A lo largo de los años, con reclamos de por medio, los despedidos de varias firmas cobraron el dinero en forma de bonos de consolidación de deuda de esos papeles, pero quienes tomaron los retiros voluntarios entre 1990 y el 2000 de la ex Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba), hoy Edesur y Edenor; y la ex Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL), hoy Correo Argentino, no tuvieron la misma suerte.
El caso Correo
Pastrana trabajó 44 años en Correo. “De pantalón corto a cartero en Buenos Aires”, relató en diálogo a BAE Negocios desde Tucumán. En 1999 recibió una carta en la que la empresa, ya en ese momento manejada por el Grupo Socma de Franco Macri, le agradece “los años de trabajo y lo buena persona”, se anuncia que se había comenzado a “organizar el programa”, que constituyó “un hecho inédito” y que contemplaba una participación de los empleados de un 14% del total de la empresa, con el fin de “beneficiar a los trabajadores”.
“Nunca nos pagaron, ahí se cortó todo diálogo”, aseguró. Desde ese entonces, Pastrana se dedicó a juntar gente, viajó 14 veces a Capital Federal e innumerables veces a las provincias, sobre todo en el norte, a conocer las historias de sus compañeros que están en la misma situación. A la espera. “Hay gente pasándola mal. Una señora ex empleada de Correos en La Rioja necesita cobrar ese dinero para poder tener un ventilador, poner el piso en su casa, que es de tierra y arreglar el baño. Tiene una letrina”, contó.
Rosanna De Pascale es otra de las 20 mil personas de Correo que recibió la misma carta en 1999, cuando aceptó el retiro voluntario. Tampoco volvió a trabajar. “La más chica de mis nenas tenía siete meses. Me fui con cargo de supervisora y me dijeron en el Correo que podía volver, pero en un puesto más bajo y no me convenía, no me alcanzaba. No tenía con quien dejar a mis hijas”, detalló sobre esos años. En 2016 una compañera le dijo que había ido a una charla de Telefónica por los PPP, que los estaban pagando, pero a ellos no.
Decidió entonces acudir a la política. Todos los miércoles recorría los pasillos del Congreso, junto a Aurora Farias, Sandra Pereiro y Stella Macchiarolli y Cacho Muscatiello, a ver quién les abría la puerta. El primero en recibirlas fue Néstor Pitrola, del Partido Obrero. Luego las recibió Graciela Camaño, Facundo Moyano, Romina del Plá, Jorge Luis Gioja, Luis María Bardeggia y así con todos los colores políticos. Ese año supieron de los 16 mil ex trabajadores de Edesur y Edenor y se juntaron. Acordaron pedir un resarcimiento económico y llegaron a la cifra estimativa del equivalente a 60 mil dólares. Luego en los proyectos presentados en Diputados y Senadores desde 2019 el monto se tradujo a 2.520.000 pesos, ajustado por el índice de inflación que arroje el Indec al momento de tratarse la iniciativa.
El caso Segba
JG (cuya identidad es preservada) se fue de Segba en 1994 también con retiro voluntario, tras la privatización en 1992. En la empresa eléctrica era supervisor, coordinaba un grupo de ocho personas y juntos hacían la facturación de grandes clientes: ministerios, Subte, empresas. Después de perder su trabajo estuvo seis meses desempleado y luego retomó rumbo. En esos años, enviudó cuando su bebé tenía sólo cuatro meses y se lo pasó “trabajando de lo que sea”.
El caso de Segba empezó un poco diferente: “Con la ola de despidos y retiros los estudios de abogados empezaron a hacer juicios, hasta que la Justicia les dijo que no les correspondía. Nosotros, unas 1800 personas y yo, hicimos al revés. Perdimos cuatro años con un reclamo administrativo y cuando la Justicia dijo que nos correspondía empezamos a pedir la actualización de los intereses”.
Cuando tuvieron la sentencia favorable, juntaron a las 16.000 personas que se habían ido con retiro voluntario. A los trabajadores de la ex Segba sí se les dio el certificado de tenencia de las acciones, del 10% que les correspondía por el PPP. “El tema fue que a vos te decían que tenías que comprar los papeles. Y cuando la empresa y el gremio se dio cuenta que no les convenía, porque con el certificado había una correspondencia, dejaron de entregarlos y las acciones fueron a un fondo de recompra. Así, las repartieron entre los trabajadores que estaban en actividad aún, y nosotros nos quedamos sin nada”, especificó.
Los certificados decían que las acciones estaban guardadas en el Banco Nación, pero al llegar a la entidad bancaria la respuesta fue para todos igual: no había registros de tenencia alguna. “Nunca vimos ni la plata ni los papeles”, advirtió. Y remarcó: “Los PPP eran una dádiva a los trabajadores para que la gente se quedara tranquila, no protestaran por la privatización y aceptara el retiro voluntario, con una cierta cantidad de plata”.
El proyecto vigente
En 2019 la senadora por Río Negro del Frente de Todos Silvina García Larraburu presentó dos proyectos de ley, Nº S66/21 (Correos) y S67/21 (Segba). Tras perder estado parlamentario por falta de tratamiento, este año volvió a presentarlos y se giraron en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación de Trabajo del Senado a la espera de ser discutidos.
Según pudo saber BAE Negocios, las iniciativas cuentan con las adhesiones de siete senadores: Jorge Taiana; Victor Zimmermann; María Inés Pilatti Vergara; Silvia del Rosario Giacoppo; Antonio José Rodas y Norma Durango.
La senadora consideró que la cifra de 2.520.000 pesos de resarcimiento económico pedida no puede “borrar años de angustia, padecimiento económico” pero que es “una pequeña reparación que podemos hacer como Estado y sociedad por no haber impedido el desguace de lo público”. Consultada sobre la posibilidad de un avance durante 2021, García Larraburu contestó que el tratamiento es “complejo” en medio de “una de las crisis sanitarias más complejas de la historia moderna”.
“La pandemia trae aparejadas un sin número de consecuencias inmediatas, y otras a largo plazo que debemos resolver por el bienestar del conjunto de la sociedad. Este proyecto se presentó por primera vez hace dos años, en un contexto de relativa normalidad. Ahora la urgencia es preservar la salud de los argentinos y reactivar la economía en favor de todos. Una vez que se den las condiciones, podremos retomar este debate”, subrayó.
Morir sin justicia
En los últimos 25 años, los representantes del reclamo, divididos en coordinadores de las distintas provincias, tocaron puertas de despachos, hicieron manifestaciones frente al Congreso, hablaron con los medios, con legisladores, con funcionarios. La gran mayoría de quienes hoy esperan lo que les deben tienen entre 60 y 70 años.
“En 2020 murieron muchos compañeros sin cobrar un centavo. Hay gente enferma, postrada en una cama, con deudas impagables, Alzheimer, que están esperando con esperanza algún tipo de respuesta. En plata, o en bonos de deuda. Estamos dispuestos a negociar”, contó De Pascale.
Mauricio Macri no los atendió. Le enviaron una carta al actual Presidente, pero fue desviada al Ministerio de Trabajo. Tanto los coordinadores de Segba como de Correo aseguraron que de todas maneras van a continuar caminando las provincias para conseguir adhesiones de senadores. “Me dicen Renault 12, soy viejo pero todavía ando”, se ríe Pastrana y aclara: “Voy a seguir exigiendo justicia por todos los que la están pasando mal y les corresponde el reclamo, hasta lo último”.
*BAEN
