14 febrero, 2021
La definición de las denominadas tarifas de transición enfrenta a cristinistas y albertistas. En medio de un año electoral el ajuste debe adecuarse también a los requisitos del FMI para evitar una disparada de los subsidios.
El presidente, Alberto Fernández, les confirmó a sus ministros que la hoja de ruta de las tarifas mantiene su senda. En marzo se deberán hacer las audiencias públicas y en abril aumentarán, pero en una proporción que todavía genera dudas internas.
Para cumplir este plan los tiempos son escasos. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a nivel nacional y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) para Capital y el Gran Buenos Aires deberían convocar a la brevedad a las audiencias públicas y tomarse el tiempo necesario para evaluar sus resultados.
En los últimos días las distribuidoras de gas se reunieron con el interventor del organismo de control, Federico Bernal, que busca firmar un acuerdo para ajustarles un 30% la remuneración, muy por debajo del 85% a 90% que reclaman las empresas para compensar la inflación acumulada desde abril de 2019, cuando se congelaron las tarifas.
Bernal, que tiene llegada a la ex presidenta Cristina Kirchner, es el encargado de controlar que las tarifas no tengan alzas de más de un dígito (hasta 9%).
La secretaría de Energía, a su vez, intenta procesar datos para aplicar subas segmentadas y dar curso al plan del Ministerio de Economía. Martín Guzmán es el fiscalista del Gobierno, aplaudido por empresarios el jueves en Casa Rosada. El almacenero que procura que las cuentas estén en orden.
Dos años llevan congeladas las tarifas del servicio. En abril, cuando se espera el alza, se cumplirán los dos años de congelamiento.
Las empresas miran confundidas la danza que bailan en las más altas esferas del poder, que no es otra cosa que la interna entre Alberto y Cristina, expresada en la necesidad de corto plazo de ganar las elecciones pisando los precios regulados frente al peligro de que se disparen los subsidios y que la Argentina se vuelva a quedar sin energía dentro de unos años, teniendo que importarla a precios mucho más altos de los que se podrían ofrecer localmente.
Donde el Gobierno quiere operar con absoluta transparencia es en el precio del gas. Los pagos a valores en dólares por los contratos del Plan Gas están garantizados, aseguró una fuente oficial. Y el Estado pagará lo que no puedan hacerlo los usuarios residenciales.
Allí estará el trabajo de Economía y Energía: pasar a tarifas una parte del costo. Los subsidios de 2,2% del PBI equivalen a la mitad del déficit primario (sin contar intereses) que tendrá la Argentina en 2021.
El Fondo Monetario Internacional desearía que no se pase de ese límite o que incluso exista un recorte en esta brecha fiscal, por lo que la tarea de Guzmán y Darío Martínez es mostrarles a los técnicos del organismo un plan consistente y conseguir la aprobación de Alberto y Cristina para llevarlo a cabo.
En otras palabras, deberán aumentar las tarifas en la misma proporción que la inflación para que no explote la cuenta de subsidios. Todo un desafío en un año electoral.
La novela se acerca a sus últimos capítulos y ni siquiera los productores tienen claro el desenlace
*RN
