19 abril, 2024
La actual gestión de Securitas denunció a exejecutivos. Se investigan hechos entre 2012 y 2018. Hay 9 detenidos.
La empresa de seguridad privada Securitas reconoció ante la Justicia que pagó coimas millonarias a representantes de organismos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). Según argumentó, los hizo para no perder contratos y para cobrar servicios que les debían. Hay nueve detenidos.
También pagó para que le agilizara trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y los pusieran en alerta sobre posibles inspecciones, según la causa.
El expediente lo manejan la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el fiscal federal Fernando Domínguez. Según consignó el diario La Nación, en las últimas horas se desplegaron más de 50 allanamientos y hubo 9 sospechosos detenidos, todos exdirectivos de Securitas Argentina SA.
La investigación comenzó a partir de las denuncia de representantes de la propia empresa, que sostuvieron que un grupo de exdirectivos de la compañía «abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban».
Entre los organismos públicos y empresas en las que la Gendarmería Nacional, por orden judicial, hizo procedimientos figuran el Ministerio del Interior (Renaper); Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Senasa); Secretaría de Transporte de la Nación (AA2000); Secretaría de Obras Públicas de la Nación (AySA) y el Ministerio de Seguridad (Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval, Agencia Nacional de Materiales Controlados).
Se agregan el Ministerio de Defensa (Contaduría General del Ejército); Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada y Registro Provincial de Armas); Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Entre Ríos (Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Policía de Entre Ríos); Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos (Enersa) Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina (Petrolera del Cono Sur – Pdvsa)
En el momento de la denuncia, Securitas Argentina SA era filial de Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en Estocolmo, Suecia.
En la actualidad, la filial local pertenece a una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano. Fuentes de la investigación sostienen que la actual gestión no tiene ninguna relación con los «pagos indebidos».
Los hechos investigados configuran delitos de como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Habrían ocurrido entre 2012 y 2018, es decir durante dos períodos de gobierno, el segundo de Cristina Kirchner y el de Mauricio Macri.
En la investigación colaboran la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Los detenidos fueron identificados por fuentes judiciales como Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare, Marcelo Tortul, Claudio Tortul, Alberto Alesci, Julio Terrado y Carlos Rinaudo. Todos ocuparon cargos gerenciales en la empresa.
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