6 marzo, 2026
Tras la creación del Registro Provincial, organizaciones ambientales advierten que la ley no garantiza el acceso libre a la información de las embarcaciones. Por qué este punto es clave para el control ciudadano y la protección de los recursos.
La reciente sanción de la reforma a la Ley de Ficha Limpia Pesquera (Ley IX Nº 157) generó repercusiones inmediatas. Desde el Círculo de Políticas Ambientales y la organización Sin Azul No Hay Verde resaltaron la voluntad del gobierno provincial para avanzar en políticas de transparencia y fortalecer la gobernanza del sector.
A pesar de celebrar los avances en torno a la transparencia, las organizaciones advierten que la normativa actual no garantiza que la información sobre las embarcaciones esté disponible en línea, actualizada y de libre acceso. Este factor es considerado un estándar mínimo en las políticas internacionales de transparencia.
Para entender el impacto de esta medida en la vida diaria hay que pensar en el mar como un gran espacio público. Si la ciudadanía, los investigadores o las propias autoridades no pueden ver de forma simple y rápida qué barcos están autorizados, a quién pertenecen y qué especies tienen permitido capturar, resulta casi imposible detectar irregularidades. Es como permitir que cientos de camiones circulen por las rutas del país sin conocer el nexo entre el vehículo y quien posee el carnet de conducir.
Abrir esta información permite que cualquier persona pueda corroborar si una embarcación opera dentro de la ley o si está cometiendo una infracción. Es la herramienta más directa para frenar la pesca ilegal y proteger el ecosistema marino de forma colectiva.
El artículo 12 de la flamante modificación establece la creación del Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera y determina que los datos sobre sujetos y permisos deben ser digitalizados y públicos. Al respecto, Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, indicó que la digitalización es un avance, aunque resulta insuficiente si no se asegura el libre acceso a la información y su vinculación con las embarcaciones.
El escenario provincial refleja un déficit que también ocurre a nivel país con el registro de pesca. Si bien en Argentina existen datos públicos sobre la flota, no están accesibles en línea, lo que representa un obstáculo enorme para el control técnico y ciudadano.
Frente a este panorama, las organizaciones señalan que Chubut tiene la oportunidad de asumir un liderazgo estratégico a nivel nacional si decide publicar los datos de su flota. Garantizar la disponibilidad y la actualización de los registros facilitaría el escrutinio público y posicionaría a la provincia a la vanguardia de las políticas de gobierno abierto en materia pesquera.
Por su parte, Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, remarcó que los listados de embarcaciones conforman la piedra angular de toda política de acceso a la información en el sector. Los sistemas de control robustos que se aplican a nivel global disponen de datos públicos y autorizaciones como herramientas fundamentales para combatir la pesca ilegal.
