18 julio, 2022
Sólo cinco Gobernadores se reunieron con Batakis, que buscaría apoyo para su plan de ajuste presupuestario. Los manadatarios completaron la ‘foto política’ que requería la recién asumida mandataria. Kiccillof mostró una señal de apoyo K.
A la reunión que convocó la ministra de Economía, asistieron solo cinco gobernadores, entre ellos Axel Kicillof. El ajuste fiscal que viene impulsando el Gobierno a nivel nacional, tiene su correlato en las Provincias, donde trabajadores estatales, docentes y enfermeras vienen realizando protestas.
Con 18 sillas vacías, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis y el jefe de gabinete Juan Manzur, mantuvieron una reunión con 5 gobernadores provinciales, este lunes. Ante el silencio de Cristina Fernández de Kirchner, se destacó la participación de Axel Kicillof, por la provincia de Buenos Aires. También participó Osvaldo Jaldo, por Tucumán, Gerardo Zamora por Santiago del Estero, Raúl Jalil por Catamarca y Omar Gutiérrez por Neuquén.
Pese a las declaraciones de Manzur de comenzar a resolver las prioridades del interior, hay fuertes indicios que el Gobierno busca el apoyo de los gobernadores provinciales para apuntalar el plan económico que trazó Martín Guzmán con el FMI y que la actual ministra promete continuar con mayor ajuste fiscal para alcanzar la metas.
El encuentro fue una continuación, en temario y agenda, de la presentación que hizo más temprano el presidente Alberto Fernández del plan de concreción de 120 grandes proyectos de obra pública en distintas provincias, aún en el marco de una situación, como reconoció el propio jefe de Estado, en que el Gobierno debe “ajustar algunos números”.
Esa poda de gastos, que se preanuncia por un lado por las primeras declaraciones de la ministra Batakis al llegar al Palacio de Hacienda, y además por el nivel de expansión que tuvieron las erogaciones en la primera mitad del año -con la meta fiscal acordad con el FMI en la mira-, es lo que en definitiva preocupa a los gobernadores.
Paralelamente, en las provincias de Buenos Aires, CABA, La Rioja, Jujuy, San Juan, San Luis y Chubut, el ajuste que vienen llevando adelante los propios gobernadores, se ha encontrado con la resistencia de trabajadores estatales, docentes y enfermeras, por salario y condiciones laborales. A esto, se suman los reclamos de organizaciones de trabajadores desocupados e informales, que viene pisando fuerte en todo el país y, en particular, en la provincia de Buenos Aires.
La ausencia de la mayoría de los mandatarios provinciales, este lunes, puede leerse como una señal más de la crisis política que atraviesa el Gobierno nacional, para implementar el antipopular plan económico de austeridad que definieron, para cumplir con las metas y los pagos de la deuda externa. Pero para otros fue un inicio con ‘mesa chica’ de los mandatarios afines para mostrar las primeras fotos políticas sin grandes resistencias.
Cuando Martín Guzmán todavía tenía el timón de la Economía, los gobernadores oficialistas se habían puesto de acuerdo para plantear demandas en relación a los subsidios para el transporte y la energía. Y, recientemente, con Batakis ya como ministra, los gobernadores del Norte se reunieron con Juan Manzur para plentear la misma agenda.
Ahora que Guzmán dió el portazo y que los números parecen ser mucho más complejos, las mesas con Batakis son un ‘borrón y cuenta nueva’ en muchas de las gestiones del interior.
“Todos pudieron explicar la situación económica que atraviesan sus distritos y la ministra se puso a disposición para acompañar las distintas realidades en el contexto de una visión federal en la que viene trabajando desde hace varios años”, afirmaron desde el Palacio de Hacienda.
Desde una de las provincias que participaron este lunes de la reunión remarcaron que la obra pública forma parte de las preocupaciones del gobierno local porque configura un elemento decisivo para el nivel de actividad económica en sus territorios.
¿Cuál será la posición de Silvina Batakis frente a esto? Aún está por verse.
Por lo pronto, con la gestión económica en sus manos, comenzó a avanzarse con la segmentación de tarifas en los servicios públicos en CABA y provincia de Buenos Aires. Por lo que la flecha parece apuntar a descargar los costos energéticos en los consumidores particulares, y en el horizonte no se ven mayores inversiones por parte del Estado para amortiguar el aumento de los precios internacionales del combustible. Queda intacto el negocio de las empresas privatizadas de servicios públicos, a la par de que se «cuida» la meta fiscal.
¿Quién paga los costos políticos del ajuste? Es una de las cuestiones que viene golpeando al gobierno del Frente de Todos, que asumió con una serie de promesas como llenar la heladera y recuperar salarios y jubilaciones, pero no cumplió ninguna.
El martes la ministra se reuniría con otros tres gobernadores peronistas, que hoy no estuvieron presentes.
De acuerdo a la OPC, las transferencias de la Nación a las provincias durante el primer semestre del año tuvo un incremento real de 13% y redondeó $257.000 millones. Tomando en cuenta solo junio, ya se veía un freno a ese rubro, que registró una caída de 14,5% en comparación con ese mismo mes del año pasado. En esta cuenta se incluyen gastos como educación, seguridad social y salud, entre otros.
La obra pública, por su parte, comenzó a mostrar en junio los primeros síntomas de desaceleración, siempre según la base de datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En ese sentido, en junio los gastos de capital se redujeron 27,7%, principalmente las transferencias de capital (38,7%) y la inversión financiera (36,2 por ciento).
Batakis mantendrá una serie de reuniones con gobernadores para explicarles sus primeros pasos como ministra
Batakis mantendrá una serie de reuniones con gobernadores para explicarles sus primeros pasos como ministra
Y la foto más amplia muestra que mientras los gastos corrientes aceleraron 10,4% en términos reales, los fondos para obra pública lo hicieron solo 0,6 por ciento. Un subrubro que sí se destaca es el de la inversión real directa, que creció 9,4% en los primeros seis meses del 2022.
La ministra Batakis evitó hacer referencia por el momento a la necesidad de un recorte de fondeo para cumplir la meta fiscal, aunque sí consideró que necesitará mejorar los mecanismos de administración pública para aprovechar el superávit de organismos descentralizados y otros entes para consolidarlos en la cuenta general, lo que daría algo de aire a las cuentas públicas.
Alguna pista sobre por dónde debería provenir ese recorte la dio Guzmán en una de sus últimas acciones antes de dejar el Ministerio de Economía, como fue la recalibración de metas intermedias trimestrales con el FMI.
En ese documento, planteó: “Estamos repriorizando el gasto a través de modificaciones en bienes y servicios, transferencias corrientes, subsidios y priorización de gastos de capital. Finalmente, manejaremos cuidadosamente la masa salarial del sector público, para asegurar que crezca consistentemente con la tasa de crecimiento de la economía, mientras que el gasto en pensiones continuará siguiendo la fórmula de las pensiones”. Batakis deberá decidir si continúa por ese camino.
Un ejercicio de la OPC en base al decreto presupuestario que Guzmán presentó a mediados de junio para reajustar las partidas de cada área arrojó como resultado que los gastos de capital pasarían de implicar el 2,6% del PBI el año pasado al 2,1%, con un fondeo total de $1,5 billones. En ese sentido, habrá un ajuste de las transferencias de capital, que eran de 1,8% del PBI en 2021 y con sus actuales $995.000 millones serán el 1,3% del PBI.
