7 febrero, 2021
LA VICEPRESIDENTA ESTÁ IMPUTADA EN LA CAUSA VIALIDAD, POR EL DESTINO DE 60 MILLONES DE DÓLARES
El próximo miércoles se conocerá la sentencia de un proceso judicial que ya lleva más de siete años. Son tres los jueces que deben resolver la suerte de 27 implicados en una trama extensa y compleja. El tema excluyente es que en esta resonada causa está implicado Lázaro Báez, cercano al presidente Néstor Kirchner convertido en empresario dilecto del establishment y millonario en pocos años, y sobre todo donde también implica la gestión de Cristina FK. Un tema absolutamente sensible para el partido gobernante y extremadamente importante para la institucionalidad nacional por tratarse nada menos que de la actual vicepresidenta de la Nación en ejercicio.
Para los entendidos tribunalicios habría pocas chances de una absolución, sin embargo la presión política y la gravedad de las consecuencias que traería la condena sobre los demás acusados desataría una verdadera crisis política, en momentos en que el país intenta recuperarse financieramente y renegociar deuda y plazos con el FMI.
Para la oposición, la toma de deuda en la que incurrió Cambiemos con Macri a la cabeza, y por lo cual el albertismo arrancó con un lastre prácticamente impagable de deuda, no fue otra cosa que la asistencia que se necesitó ante un vaciamiento financiero que se produjo durante los mandatos populistas de Cristina. Pero en ese marco de estado asistencialista también se imputan causas en curso que investigan además posibles malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Una de las causas claves es precisamente la que tiene como protagonista a Lázaro Báez, y que se definiría esta semana.
La investigación surgió de un trabajo periodístico de Jorge Lanata que incluyó el testimonio audiovisual de Federico Elaskar y Leonardo Fariña (este último mediante una cámara oculta), admitiendo ambos su participación y el rol de Báez como testaferro de Néstor Kirchner. Las maniobras financieras habrían sido realizadas para enviar a la banca suiza alrededor de 55 millones de euros en un lapso de seis meses y en el desvío de fondos públicos adjudicados a empresas de Lázaro Báez para la realización de obra pública. Días después ambos desmintieron sus propios dichos.
Además de la denuncia original de Stolbitzer, el abogado particular Alejandro Sánchez Kalbermatten realizó dos denuncias basadas en el contenido del reportaje de lanata, y luego se realizó otra por la diputada Elisa Carrió. El 15 de abril de 2013, el juez Sebastián Casanello quedó a cargo de la investigación de los movimientos de Leonardo Fariña y de Federico Elaskar en la financiera SGI y el posible lavado de activos con dinero de Lázaro Báez.
El juez cuestionó el accionar de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en particular del fiscal antilavado Carlos Gonella. Pero en diciembre de 2014 la Cámara Federal cuestionó el trabajo del juez, destinó la causa contra las acciones del PROCELAC al juez Martínez de Giorgi. Asimismo, instó a Casanello a realizar «una radiografía de la situación patrimonial y financiera de todos los investigados, incluidos Báez y su familia, así como de sus empresas».
En julio de 2016, la Cámara volvió a remarcarle al juez realizar una investigación más profunda de los hechos e incluir sobre un posible «acuerdo de voluntades entre Báez (y su grupo económico) y Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que se inició a partir de las relaciones personales (y/o comerciales privadas) pero que habría derivado en la asignación y realización de negocios con el dinero estatal».
En 2016, además de Lázaro Báez, fueron procesados su hijo Martín Antonio, Daniel Pérez Gadín, Sebastián Pérez Gadín, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot, Jorge Oscar Chueco, Julio Enrique Mendoza y Claudio Fernando Bustos
Lázaro Báez Rodríguez es un empresario chileno nacido en 1956 en Osorno, Región de los Lagos, Chile, pero curiosamente se dice que es argentino de Corrientes donde vivió su infancia, Argentina, advierte Wikipedia remitiéndose a una investigación de Los Andes. Posteriormente se radicó en la provincia argentina de Santa Cruz. Contrajo matrimonio con Norma Calismonte y fueron padres de Luciana, Melina, Leandro y Martín Báez. En 1990 entabló una relación con Néstor Kirchner, quien entonces cumplía su último año de intendencia en Río Gallegos y comenzaba el lanzamiento de su campaña para disputar la gobernación, elección que ganaría al año siguiente.
Báez terminó el colegio secundario y trabajó muchos años como empleado bancario, tanto en el Banco Nación como en el Banco de la Provincia de Santa Cruz. Desde 2005 ascendió rápidamente por la enorme cantidad de obras públicas adjudicadas a sus empresas, que obtuvieron el 82 % de las licitaciones en contratos estatales otorgados por el gobierno de la provincia de Santa Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Conformó el directorio de Austral Construcciones S.A., que obtuvo la mayor cantidad de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en ese período, y que ganó el 12 % de los contratos licitados por el Ministerio de Planificación, siendo Julio de Vido el ministro, y en cinco años recibió 4000 millones de pesos en contratos estatales y 1200 millones en contratos de la provincia de Santa Cruz. Además, la empresa «Austral Construcciones», es investigada por supuesto lavado de dinero en el Principado de Liechtenstein (…)
“Vi durante siete años cómo mi familia, hijos, compañeros fueron víctimas de una persecución sistemática del poder político, la prensa, gran parte del Poder Judicial», dijo Lázaro Báez el 30 de diciembre del año pasado cuando tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras. Los medios no estaban muy concentrados en lo que pasaba en ese juicio (realizado íntegramente por zoom debido a la pandemia): esa misma madrugada se había aprobado la ley de aborto legal, seguro y gratuito.
La instancia de “últimas palabras” es la última parte que atraviesa un juicio antes de la sentencia. Es el momento en que los acusados pueden explayarse más allá de los hechos estrictamente relacionados con la causa. Según nuestro ordenamiento jurídico, el mismo día en que hay últimas palabras, debe haber condena. Pero en casos que tienen múltiples imputados, la regla se desdibuja un poco: se “parten” en grupos y puede haber varios días de últimas palabras.
Eso es justamente lo que está sucediendo en este causa, que empezó en octubre de 2018. Esta semana, fue Martín Báez el que le habló a los jueces que integran para este caso el Tribunal Oral Federal 4: Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti. “No cometí ningún delito, pero tengo la vida destrozada y ya estoy socialmente condenado”, resaltó. Sus hermanos (Leandro, Melina y Luciana) ya habían anticipado que no querían decir nada.
Este miércoles 10 las chances de que haya sentencia son muchas. No está confirmado aún porque todavía queda un grupo de imputados con la posibilidad de dar sus últimas palabras. Si por algún motivo el Tribunal quisiera partir esto, la decisión pasaría para el 17 de febrero. En debates extensos, el momento de dictar el veredicto (condenatorio o absolutorio) suele tener estos retrasos: el trabajo de las vocalías (los empleados que trabajan directamente con cada uno de los jueces) es intenso. Hay recolección de testimonios, repaso de ciertas cuestiones, análisis de los informes que se exhibieron durante el juicio.
Los papeles dicen que una vez que el último de los imputados dice sus últimas palabras (o desiste de hacerlo), los magistrados se van “a deliberar” y ponen un horario donde se conocerá el veredicto. Las malas lenguas en Tribunales dicen que es el momento de comer porque, básicamente, todo está definido desde antes. En muchos casos puede que sea así pero en otros realmente se discute los términos de la condena: cuantos años, qué delito, ¿hay detención inmediata?
En este caso, los tres jueces deben definir qué sucede con los 27 implicados en esta trama extensa y compleja. La Ruta del Dinero tiene múltiples aristas: la investigación que tuvo a su cargo el juez Sebastián Casanello habla de una estructura jurídica, societaria y bancaria tanto en Argentina como en otros países para canalizar, transferir, vender y poner en el mercado, fondos de procedencia ilícita. La suma que se investiga es cercana a los 60 millones de dólares.
Cuando se acusa a alguien de lavado de dinero, se debe tener lo que se denomina como “delito precedente”. Es decir, ‘si tengo que blanquear plata, es porque de algún lado ilegal saqué ese dinero’. En el caso de la Ruta del Dinero, la acusación habla, entre otros aspectos, de la causa Vialidad, donde además de Lázaro Baéz está imputada y en juicio, la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Allí la acusación es por haber conformado entre mayo de 2003 y diciembre de 2015 “una asociación ilícita destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos del Estado Nacional, asignados a la obra pública vial”.
En los ambientes tribunalicios siempre juegan las apuestas. Casi nadie cree que el Tribunal vaya a absolver a Lázaro (los pedidos de pena de las querellas y de la Fiscalía fueron contundentes), por más esfuerzo que haya hecho su defensa en el último tramo de la causa. Apuntar hacia el lado más flojo de la acusación puede ser interesante para un futuro planteo en Casación: el rol de Fariña, a quién el sistema judicial parece haber apadrinado prácticamente.
No obstante, la apuesta de casi segura condena guarda una incógnita sobre el futuro: ¿qué pasaría si la causa Vialidad naufraga y termina en absoluciones? ¿Qué pasaría con el delito precedente? El juicio por Vialidad tendrá un año plagado de testimoniales y no se avizora ni siquiera una fecha cierta de alegatos. ¿Y Hotesur y Los Sauces, que aún ni siquiera tienen fecha de inicio? Estos dos casos (ahora bajo el mismo paraguas) también fueron señalados como pata generadora de las ganancias ilícitas que en parte fueron ocultadas tras el supuesto fraude fiscal.
Una vez que se conozca el veredicto, el Tribunal dirá también cuando estarán los fundamentos de su decisión, el documento donde explican por qué condenaron (o no) a los imputados. Ese fallo debe ser, por supuesto, revisado en Casación que suele tomarse sus tiempos para dar su opinión. Mientras tanto, el tiempo pasa: la causa arrancó en 2013, fue elevada a juicio en 2017 y tendrá sentencia en 2021. Lázaro Báez espera esta primera resolución desde un domicilio que sigue en reserva, luego de estar más de cuatro años en prisión preventiva en una cárcel.
*DataClave, DJ, NA
