7 mayo, 2022
LA MEDIDA QUE IMPACTARÁ EN LAS CUENTAS PÚBLICAS, SEGÚN LOS ANALISTAS
La presión sobre el secretario de Energía, Darío Martínez, por parte de empresarios industriales del interior del país y de gobernadores peronistas de la zona centro y norte del país logró su cometido y el fin de semana, horas antes de que empiece mayo, la cartera que dirige el funcionario neuquino publicó una resolución que, en los hechos, terminó provocando una baja del precio spot del gas que pagan los grandes usuarios.
En las últimas dos semanas, Martínez recibió a representantes de empresas de Córdoba y de la Unión Industrial Argentina (UIA) que lo interpelaron por la suba del precio del gas, que a raíz de algunas cuestiones puntuales (como las paradas programadas en grandes yacimientos como Aguada Pichana y Vega Pléyade) se disparó por encima de los US$ 10 por millón de BTU.
En rigor, Energía no publicó una normativa, sino tres: una original al mediodía del sábado 30 de abril —con el número 42395370— y dos rectificatorias durante la tarde de ese mismo día. Los tres documentos se publican al final de esta nota. El manejo volvió a evidenciar la desprolijidad que caracteriza al comportamiento del área energética del gobierno.
La premura del Ejecutivo responde a una razón bien concreta: el 1° de mayo empezaban a regir los nuevos contratos de abastecimiento entre productores y comercializadoras de gas con clientes industriales. En los hechos, las resoluciones de la Secretaría de Energía lo que hicieron fue fijar el precio de venta de gas al que la estatal IEASA (ex Enarsa) revenderá a las industrias el gas que importa desde Bolivia y por barco (LNG, por sus siglas inglés). Por esa razón, tenían que entrar en vigencia antes de que comiencen a regir los nuevos contratos.
La Secretaría de Energía instruyó a IEASA a venderle el gas a los grandes usuarios a un precio de US$ 6,05 por millón de BTU más el costo de transporte en firme, que en la zona centro del país encarecería el fluido en un 20% (por lo que el precio final llegaría a los 7,20 dólares) y en la región abastecida por las cuencas del Golfo San Jorge y la cuenca Austral, sumaría entre 60 y 80 centavos de dólar más para llegar a un importe total cercano a los 8 dólares.
En términos prácticos, la decisión del gobierno pone un techo a la escalada del precio del gas en el mercado local. ¿Por qué? Porque IEASA funciona como una especie de proveedor de última instancia que está dispuesto a vender el gas a ese precio. ¿Qué sentido tendría para una industria cerrar un contrato de suministro con una comercializadora a un precio más caro? Eso fue, de hecho, lo que terminó pasando.
Una vez que la resolución empezó a circular el sábado por distintos grupos de WhatsApp, varios industriales tiraron para atrás los contratos que habían terminado de negociar con comercializadoras —como Albanesi, Energy Trader, MetroEnergía, Gas Market y Saesa, entre otras— un día antes, el viernes 29. Eso provocó un fuerte malestar por parte de las empresas que habían cerrado contratos de venta a precios más altos que los 6,05 dólares que pasó a valer el gas de IEASA. Varias comercializadoras dedicaron el lunes a atajar a clientes que se engolosinaron con el precio de descuento que fijó el gobierno.
“Al igual que otras veces, lo que hizo el gobierno fue operar con un serrucho. Y lo hizo con un timing malísimo. Porque cambió la reglas del mercado a horas de que entren en vigencia los nuevos contratos”, explicaron desde una petrolera. “En lo inmediato, la medida surtió efecto porque el precio spot, que hasta el viernes rondaba los US$ 8,50 por MMBTU, este lunes (ayer) se conseguía un dólar más barato, a 7,50. Pero como señal no hace más que desincentivar la contractualización del mercado”, explicó el director comercial de una comercializadora. “¿Qué incentivo tiene hacia adelante para una industria contractualizar la compra de gas con algún comercializador o productor cuando sabe que al final el Estado le va a asegurar producto a un precio super subsidiado?”, se preguntó.
Con la medida nacional hay provincias que ganan y otras que pierden, además del importe que absorverá Nación por subsidios
¿Qué podría haber hecho la Secretaría de Energía? Establecer un precio de reventa del gas de IEASA un poco más alto, que es lo que esperaban buena parte de las empresas del sector. Si traer el gas desde Bolivia cuesta 11,50 dólares (10 dólares una base de 10 MMm3/día y 18 un incremental de 4 MMm3/día) e importar cargamentos de LNG cuesta 35 dólares, ¿por qué revenderlo a 6 dólares de manera totalmente artificial? ¿Quién absorbe la diferencia entre el precio de venta de IEASA y el costo real? Está claro: el Tesoro a través de los millonarios subsidios que destina al sector.
¿Por qué la Secretaría optó por un precio arbitrariamente tan bajo? Podría pensarse que evitó generar cualquier tipo de contrapunto con gobernadores de provincias del centro (como Córdoba y Santa Fe) y hasta del norte como Tucumán. “En un momento tan endeble de todo el gobierno en general, Darío (Martínez) buscó no provocar ningún conflicto político que pueda transformarlo a él en un fusible. Está claro que la medida no tiene mucha racionalidad económica, porque el Estado está revendiendo a 6 algo que le llega a costar más de 30 dólares”, analizó otro trader de gas.
Si bien IEASA oficiará como proveedor de última instancia de gas para industrias a un precio inferior a la media del mercado, no es seguro que los días de frío cuente con el combustible físico para garantizar el consumo de grandes usuarios. Las notas publicadas por Energía indican que la prioridad del despacho de gas la tendrán los hogares residenciales, después del sector de generación (administrado por Cammesa) y al final, las grandes usuarios. “IEASA ofrece un gas con transporte en firme, pero no está claro que de verdad sea ininterrumpible. Las principales industrias del país —Tenaris, Acindar y las petroquímicas de Bahía Blanca, entre muchas otras— tienen contratos de provisión con productores que no van a cambiar por esta resolución”, explicó el vicepresidente de Gas de una petrolera. “Pero sí hay un grupo de 100 o 200 industrias más chicas de consumo estacional de gas (sólo demandan unos meses del año) que seguramente utilizarán esta regulación para conseguir un precio más bajo por más que, al final de la cadena, eso termine incrementando el quebranto del Estado”, concluyó.
