1 junio, 2021
Martín Soria envió al Senado una modificación al régimen disciplinario en las cárceles. Estudian cupos penales y cuestionan la ley de flagrancia. Hay tensión en el Frente de Todos.
Con un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos en Diputados, el kirchnerismo inició el último jueves un debate hacia una reforma de corte garantista para evitar abusos contra detenidos e impedir la superpoblación carcelaria, que podría generar chispazos en el Frente de Todos.
El plan tiene por ahora sólo un proyecto de modificación de la ley de ejecución penal enviada al Senado para suavizar las sanciones a los detenidos. Pero no descartan nuevas iniciativas en los próximos meses.
En la teleconferencia organizada por los diputados del Frente de Todos Carolina Gaillard y Hugo Yasky participaron voces críticas con el colapso penitenciario, que adjudicaron a las restricciones de las salidas transitorias y al régimen de flagrancia, un sistema implementado en 2016 que permite un juicio sumarísimo a quienes sean hallados en el momento del delito.
Una de las expositoras fue la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia e interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPN), María Laura Garrigos, quien reconoció que las cárceles y las comisarías están abarrotadas y nada podrá cambiar en su gestión.
Garrigos fue la presidenta de Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales cercanos al kirchnerismo, asumió en su cargo ni bien aterrizó en la Casa Rosada Alberto Fernández, pero sus reformas no vieron la luz el año pasado.
Fue necesaria la salida de Marcela Losardo del Ministerio de Justicia y la llegada de Martín Soria para activarlas, ya sea con debates abiertos o proyectos de ley como el que hace un mes el Ejecutivo envió al Senado para modificar el régimen de disciplina en el Servicio Penitenciario, con límites precisos a las autoridades carcelarias.
Para supervisarlas, el proyecto crea una Comisión de Disciplina, integrada por personal superior de igual «jerarquía y rango» que los carceleros, uno abogado o abogada, quienes controlarán que no haya sanciones por encima de las tipificadas y se respeten los «principios de lesividad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad».
También se promueven mecanismos alternativos antes de aplicar sanciones, un «abordaje técnico e interdisciplinario de los problemas de convivencia» y comprobar cada falta antes de tomar medidas, que además no podrán afectar «la salud y la dignidad de las personas».
Quedarían prohibidas las sanciones corporales, la falta de acceso a comida, el encierro en celdas sin acceso a sanitarios y en ninguna situación se podrá castigar a mujeres embarazadas. Y, sobre todo, la ley busca garantizar el derecho a defensa de los detenidos, quienes no podrían dejar de recibir visitas o quedar incomunicados.
El proyecto recaló en la Comisión Justicia del Senado, presidida por Oscar Parrilli, quien por ahora no abrió el debate y prefirió que el primer foro sea Diputados y sin leyes a la vista.
Una posibilidad que barajan en el oficialismo es repetir estos plenarios informativos hasta las elecciones para evitar susceptibilidades, sobre todo dentro de sus propias filas.
Es que el año pasado hubo sectores del Frente de Todos, como el referenciado con Sergio Massa, que cuestionaron un fallo del juez de Casación bonaerense Víctor Violini que permitió la salida de presos por contagios de Covid 19. Luego fue revertido por la Suprema Corte de la Provincia.
Massa fue el primer crítico de Violini, siempre rechazó las medidas penales garantistas y ni bien llegó a Diputados absorbió el Observatorio de las víctimas de delitos, que antes dependía del Ministerio de Justicia.
Después de aquel fallo del máximo tribunal bonaerense, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien también expuso el jueves en Diputados, reclamó un plan de vacunación para los presos mayores de edad.
Volvió a pedirlo ante sus ex colegas la ex diputada Diana Conti, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), en un plenario con un tono que alarmó a varios oficialistas que no estaban al tanto de las reformas.
«Surgieron algunos tópicos como el de ‘cupos penitenciarios’, un viejo proyecto de (el ex juez de la Corte) Eugenio Zaffaroni para que haya medidas alternativas a la detención si las cárceles ocupan todas sus plazas. Esto va a generar mucha resistencia. Para mi no existe inflación penal, sino víctimas, fiscales y jueces. Es una falta de respeto a los legisladores que dictamos las leyes», sostuvo uno de los dirigidos por Máximo Kirchner, que escuchó en silencio los discursos del jueves.
Fuentes del Frente de Todos al tanto del debate aseguraron que los «cupos penitenciarios» están carpeta para más adelante, como también las modificaciones de leyes que restringieron las salidas transitorias y la de flagrancia, que según Martínez, Garrigos y el Comité para la prevención de la tortura contribuyó a la superpoblación carcelaria por las detenciones en tiempo express.
Uno de sus comisionados del Cnpt, Gustavo Palmieri, con pasado en el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), pidió además revisar la pena máxima de 50 años de prisión impuesta en 2004 en la reforma motorizada por Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, secuestrado y asesinado. «No hay socialización posible y se considera un trato inhumano y cruel, que no tiene ningún sentido», señaló.
Ningún diputado oficialista u opositor opinó durante el plenario, pero luego Gaillard, a cargo de coordinarlo, dijo que «tomaba seriamente» las observaciones y buscará «aportar todos los instrumentos legislativos posibles para lograr una verdadera reinserción social de la población carcelaria». No dio mayores detalles.
Por ahora, en el oficialismo aclaran que lo único vigente son los cambios al régimen disciplinario en las cárceles con el proyecto que descansa en el Senado y lo justifican con un disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2008, referida a principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas.
Citan como antecedente el caso «Guillermo Patricio Lynn vs. Argentina», que tramita en la CIDH y trata sobre secuelas de una sanción disciplinaria en una cárcel. En 2018, el organismo consideró al Estado argentino responsable de haber atentado contra la integridad personal de la víctima y le recomendó tomar medidas para no repetir incidentes similares.
El proyecto que recayó en el Senado buscaría cumplir con esa consigna, pero necesita respaldo parlamentario para sancionarse. Tanto del oficialismo, como de al menos una parte de la oposición.
