La evaluación, que se realiza desde el año 2006 a partir de bases de datos públicos y privados, busca promover la adopción de sistemas presupuestarios transparentes, participativos e inclusivos. Para llevarla a cabo se utilizaron más de 200 indicadores divididos en tres ejes: transparencia y acceso a la información, participación en el proceso presupuestario y rol de las instituciones de control o vigilancia.
A nivel regional, entre los 18 países de Latinoamérica evaluados, nuestro país ocupa los puestos 9, 10 y 11 (de acuerdo con los tres ejes de la evaluación contemplados, respectivamente). En el único ítem que alcanza un puntaje adecuado (superior a 61/100) en el caso de la vigilancia a cargo de la Auditoría General de la Nación, ocupando el quinto lugar en la región.
Transparencia y acceso a la información
El puntaje de Argentina osciló en las últimas dos décadas. Nunca llegó a los 61 puntos considerados como el umbral mínimo para fomentar un debate público informado. En esta última publicación, el país redujo su “performance”, ya que pasó de 58/100 a 50/100. Según los investigadores de la Budget Partnership, en dos de los documentos evaluados se incorporó menos información que en años anteriores.
De acuerdo al estudio, en el Informe de Avance del presupuesto del Ejecutivo al Congreso de la Nación no se incluyeron estimaciones plurianuales de inflación, crecimiento en el PBI y tasas de interés, y en el Proyecto de Presupuesto no se identificaron indicadores de las políticas vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 ni se mencionó el sitio de datos abiertos para acceder a información más detallada sobre las clasificaciones del gasto.
Participación en el proceso
En esta categoría se dio el peor rendimiento de la Argentina: 15/100. Según los autores del informe, el resultado refleja los grandes desafíos que tiene nuestro país para lograr que la toma de decisiones presupuestarias y el uso de los recursos públicos sean realmente abiertos y democráticos.
Desde ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), que participó del trabajo, “tanto en Argentina como en la mayoría de los países evaluados, los presupuestos son discutidos por una élite, con pocas vías para que la ciudadanía se involucre y su voz sea escuchada. Solo 8 países en todo el mundo tienen canales formales para involucrar a las comunidades en los procesos presupuestarios”.
Por ejemplo, el Ministerio de Economía no realiza ninguna consulta ni audiencia tendiente a promover la participación ciudadana en el diseño y la ejecución del gasto. Si bien algunas comisiones del Congreso han habilitado instancias de diálogo con la sociedad civil e instituciones sindicales en el marco de la discusión de las leyes de presupuesto, no se institucionalizaron audiencias públicas ni otros mecanismos que garanticen una participación plural en ese debate.
El rol de las Instituciones
En este eje, el Congreso –aclararon desde ACIJ– “obtuvo una puntuación de 42 porque sigue sin evaluar sistemáticamente la ejecución presupuestaria durante el año, a pesar de contar con informes actualizados de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre modificaciones presupuestarias, que podrían utilizarse para exigir una mejor rendición de cuentas”.
La Archivo General de la Nación (AGN), en cambio, fue aprobada con 78 puntos. Sin embargo, para los años posteriores a 2016 (último informe de auditoría evaluado en la Encuesta y disponible públicamente al momento de responder la edición de 2021), no se había publicado el Informe de la AGN sobre la Cuenta de Inversión que debe revisar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Por qué es importante el monitoreo presupuestario
En el actual contexto, especialmente signado por la pandemia de Covid-19, desde ACIJ aseguran que “el presupuesto público fue una herramienta clave para aminorar sus impactos”.
Según datos publicados por la CEPAL, la tasa de pobreza extrema en la región habría aumentado del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones.
“La transparencia presupuestaria y la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y de participación en el ciclo presupuestario son herramientas fundamentales para que el presupuesto logre el impacto necesario en la garantía de los derechos. Sin ellas es muy difícil exigir estrategias efectivas para garantizar políticas eficientes e igualitarias”, concluyeron desde la organización argentina.
