21 enero, 2026
SORPRENDE LA INACCIÓN DE LAS PROVINCIAS A NIVEL JUDICIAL ANTE EL ABANDONO PÚBLICO NACIONAL
Un informe técnico de los trabajadores viales advierte que el 70% de la red vil nacional está deteriorada por la parálisis de la obra pública y el desfinancimaiento de organismos. El detalle, ruta por ruta, de los corredores productivos y turísticos más afectados.
La falta de mantenimiento y la paralización de obras transformaron a gran parte de la red vial argentina en una trampa mortal. Según supo laAgencia Noticias Argentinas, un relevamiento técnico de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) alerta que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, afectando directamente la seguridad de los viajeros y la logística productiva.
El documento, titulado «Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial», denuncia que el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad: las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, alcanzando las 4.369 muertes.
A continuación, el detalle del estado de las principales rutas del país según el relevamiento técnico:
Ruta Nacional 33 (Buenos Aires – Santa Fe): Es calificada como uno de los casos más críticos, donde transitar es «jugar a la ruleta rusa». Conecta los puertos de Bahía Blanca y Rosario, pero presenta fallas estructurales donde la base del asfalto ha cedido. Los parches actuales duran menos de seis meses por el tránsito pesado de la cosecha.
Ruta Nacional 151 (Río Negro – La Pampa): Vital para Vaca Muerta, su estado es de «abandono total» con baches tipo «cráter» que obligan a circular por la banquina. El diagnóstico técnico indica que el bacheo ya no sirve y requiere una reconstrucción total para soportar los equipos petroleros.
Ruta Nacional 35 y Corredores Patagónicos: Se reportan tramos con superficie totalmente desgranada y pérdida de áridos.
Llegar a Esquel y codillera chubutense desde el Norte o el Sur es una verdadera aventura. Falta de conexión aérea y destrucción casi total de las principales rutas nacionales de acceso. ¿Conspiración nacional, desidia local o desinversión programada?
Rutas nacionales en Chubut: grave deterioro en todos los tramos. Incluyen la RN 25 (Rawson-Tecka, que cruza la meseta) y la RN 26 (Conecta la costa con el interior sur), además de tramos de la RN 40 que atraviesan la provincia, la RN 259 (Esquel-Chile) y la RN 260. Todas ellas afectan gravemente la circulación ciudadana, condiciona el transporte y los servicios, y afecta de plano el turismo.
Declaraciones del Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sobre el deterioro de las utas nacionales, hace un año
La situación en el noreste es alarmante, afectando el comercio internacional con Brasil y Uruguay.
Ruta Nacional 121 (Corrientes): Conecta con el Puente Santo Tomé-São Borja. Sufre una «falla estructural completa» con ahuellamiento severo; no admite más bacheo, necesita reconstrucción total.
Ruta Nacional 119 (Corrientes): Es un «punto rojo» de seguridad vial, especialmente cerca de Curuzú Cuatiá, debido a la mezcla de camiones y turistas en una calzada con «piel de cocodrilo» y bordes rotos.
Ruta Nacional 120 (Corrientes): Une Ituzaingó y Virasoro. El tránsito de industrias forestales destruyó la calzada, dejándola con tramos intransitables.
Ruta Nacional A015 y 136 (Entre Ríos): Son los accesos a los puentes de Salto Grande y Fray Bentos. Presentan descalce de banquinas y agotamiento estructural, pese a ser corredores turísticos y de exportación claves.
Ruta Nacional 1V11 (Santa Fe): Atraviesa la zona portuaria con un deterioro crónico que el bacheo recurrente no logra solucionar.
En la provincia con mayor caudal de tránsito, la parálisis de las obras de transformación en autopista agravó los riesgos.
Ruta Nacional 5: Denominada por los usuarios como el «peaje hacia la muerte» debido al aumento de tarifas sin mejoras. La obra de la variante Suipacha avanza a ritmo lento o nulo, generando congestión y accidentes en un tramo con capacidad insuficiente.
Ruta Nacional 3: Las obras están paralizadas, especialmente en el tramo San Miguel del Monte – Gorchs. Es el acceso de la producción cerealera al puerto de Bahía Blanca y registra alta siniestralidad por choques frontales.
Ruta Nacional 7: Aunque hay tramos de autopista, la variante Chacabuco está paralizada desde 2025, obligando al tránsito a cruzar zonas urbanas o desvíos peligrosos. Se reportan baches profundos en colectoras y falta de iluminación.
Ruta Nacional 34 (Jujuy – Salta): Clasificada de «Alto Riesgo». Las obras financiadas por el Banco Mundial para convertirla en autovía quedaron inconclusas tras el abandono de las contratistas y el vencimiento del préstamo. Presenta ahuellamiento profundo por el transporte de caña de azúcar y logística internacional.
La responsabilidad federal sobre el sistema vial nacional pese a la evidente situación de ‘falta a los deberes públicos’ no ha sido motivo de reclamos judiciales pese al enorme perjuicio sobre las comunidades y la pérdida de vidas que en muchos de los casos viene significando.
En paralelo, han sido los propios trabajadores los que han recogido el guante y desde la
La Federación de Personal de Vialidad Nacional desde hace más de dos años vienen declarando la «emergencia vial» en todo el país exigiendo una respuesta del Gobierno Nacional. «La actual paralización del organismo está atentando directamente contra la integridad y la seguridad de los usuarios de nuestras rutas y el ejercicio diario de nuestra soberanía sobre nuestros caminos y territorios», declararon.
Además, la federación denunció despidos injustificados y el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad con despidos de trabajadores esenciales, como ingenieros, maquinistas, mecánicos, topógrafos, laboratoristas y obreros. La falta de insumos básicos y la paralización de la compra de combustible, repuestos y mezcla asfáltica también afectan gravemente el mantenimiento de las rutas.
En Juio de 2025 Milei disolvió directamente la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mediante el Decreto 461/2025, transfiriendo sus funciones al Ministerio de Economía y buscando optimizar rutas con participación privada, aunque la medida fue frenada temporalmente por la justicia, que suspendió el decreto para proteger a los trabajadores.
Desde la Federación rechazan la idea de «provincializar» las rutas nacionales y la instalación de peajes, argumentando que esto sólo busca la privatización y el negocio para un grupo de empresarios. Un proceso ya conocido en la Argentina, vinculado a sobreprecios, desinversión y obras inconclusas. Un escenario poco más que preocupante desatado por la gestión libertaria que lidera Javier Milei.
