trump decidió que el sur también puede ser su patio trasero. Captura quirúrgica, dicen en Washington. Golpe encubierto, dicen en Caracas. Restauración de la democracia, dicen los voceros. Violación obscena del derecho internacional, responden desde Naciones Unidas.
Confieso de antemano mi absoluta ignorancia para poder realizar un editorial como analista internacional. Sin embargo, aquí mi posición se reduce a un simple espectador inquieto, preocupado, que reacciona ante los hechos intentando delimitar mi ansiedad por el futuro.
La operación estadounidense fue quirúrgica en su despliegue y brutal en sus implicancias. Equipos de fuerzas especiales ingresaron a Venezuela bajo un manto de “legalidad selectiva” para capturar al Presidente Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo por la justicia federal norteamericana. Lo trasladaron a Miami y luego a Nueva York, donde ahora enfrentará un proceso judicial más político que jurídico, mientras el gobierno estadounidense se autoerige como el restaurador de la libertad hemisférica. Pero ¿de verdad se trata de eso?
Detrás de la narrativa humanitaria se esconde una lógica imperial clásica: eliminar al enemigo sin esperar su rendición. No hay mediaciones diplomáticas, ni organismos multilaterales con rol relevante. Solo un nuevo ejemplo de unilateralismo militar bajo la justificación de la seguridad global. La misma que invadió Irak, intervino en Libia y desangra el Sahel con drones.
Maduro cayó, pero el régimen chavista, como estructura de poder, no se evaporó. La Vicepresidenta Delcy Rodríguez fue proclamada Presidenta Interina por un Tribunal Supremo convenientemente alineado. Las fuerzas armadas mantienen su cohesión, los vínculos con Irán, Rusia y China no se han disuelto y en las calles reina más incertidumbre que esperanza. En otras palabras: el cuerpo fue extraído, pero el virus sigue circulando.
Mientras tanto, la comunidad internacional ofrece reacciones predecibles sin darse cuenta de algo patético: el derecho internacional ha muerto. Algunos gobiernos latinoamericanos aplauden tímidamente, otros callan por temor o conveniencia. Europa observa con preocupación, pero sin músculo geopolítico real. China y Rusia condenan con fuerza, no tanto por principios sino porque el precedente les resulta incómodo. ¿Quién será el próximo líder “extraditable” por razones humanitarias?
Lo que se despliega ante nuestros ojos no es una transición democrática, sino una reedición de la doctrina Monroe en versión siglo XXI. Estados Unidos ha dejado en claro que su hegemonía regional no está en discusión y que las reglas del juego las impone quien tiene más drones, no quien invoca más tratados. La soberanía, en este escenario, es un privilegio condicionado.
Este episodio nos deja una pregunta más amplia: ¿estamos frente a una nueva arquitectura mundial basada en esferas de influencia y patrones regionales de poder? El modelo se perfila con claridad: Estados Unidos actúa en América Latina como gendarme, Rusia consolida su posición en Ucrania, China avanza sobre el Pacífico y amenaza con Taiwán. Europa, mientras tanto, juega al equilibrista entre la OTAN, el euro y la irrelevancia estratégica.
¿Y América Latina? Pocas veces tan periférica como hoy. La captura de Maduro no fue posible sin información de inteligencia regional. Algunos gobiernos colaboraron activamente. El silencio posterior es más ruidoso que cualquier condena. Nadie quiere estar del lado del próximo extraditable. En esta lógica, las democracias del sur no se fortalecen: se disciplinan.
La pregunta de fondo, entonces, no es si cayó un dictador, sino qué tipo de mundo estamos consolidando. Uno donde los conflictos ya no se resuelven con diplomacia, sino con comandos especiales. Donde el derecho internacional es una herramienta optativa y en desuso. Y en ese tablero, la posmodernidad tecnológica juega su parte. Las guerras ya no solo son territoriales: son comerciales, cibernéticas, informacionales. Estados Unidos captura a Maduro con la misma lógica con la que sanciona a Huawei o bloquea chips a China. El enemigo no es solo quien desafía al orden con misiles, sino quien lo hace con algoritmos o criptomonedas.
La Pax Trumpiana, entonces, no es un orden estable, sino un sistema de imposiciones puntuales: el que se mueve, no sale en la foto. La democracia no se exporta, se impone. La justicia no se aplica, se administra. Y la libertad, esa palabra tan manoseada, se reparte según el mapa del litio, del petróleo o de las rutas migratorias.
¿Estamos más cerca de un nuevo equilibrio o de un desastre global? Quizá de ambos. Lo cierto es que el mundo posterior a la captura de Maduro no es más justo ni más libre. Solo es más explícito en su crudeza. Y si algo aprendimos de la historia, es que cuando las potencias actúan sin contrapesos, el desastre no es una posibilidad, sino una etapa.
Mientras tanto, en el rincón austral del mapa, la Argentina asiste al show con la pasividad de quien mira Netflix un domingo a la noche. Javier Milei aplaude con entusiasmo quirúrgico: ve en Trump no solo un aliado estratégico, sino un modelo a seguir. Sueña con una internacional de derechas donde los tanques vengan con banderitas libertarias. Cree que la caída de Maduro es el primer capítulo de su anhelada cruzada anticomunista continental. Del otro lado, el Peronismo repite los mismos comunicados de siempre, con la misma solemnidad desconectada de la realidad. Voces viejas, gestos conocidos, y una narrativa que ya no interpela ni a los propios. En el fondo, la política argentina no interpreta el mundo: lo mira pasar, como quien espera que el próximo patrón también les dé un lugar en la foto.
Lo de Venezuela es apenas una señal. La guerra de posiciones ya comenzó. Y esta vez, ni siquiera preguntaron.
Mientras el mundo discute a Maduro, las nuevas reglas del orden internacional y el tablero geopolítico que reacomodan las grandes potencias, en el extremo sur de la Argentina, en mi querida Chubut, lejos de las cámaras, de los discursos altisonantes y de la indignación selectiva, la cordillera patagónica vuelve a arder.
En Chubut, focos activos de incendio forestal siguen descontrolados, obligando a evacuaciones y movilización de brigadistas en zonas como Puerto Patriada y alrededores del departamento de Cushamen. La región enfrenta la sequía más grave de la última década, con incendios fuera de control en distintos puntos de Río Negro y Chubut. En diciembre pasado un incendio masivo consumió más de 1.500 hectáreas de bosque nativo en la reserva El Turbio, junto al Parque Nacional Lago Puelo.
Durante la temporada anterior (2024-2025) más de 150.000 hectáreas se perdieron por incendios en todo el país, con extensos daños en bosques andino-patagónicos. Organizaciones como Greenpeace han advertido que los incendios forestales en Neuquén, Río Negro y Chubut constituyeron “los peores de las últimas tres décadas”, afectando parques nacionales y ecosistemas frágiles.
En El Hoyo, en Chubut, como en otros veranos recientes, el fuego avanza sobre bosques nativos, obliga a evacuar familias, destruye fauna, viviendas, paisaje y futuro. Y, sin embargo, casi nadie mira. Casi nadie habla. Casi nadie se inmuta.
No es solo un incendio. Es una postal repetida de nuestra decadencia silenciosa. Porque lo verdaderamente alarmante no es el fuego, sino la naturalización del desastre. La resignación social ante la pérdida. La aceptación tácita de que cada verano algo se quema y nadie paga el costo político de esa tragedia. Como si los bosques nativos fueran descartables. Como si la Patagonia fuera un paisaje remoto, útil para el turismo de catálogo, pero prescindible a la hora de las decisiones.
Esta escena expone una de las formas más refinadas, y más peligrosas, de la estupidez contemporánea: la obsesión por los grandes conflictos globales combinada con un desprecio absoluto por lo propio. Discutimos con pasión sobre Venezuela, Ucrania o Medio Oriente, opinamos con fervor sobre democracia, autoritarismo y derechos humanos, pero toleramos sin escándalo que falte prevención, inversión, planificación y control en nuestro propio territorio. Miramos el mundo para no mirarnos al espejo.
Estos incendios no son una fatalidad climática ni un castigo divino. Son el resultado de decisiones políticas o de su ausencia: presupuestos recortados, planes de manejo del fuego incompletos, improvisación, descoordinación y una lógica de Estado que siempre llega tarde. El fuego no es inevitable; la desidia sí.
Por todo esto, no puedo dejar de advertir en este editorial, la contradicción más obscena: un país que pretende opinar sobre el orden internacional mientras no es capaz de imponer un orden mínimo puertas adentro.
¿Con qué autoridad moral discutimos la democracia ajena si somos incapaces de proteger nuestra tierra? ¿Qué sentido tiene hablar de soberanía si dejamos que se queme, año tras año, uno de los territorios más valiosos que tenemos?
Tal vez el problema no sea que pensemos el mundo, sino que lo usemos como excusa. Excusa para no asumir responsabilidades. Excusa para evitar el debate incómodo sobre nuestras prioridades reales. Excusa para reemplazar la política concreta por el comentario grandilocuente. Porque mientras discutimos quién manda en el planeta, la Patagonia se quema. Y nadie pierde un voto por eso. Ese es, quizás, el dato más brutal de todos: la tragedia ambiental no conmueve, no ordena agendas, no define campañas. El fuego no cotiza en encuestas. Y cuando una sociedad deja de indignarse por lo que se quema bajo sus pies, empieza a aceptar, sin saberlo, que también puede quemarse su futuro.
