2 septiembre, 2020
Por Trivia Demir
Esta semana se festejó el pedaleo de una parte de la deuda argentina como si se hubiera tratado de un gol de media cancha de la ‘Pulga’. Tal vez porque términos como ‘canje’, ‘reestructuración’, etc suena más amigable en la cabeza del pueblo pagador. Y también más digerible el ‘triunfo’ sobre la nada misma, que es la dependencia externa.
Por eso para entenderlo mejor no se puede perder de vista algunos datos duros. Como por ejemplo que la deuda pública argentina total alcanza los US$ 323 mil millones, bastante más de lo que se logró canjear que representa un poco más del 20%, según los últimos datos del Ministerio de Economía de marzo último. Esa deuda gigantesca representa el 90,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Es decir, para que se entienda bien, nuestro país debe el 90% de lo que produce en todo un año.
De estos US$ 323 mil millones que se deben, el 41% el Estado nacional se lo debe a otras agencias del Sector Público (este es el caso de provincias u organismos como la ANSES que poseen bonos del Estado nacional, por lo que se considera más fácil de negociar), mientras que casi el 37% de la deuda pública está en manos de privados (como pueden ser empresas o fondos de inversión nacionales o extranjeros) y el 22% restante corresponde a organismos multilaterales y bilaterales (principalmente el Fondo Monetario Internacional -FMI-, aunque también hay deuda con otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-).
Ahora bien, el ‘gol de media cancha’ que metió Guzmán, que tiene un altísimo valor porque de otro modo otra sería la historia inmediata, representa sin embargo apenas un 22% de descuento en lo que se puede considerar un partido en el que se está perdiendo por goleada.
Cada vez que asume un nuevo presidente, los argentinos escuchamos la misma expresión: «la pesada herencia». Es un eufemismo que utilizan los gobiernos para resumir los problemas económicos que heredan de la administración anterior. Sin embargo, representantes del macrismo afirman que ellos debieron buscar financiamiento para pagar «la fiesta kirchnerista», es decir, el alto gasto público que generó un fuerte déficit fiscal durante la administración populista anterior.
En otras palabras, se trata de «la pesada herencia, de la pesada herencia, de la pesada herencia…». Una rueda casi karmática que ejecutan los gobiernos de turno y termina pagando el propio pueblo, y donde siguiendo un poco la historia, se infiere que nadie puede tirar la primera piedra en esta materia (o tal vez el finado Néstor, que tampoco puede).
En el caso del actual mandatario, Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, debieron ponerse a negociar ni bien asumidos con los acreedores, para ver cómo afrontan los más de US$320.000 millones que se le deben a bonistas, organismos de crédito y agencias del sector público.
Este proceso se puede decir que llegó en una mínima parte a buen puerto, tras el canje logrado con los bonistas en un 93,7% esta misma semana, y que por cláusula automática se extendió al 99%.
Ahora tras el acuerdo con los bonistas, el próximo gran paso será acordar con el FMI ya que entre los principales acreedores de la Argentina está el Fondo Monetario Internacional, que entre 2018 y 2019 le entregó al gobierno anterior, liderado por Mauricio Macri, uno de los préstamos más grandes de su historia, por más de US$44.000 millones.
Tanto Alberto Fernández como Martín Guzmán mantienen buena relación con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, de quién destacaron su apoyo en la renegociación de deuda con los bonistas en moneda extranjera. Sin embargo, hay fuertes indicios que ese apoyo se debió a un interés particular en cobrar la propia acreencia, evitando el default que se preveía.
Por lo que ahora se vendrá la negociación dura que el propio Guzmán prevé que se defina recién el año que viene, y en la que ya advierten los expertos que “Dentro de los marcos del estatuto del FMI, para países como Argentina está descartado que haya una quita de deuda”.
En febrero pasado, una delegación del FMI estuvo en el país. Ese mes el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo ante el Congreso que Argentina quiere honrar sus deudas pero por ahora no puede.
Por su parte, el FMI afirmó en ese momento que la deuda pública de Argentina no es sostenible, por lo que los acreedores privados de la misma deberán hacer una «contribución apreciable» para subsanar este problema. Un espaldarazo que ayudó al reciente canje.
Lo cierto es que si bien es indudable que Argentina atravesó un ciclo de fuerte endeudamiento durante el gobierno de Macri, los problemas no empezaron con él, ni tampoco con el gobierno K.
Argentina tiene una larga historia de endeudamiento. El primero que pidió un préstamo en moneda extranjera fue Bernardino Rivadavia, entonces ministro de Gobierno de Buenos Aires. Fue en 1824, cuando Argentina todavía ni siquiera se llamaba así, sino las Provincias Unidas del Río de la Plata.
El país tardó más de un siglo en poder cancelar esa deuda con la Baring Brothers de Inglaterra por 1 millón de libras esterlinas (de las cuales, tras una serie de deducciones, solo recibió la mitad).
En el ínterin, los sucesivos gobiernos continuaron endeudándose. En 1880 la élite gobernante, conocida como la «Generación del 80», casi triplicó la deuda extranjera, que pasó de 14 a 38 millones de libras.
Ya no solo se le debía a los ingleses, sino también a los franceses y alemanes. La espiral ascendente continuó. Con la llegada del siglo XX, Argentina debía 78 millones de libras.
Pero las crisis económicas que han aquejado a Argentina en las últimas décadas, y que en 2001 llevaron al país a declarar el mayor default en la historia en ese momento, tuvieron su origen después de la Segunda Guerra Mundial.
Los historiadores apuntan a dos factores que, combinados, resultaron fatídicos: la llegada de los militares al poder y la creación de los organismos multilaterales de crédito.
Si bien el gobierno de Juan Domingo Perón se rehusó a formar parte de los flamantes FMI y Banco Mundial en los años de posguerra, los militares que lo sacaron del poder a mediados de la década de 1950 firmaron el ingreso argentino a ambos organismos.
Durante los tres años que gobernaron, la deuda creció de US$57 millones a más de US$1.000 millones (es decir, se multiplicó por 18). Y las cosas empeorarían aún más con el regreso de los militares en los años ’60 y ’70.
El FMI no solo le prestó dinero a estos gobiernos de facto, también empezó a tener injerencia en las decisiones económicas argentinas. En solo dos décadas, Argentina pasó a deber 40 veces más.
Cuando la democracia finalmente regresó de forma definitiva, en 1983, el país arrastraba sólo con el FMI una deuda de más de US$44.000 millones. Lo mismo que debe afrontar hoy el gobierno de Alberto Fernández 37 años después.
En aquel momento el presidente Raúl Alfonsín debió afrontar un default ante la imposibilidad de repago a los acreedores externos. El enorme peso que suponía esta carga fue uno de los principales motivos que llevaron a Argentina a un colapso económico en 1989, obligando a Alfonsín a dejar el poder de forma anticipada.
Un anticipo del sesgo dependentista que marcaría a fuego la democracia nacional hasta la fecha, siempre condicionada externamente.
Lejos de solucionar el problema de la deuda, el sucesor de Alfonsín, el peronista de derecha Carlos Menem, llevaría al país por otro período de endeudamiento en la década de 1990.
Para contener una «hiperinflación», Menem decidió fijar la paridad de la moneda local, el peso, al dólar estadounidense. Esto logró frenar el alza de precios, pero la fuerte demanda por billetes verdes se tornó insostenible.
Así, se agudizó un problema que, según el economista Eduardo Levy Yeyati es «el talón de Aquiles de Argentina»: la llamada restricción externa (o falta de acceso a divisas).
«En los años ’90 se nos ocurrió a los argentinos que un peso valía un dólar, y como no podíamos vivir con los dólares que había, porque no producimos dólares ni tampoco teníamos posibilidad de emitirlos, entonces pedíamos dólares a granel prestados. La deuda se triplicó y superó los US$150.000 millones», afirma el experto.
El sucesor de Menem, Fernando de la Rúa, de la Unión Cívica Radical (UCR), duró apenas dos años en el poder antes de que un nuevo colapso de la economía lo obligara a renunciar, en medio de violentas protestas, debiendo salir de la Rosada en helicóptero rumbo al olvido.
Diez años más tarde, De la Rúa señaló que la gota que derramó el vaso había sido la decisión del FMI de suspender un préstamo acordado con Argentina, en una especie de terapia y catarsis nacional obligada.
Sin embargo, representantes del organismo defendieron la decisión, señalando que el país debía poner sus finanzas en orden para seguir recibiendo ayuda.
En 2001 Argentina declaró lo que, en su momento, fue el default soberano más grande: casi US$145.000 millones. Cuando se puso fin a la paridad con el dólar y se pesificaron los depósitos bancarios, el peso se derrumbó, perdiendo tres cuartos de su valor frente a la moneda estadounidense.
La deuda en cesación de pagos pasó a representar más del 160% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sería el fallecido Néstor Kirchner el único que pagó la deuda con el FMI en 2005, poniendo fin a las auditorías del organismo en Argentina. Pero a pesar del tremendo impacto que tuvo la crisis -que sumió a la mitad de la población en la pobreza- el país logró repuntar en poco tiempo.
Aunque el encargado de la gran tarea fue su Ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien impulsó la recuperación económica posiblemente única en este siglo, y el que logró en sus años de gestión, que el producto interno bruto (PBI) argentino creciera a más del 8% interanual. Fue también el artífice del levantamiento del corralito en el año 2002.
La fuerte devaluación del peso tuvo una contracara positiva: hizo que los productos de exportación argentinos se tornaran muy competitivos. Eso, sumado al precio récord de las materias primas, llevó a un boom comercial que fue aprovechado por el gobierno de Néstor Kirchner que duró un solo mandato.
Dos años más tarde, merced al impecable trabajo de Lavagna, con esa tasa de crecimiento cercana al 8%, Kirchner logró acordar con el 76% de los acreedores de Argentina, y reestructuró gran parte de la deuda.
También realizó un gesto de fuerte valor simbólico: pagó toda la deuda con el FMI (US$9.800 millones), poniendo fin a la injerencia de ese organismo en el país.
Su sucesora y esposa -Cristina Fernández de Kirchner, reabrió la negociación con los tenedores de bonos en 2010, aumentando la cantidad de deuda reestructurada al 93%. Sin embargo, hubo un 7% -los llamados «holdouts», que consistían principalmente en «fondos buitres»- que no aceptaron la quita ofrecida por Argentina.
Por ese motivo, la gestión de Cristina no tuvo acceso al mercado de capitales durante sus ocho años de gobierno, acudiendo a otras fuentes de financiación, como su aliado Hugo Chávez de Venezuela, de donde recibió generosas tasas, por encima del 10%, el doble de lo que ofrecía el FMI.
En vez de acudir a organismos como el FMI, Cristina Kirchner optó por financiarse con préstamos de Venezuela, que eran más caros pero venían sin ataduras. Sin embargo, siempre se dependió de préstamos externos.
Durante el kirchnerismo (2003-2015) la deuda nominal de Argentina siguió aumentando: de unos US$180.000 millones a más de US$240.000 millones.
No obstante, su peso real sobre la economía se redujo drásticamente, llevando a la expresidenta a afirmar que habían «desendeudado» al país. Esto se basaba en dos cosas: primero, que la relación entre deuda y PIB bajó muchísimo, reduciéndose al 52%. Pero además, la proporción de deuda en dólares se achicó y empezó a haber más deuda en moneda local (en 2001 solo el 3% de la deuda era en pesos, para 2015 representaba casi un tercio del total).
Todo eso se revirtió con la llegada de Mauricio Macri de neto corte liberal. Apenas asumió, Macri acordó pagarle a los «holdouts», reabriendo el camino de Argentina al crédito «normal».
Y por supuesto, la deuda argentina volvió a dispararse. Para el final de su mandato, superaba los USD320.000 millones. En relación al PIB, la deuda llegó a estar por encima del 90% en 2019, el último año de gobierno macrista.
También la composición de la deuda cambió (de forma perjudicial para el país): ahora cerca del 80% está en dólares. Y un quinto es con organismos internacionales, como el FMI.
De hecho, la decisión de emitir títulos de deuda en moneda extranjera -en un país con restricción externa- fue lo que llevó al gobierno de Macri a tener que pedir ayuda al «Fondo».
El ministerio de Economía reveló que cuatro de cada cinco de los dólares que le prestó el FMI se utilizaron para cancelar deuda pública en moneda extranjera. Aunque para Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se trata de dinero que fue «fugado».
De hecho, a través de su cuenta en Twitter, la exmandataria acusó al FMI de violar sus propios reglamentos, que le prohíben prestar dinero para financiar una salida de capitales. El portavoz del organismo, Gerry Rice, rechazó en su momento esas acusaciones, asegurando que no existió tal violación.
Como sea, hay que pagar más tarde o más temprano. Según lo que dijo Guzmán durante un informe ante el Congreso, «Argentina necesita primero crecer para poder pagar sus deudas». El ministro estimó que la economía argentina dejará de estar en déficit recién en 2023, el último año del gobierno actual.
Es por ello que la mayoría de los analistas considera probable que el país busque ahora postergar sus compromisos hasta entonces. En el medio, no será leve el ajuste que pretenda el FMI como es habitual en los países que logra someter con billetera. Una encrucijada de dependencia y capitulación financiera para el país, que parece no terminar nunca. Como la jácara interminable sobre el origen del huevo o la gallina, …y la deuda. Habrá que ver…
*NA; BBC; propias
