14 febrero, 2024
PODRÍAN PURGAR HASTA 10 AÑOS DE PRISIÓN EFECTIVA
El abogado Nicolás D’Albora, quien representa al empresario pesquero Raúl Cereseto, confirmó que pidió que se lo acepte como querellante en la causa que le sigue a los dirigente del gremio de los estibadores que se encuentran en prisión preventiva domiciliaria por el presunto delito de extorsión.
Los cinco miembros de la comisión directiva del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Chubut que enfrentan prisión preventiva por cargos de extorsión, podrián purgar entre 5 a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo.
No sólo amenazaron a empresarios y los extorsionaron utilizando la estructura sindical y fueros para su propio provecho, sino que arengaron el paro que implicó la pérdida de 468 mil kilos de langostinos en un presunto conflicto paritario que en realidad “encubría un entramado de corrupción y extorsión que generó pérdidas millonarias para la industria”, consideró el gobierno provincial.
Felicito a la justicia por su rápido accionar, fundamental para terminar con los aprietes y los mensajes extorsivos. En Chubut no hay lugar para las mafias, el único camino es el del orden y el trabajo. pic.twitter.com/qZoAh8lQI9
— Hector Iturrioz (@hectoriturrioz1) February 14, 2024
D’Albora aclaró ahora que ni él ni su representado plantearon una denuncia contra el sindicato sino hacia sus dirigentes que «utilizan el cargo para llenarse los bolsillos». El letrado sumará la figura de ‘asociación ilícita’.
Si bien la causa aún está en etapa de investigación, para el abogado no hay duda que está documentada la figura de extorsión.
«Es una de las pocas causas por extorsión que está documentada en cuentas bancarias personales» aseguró el penalista.
Denunció que existen pruebas de que los gremialistas llamaban a los empresarios «pidiendo la mía (sic)» y el caso más evidente es que un paro de actividades se levanta ni bien se transfieren los fondos.
Dicho esto, consideró que se está frente a una «organización criminal».
Respecto al incendio que sufrió la camioneta del empresario Cereseto estacionada frente a su vivienda, la que quedó reducida a cenizas, el abogado evitó señalar directamente a los dirigentes denunciados porque no cuenta con pruebas, pero descartó que haya sido un auto atentado como se insinuó.
El letrado analizó la primera medida judicial que terminó con los acusados Alexis Gutiérrez, Bruno Vega, Claudio Villarroel, Juan Zambrano y Juan Inalef con prisión domiciliaria acusados de extorsión a los referentes de las empresas de estiba “Scarico”, “Don Gerónimo”, “Estibaje Suarmo”, “RV” y “Trekka”, desde donde giraron fondos a los dirigentes del SUPA por cerca de 20 millones de pesos en el segundo semestre de 2023.
“Si bien acompañábamos el pedido de la Fiscalía de los seis meses de prisión preventiva, estamos muy conformes. El hecho de que se haya dispuesto un arresto domiciliario como forma de estabilizar la imputación que realizó la Fiscal General nos pone contentos. Hay una fiscalía y jueza que consideraron que había méritos para avanzar en la investigación. Habla de la seriedad de la denuncia que hicimos y la cantidad de pruebas que presentamos”, afirmó el letrado a el sitio especializado Revista Puerto.
En ese sentido, D´Albora reconoció que nunca había sido testigo de un caso como este. “Jamás he visto una extorsión tan documentada como existe en este caso. Vemos la torpeza de que se materialice mediante transferencia bancaria, que no tienen ningún respaldo lícito, movimientos que, si uno los concatena con los mensajes de whatsapp que enviaron a los empresarios, todo queda expuesto: la intimidación, la determinación de no prestar servicio para la descarga hasta que no se transfiera, y la reanudación del servicio cuando el dinero ya está acreditado. Todo está probado”, aseguró.
El letrado consideró burda la maniobra con la que el SUPA intentó hacer pasar por “gratificaciones” de las empresas de estiba a los dirigentes sindicales las coimas ya transferidas a sus cuentas bancarias en el acta paritaria luego de que ya se había presentado la denuncia a la Fiscalía General.
“Se trató de una vulgaridad para tratar de darle licitud a algo completamente ilícito. Esa cláusula que se intentó incluir no fue aceptada por el Ministerio de Trabajo. Esto no tiene nada que ver con cuestiones laborales. Esta gente (por los imputados) no representa los intereses de los estibadores de Chubut, sino que vinieron a hacer un negocio personal, eso tiene que quedar en claro”, remarcó.
Sobre la instancia que viene luego de la resolución de la jueza Breckle, D´Albora consideró que ahora comienza la etapa de la instrucción penal preparatoria por los próximos seis meses donde tanto la fiscalía como la querella y la defensa de los dirigentes del SUPA aportarán las pruebas y se formulará la acusación para que el caso se eleve a juicio oral y público.
“Para septiembre, octubre, se estaría celebrando el juicio oral y las posibles penas son de cumplimiento efectivo. Hay pruebas que revelan que hubo más de un hecho de extorsión. El delito tiene una pena mínima de cinco años y una máxima de diez años”, confirmó.
A partir de la extorsión que aplicaron sobre los empresarios que se negaban a pagar el reajuste salarial a poco de haber asumido sus funciones en el sindicato y luego del ataque intimidatorio a Cereseto la semana pasada, horas después de haber recibido la notificación de la apertura de la causa penal que los tiene como principales acusados, D´Albora cree tener elementos para considerar a la cúpula del SUPA como una asociación ilícita.
“Estamos hablando de una mafia sindical, de una asociación ilícita. No son simples hechos de extorsión aislados. El acto de intimidación que vivió Cereseto la semana pasada así lo demuestra. Estamos dispuestos a ir hasta el final para que esta asociación ilícita sea condenada”, sentenció.
Por último, el abogado aclaró la situación de Cristian Pérez, referente del SUPA en Puerto Madryn, quien, en el registro de transferencias aportadas por los denunciantes, recibió cerca de 8 millones de pesos, pero no forma parte de la causa.
“No es una de las personas denunciadas ante la Fiscal, pero será cuestión de ampliar la imputación. Si recibió pagos espurios será imputado”, aseguró D´Albora.
