9 junio, 2024
Se trata de la tercera instancia de revisión de contratos de trabajadores del Estado, aunque por primera surgen algunas voces internas en desacuerdo con la intransigencia de Milei. Sobre 59 mil convenios vigentes, la intención es eliminar un cuarto y hacer más recortes hacia fin de año, con un objetivo de 70 mil trabajadores menos en toda la planta del Estado. La argumentación oficial es que son contratos que no serán renovados, y admiten que muchos de los “ñoquis” son trabajadores de planta permanente difíciles de remover.
Para el gobierno de Javier Milei, reducir la planta del personal del Estado no tiene posibilidad de negociación y bajo ese objetivo prepara el terreno para producir otra ola de despidos a fines de este mes, similar a la que generó en marzo cuando no renovó 15 mil contratos. El tema genera molestia en sectores de un oficialismo en constante turbulencia.
En concreto, la administración libertaria debe decidir la suerte de 59 mil vínculos contractuales que vencen el 30 de junio, con 57 mil que pertenecen a la administración pública nacional y 2 mil que están ubicados entre las empresas y sociedad del Estado. Todos esos contratos fueron renovados el pasado 30 de marzo y solamente por tres meses.
Según trascendió, todos los ministerios ya habrían recibido la orden de entregar, antes de la fecha límite, una precisión de las personas a prescindir. Hay un motivo de fondo en esta decisión: a diferencia de lo que pasó en la última ocasión, a fines de marzo, en la que aparecieron telegramas en distintas áreas sin criterio (como en la Anses o en el Servicio Meteorológico Nacional, en las que no se renovó el contrato de personal con enfermedades terminales, en medio de tratamientos y a embarazadas), la idea es comunicar de manera “más efectiva” a quién y por qué se deja sin su fuente de empleo. Con una lista bien armada.
El foco, además, estará colocado en “atacar los reductos kirchneristas” como expresan en Balcarce 50. En el oficialismo, están convencidos de que funcionarios designados por la gestión anterior se dedican a transmitir información sensible y a “operar” contra dirigentes libertarios. Como sucede, dicen, en el complicado Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
Y anticipan que en la Comisión Nacional de Energía Atómica “habrá movimientos” para terminar “con los ñoquis K”. Existe un dato no menor: la lupa estará puesta en los empleados de las dependencias provinciales de la Anses y el PAMI, lugares que funcionan desde la visión libertaria “como cajas para la política” y el “pago de favores”.
Si se pregunta por un número de vínculos que no se van a prorrogar a partir del 30 de junio, contestan que aproximadamente 15 mil personas terminarán con los pies fuera del Estado, la misma cifra que hace tres meses y que dominó la agenda pública con los gremios que representan a los estatales, ATE y UPCN, copando ministerios. Hay una apuesta más grande que trazó el líder del Poder Ejecutivo: pretende que a fin de año el Estado termine con 70 mil empleados menos en relación con diciembre de 2023.
Por el momento, de acuerdo a información proporcionada por el Indec, el líder del Ejecutivo se encuentra muy bien encaminado. En el mes de diciembre, la dotación del Estado, contabilizando la administración pública nacional, empresas y sociedades que dependen de él, era de 341.473 personas. Y en abril, ese número bajó a 322.250. Por lo cual un total de 19.223 trabajadores perdieron su empleo nacional, lo que marca la efectividad de la motosierra en estos meses.
No obstante, no todos los dirigentes libertarios están completamente alineados en el modo de implementación de los recortes. Por ejemplo, un funcionario de primera línea reconoce que en el Estado “hay un exceso de personal” pero plantea con voz firme que no está de acuerdo con el método de acción que se encaró en este 2024. “Los ñoquis por lo general están en planta permanente y por una cuestión legal es difícil de atacarlos. Y los que trabajan en serio están bajo contrato y cobran poco, por lo cual se corre el riesgo de dejar en la calle a la gente que realmente es muy valiosa”, argumenta.
Es un criterio que en otras áreas del Gobierno también sobrevuela porque requieren de personal o al menos desean mantener los recursos humanos de los que hoy disponen. Ya lo expresaron nuevamente por lo bajo. En marzo pasado funcionarios de primer nivel le pidieron al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y al entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, los hombres que motorizaron la última poda estatal, que ciertos empleados de áreas sensibles no fueran tocados.
Por otro lado, la palabra despidos sigue ocasionando cierta incomodidad. Cerca del Presidente, cuando hablan del tema, prefieren hablar de “contratos que no se van a renovar y todo en el marco de la ley”.
Públicamente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sigue insistiendo en que “es lo más sano” continuar en la vía de la reducción de los trabajadores. “Hay que revisar el funcionamiento de ciertas áreas, si es correcto. Es una limpieza de la plana estatatal, es sano que se revise cada uno de los rincones del Estado para saber si funcionan bien o no”, indicó el portavoz en una de sus últimas conferencias de prensa, cuando le preguntaron sobre la hoja de ruta de la nueva ola de despidos.
Diciembre 2023: el 26 de diciembre, Milei decretó la no renovación de 7 mil contratos de trabajadores del Estado concretados desde el 1° de enero, incluyendo la administración nacional y organismos descentralizados.
Marzo 2024: el 30 de marzo, el oficialismo decidió no extender 15 mil contratos de los 70 mil que estaban en juego. La medida afectó a la administración pública nacional y áreas como Anses.
Junio 2024: ahora, con la mira en 59 mil vínculos contractuales, el Gobierno apuesta a dejar sin ingreso a casi 15 mil empleados. Una problemática que genera tensión interna.
