18 enero, 2022
La protesta gremial continúa ante intento de cambiar la bandera de embarcaciones nacionales porque se encuentran con mayores costos en la Argentina que en otros países.
Se agrava la crisis en la marina mercante: fuga de barcos argentinos y una solución que no aparece
Los sindicatos de marítimos y patrones fluviales acataron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en el conflicto por el cambio de bandera de la embarcación Piray Guazu a Paraguay, pero advirtieron que mantendrán activos los reclamos e insistieron en la necesidad de contar con una marina mercante nacional.
El conflicto comenzó el 31 de diciembre pasado, cuando el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) rechazaron en conjunto el intento de la empresa Maruba de cambiar la bandera del buque empuje de la argentina a la paraguaya. Como medida de fuerza, se declararon en estado de alerta en todos los buques de Maruba -propietaria del Piray Guazu-, iniciaron una huelga e impidieron la zarpada. La queja gremial es porque los dueños de las embarcaciones nacionales solicitan permisos para cambiar la bandera porque se encuentran con mayores costos en Argentina que en otros países.
“La medida de fuerza es un reclamo genuino para preservar los puestos de trabajo, la soberanía de los ríos y el pabellón nacional, que es importantísimo para los argentinos, pero hay sectores que les molesta este tipo de reclamos. Acatamos la conciliación, pero seguramente vamos a delinear las medidas para seguir y no abandonar esta lucha”, afirmó Raúl Dardos, líder del SOMU.
Ante la amenaza de un paro nacional en toda la actividad, el domingo se dictó la conciliación obligatoria y el remolcador ya zarpó. En Corrientes subió la tripulación paraguaya. Maruba es una de las principales concesionarias del transporte de hidrocarburos a las usinas del AMBA. Sus buques tanque Nida Star, Tosna Star y Neva Star abastecen de combustibles a tres centrales termoeléctricas, pero por el reclamo gremial permanecieron amarrados en puerto. Esa medida generó preocupación en empresarios del sector energético. Por ese motivo, ayer se reunió por primera vez -y por separado- a la mesa para resolver problemas fluvio-marítimos.
«Hubo una reunión de trabajo. Se escuchó la posición de la empresa. También nos reunimos con los sindicatos y escuchamos a todos», dijeron fuentes oficiales. «Desde el Ministerio de Transporte se va a hacer todo, junto a los gremios, las empresas y todos los actores junto al estado para cuidar el sector», prometieron.
La pérdida barcos de bandera argentina se está profundizando porque no resulta una actividad rentable. Una empresa nacional tiene que pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el combustible, Impuesto a los Ingresos Brutos y otros gravámenes patrimoniales, además que el costo de la mano de obra local es más alto que el de Paraguay. Como consecuencia, de cada 100 buques que circulan por el Río Paraná hasta Asunción solo 3 o 4 son unidades exhiben la bandera celeste y blanca. Si los barcos no son de Paraguay, la mayoría son de Panamá o Costa de Marfil, que ofrecen condiciones más atractivas a las empresas para la contratación de personal. Además, un juicio laboral se resuelve en los tribunales del país de bandera.
“Una vez que obtenga su nuevo pabellón (el Piray Guazu) seguirá haciendo el mismo tráfico comercial que realizaba hasta ayer, pero con tripulantes paraguayos y tributando al país vecino”, reclamaron los sindicatos. Según estiman las empresas armadoras argentinas, con esta fuga de buques nacionales se pierden entre u$s 5.000 y u$s7.000 millones al año en fletes.
“Hay sectores que no quieren que tengamos nuestra propia marina mercante, son intereses de afuera con algunos cómplices de adentro, también. Son muy poderosos y no quieren que nosotros nos desarrollemos. Pero un país tiene que tener su marina mercante para sacar toda su materia prima, con sus embarcaciones, flota fluvial y el trabajo alrededor de los puertos”, agregó Durdos.
Las dudas que se plantean desde el sector privado es que si en vez de perder esa cantidad de divisas al año por pagar fletes internacionales para transportar la mercadería propia, se invirtiera el estímulos fiscales al sector, la pérdida tal vez sería menor. Desde el Centro de Patrones creen que la fuga de barcos se debe a la falta de reglamentación de la Ley de Marina Mercante vetada durante el gobierno de Mauricio Macri, la alta presión impositiva local y la alta burocracia estatal, provincial, municipal, portuaria, de las autoridades aduaneras y de policía de seguridad.
El gremio planteó la posibilidad de decretar la emergencia fluvial en la Hidrovía del Paraná-Paraguay y el río Uruguay por este tema, pero admiten que es un trámite engorroso, porque hay que muchas normas económicas, aduaneras y marítimas que regulan la actividad. “Eso va a tardar, hay mucha burocracia y va a tardar, pero nosotros no tenemos tiempo, el tiempo del marítimo argentino no es mismo que el de los funcionarios, pero espero que encontremos una solución para todos por el bien de los trabajadores”, analizó el titular del SOMU.
Lo cierto es que en el Gobierno tienen el tema en agenda. La semana pasada el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, recibió a una importante delegación de la CGT y la CATT para dialogar sobre el “abandono” de la marina mercante y otros puntos de interés. Luego, fueron a visitar al presidente Alberto Fernández. “La delegación que había planteado la problemática del transporte ante el ministro, detalló ante el Presidente, en Olivos, las vicisitudes por las que atraviesa la actividad marítima y fluvial”, reveló Sergio Sasia, jefe de la CATT. Los gremialistas confían que pronto habrá una solución del Ejecutivo.
Además de dialogar con las autoridades, los sindicatos marítimos entregaron información sensible sobre el conflicto. Entre esos papeles, está la prueba que además de querer cambiar de bandera al Piray Guazu para ahorrar costos, la empresa Maruba mantendría una millonaria deuda con el SOMU en concepto de aportes.
Para ahondar en la crisis, el próximo 5 de febrero la marina mercante argentina recibirá otro golpe que la dejará en crisis terminal. Ese día vence el acuerdo bilateral de transporte con Brasil que durante 37 años reguló la logística de cargas entre ambos socios del Mercosur.
El entendimiento firmado antes de que naciera el Mercosur establecía que el comercio entre ambas naciones se llevaría a cabo por medio de buques de bandera local, en una proporción de 50% para cada nación. Con ello, ambos socios se aseguraban una demanda estable. Pero el año pasado, el presidente Jair Bolsonaro emitió un decreto que estableció la fecha en que se termina el convenio bilateral.
Según comentaron días atrás fuentes vinculadas al sector del comercio exterior, existe todavía una última esperanza en que el embajador argentino Daniel Scioli reflote el acuerdo mediante gestiones de último momento, aunque el objetivo aparece complicado.
