7 julio, 2021
Los funcionarios del área Hugo Chirino y Roberto Luna explicaron la metodología de control y fiscalización en una charla organizada por la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros del Chubut (CAPEM). Destacaron el rol del desarrollo tecnológico.
Funcionarios del área de minería de San Juan destacaron los controles ambientales que durante 24 horas en tiempo real se realizan en los proyectos, y que se complementan con los monitoreos participativos, a los cuales pueden acceder todos los habitantes de la provincia y de los Departamentos en los que se llevan adelante los desarrollos.
Estos aspectos fueron parte de una nueva charla transmitida en vivo por Facebook en el marco del conversatorio «Minería y Medio Ambiente» que organiza la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut.
La charla contó con la participación del secretario de Gestión Ambiental y Control Minero del Gobierno de San Juan, Hugo Chirino, y de Roberto Luna, director de Fiscalización y Control Ambiental Minero, órgano que supervisa con la llamada «policía minera».
El presidente de la CAPEM, Gerardo Cladera, dio la bienvenida y dijo que «siempre han sido ejemplos de desarrollo minero las provincias de Santa Cruz y de San Juan».
En tanto, Chirino, ingeniero de Minas, puso en valor que «la actividad minera es una política de Estado para todos los sanjuaninos», y resaltó: «Nuestra gestión de control ambiental arranca mucho antes de que los proyectos se desarrollen: empieza cuando una empresa solicita una propiedad minera».
«Desde ese momento -dijo- las empresas presentan un informe de impacto ambiental. No pueden hacer ningún trabajo en terreno hasta que ese informe no esté aprobado», y agregó que el estudio «no es aprobado por el Ministerio de Minería o algún ente en particular», ya que «tenemos 14 organismos que representan a todo San Juan», entre los cuales mencionó «el Departamento de Hidráulica, la Dirección de Gestión Ambiental y Control Minero, donde está el área de Aguas Subterráneas; la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de Cuyo, Salud Pública, entre otros». Estos organismos «empiezan a evaluar la propuesta de la empresa».
«Este organismo multifacético, con profesionales muy prestigiosos en cada una de las áreas, analiza el informe y se lo presenta a la sociedad sanjuanina. Se hace una evaluación que lleva un tiempo prudencial donde se va escuchando a la empresa y a los especialistas», agregó.
Chirino explicó que «sobre el informe de impacto ambiental que presenta la empresa, la sociedad pregunta sobre un montón de cosas: el consumo de agua, si el agua va a ser subterránea, cómo se manifiestan los acuíferos. Si hay que hacer ampliaciones también se la solicita a la empresa en función de la comunidad sanjuanina».
«Una vez que se evalúa -continuó- se entrega a la empresa la declaración de impacto ambiental. Se le da el permiso para empezar a explorar, y ver si el recurso que tiene la provincia es rentable para hacer un proyecto minero».
De esta manera, dijo, «el Estado toma el control de todo el sistema minero. Eso es lo que nos está haciendo crecer y es a lo que aspiramos los sanjuaninos: que sea una de las actividades más importantes».
En relación con el acceso de la comunidad, Chirino explicó que se realizan monitoreos participativos, con gente no especializada. Puso como ejemplo que «donde está el proyecto minero, con el municipio hacemos de manera conjunta la toma de agua, con la participación de la sociedad de manera directa, y con la intervención de profesionales».
Así, «no solo hay controles de la empresa, sino también de organismos del Estado y a través de la sociedad. En el monitoreo participativo puede participar la persona que quiera para hacer la toma de muestras con los técnicos designados por la Municipalidad y la Provincia», añadió.
Además, mencionó que en una página web oficial «se anuncian los eventos y se dan a conocer todas las actividades mineras. Por ejemplo, ahí se publica la ampliación de un valle de lixiviación. Sobre esas tareas futuras se planifican también los controles y las inspecciones ambientales».
En este sentido además pusieron como ejemplo que en el proyecto de cobre Josemaría -uno de los más grandes del país que demandará unos 3.000 puestos de trabajo para la etapa de construcción prevista en 4 años- su estudio de impacto ambiental estuvo para consulta pública en oficinas estatales durante 60 días.
En tanto, Luna, geólogo, indicó que «el rol del Estado» en la actividad y en el control ambiental minero «es de acompañamiento permanente».
«Nuestro Ministerio de Ambiente tiene dos pilares: una Secretaría Técnica y una Secretaría de Gestión Ambiental. La Secretaría Técnica analiza los trámites de concesión minera, donde nace y se inscribe el proyecto», graficó.
Manifestó que «el sí de la comunidad que conseguimos lo mantenemos con controles, y con nuevos proyectos», e indicó que «la minería en San Juan no es solo metalífera».
En relación con el trabajo de la policía minera, Luna resaltó que «con la tecnología ha cambiado la forma» de controlar: «De una simple inspección a partir de todas las legislaciones que siempre tomamos como base, con la visita al lugar, ahora estamos más sistematizados, con instrumental y procedimientos. Hemos certificados Normas ISO y eso ha sido una sumatoria muy importante, como control de calidad».
«Seguimos tres pasos para el control: la prefiscalización, la fiscalización in situ y la post fiscalización. Nuestro cuerpo está integrado por ingenieros de minas, geólogos y técnicos mineros», resaltó.
En este marco enfatizó que «hoy la tecnología permite tener en forma rápida toda la información vinculada con el trabajo minero. Tenemos universidades muy importantes de la que egresan profesionales, y cuidamos que participen profesionales sanjuaninos. Procuramos tener un porcentaje establecido de gente del Departamento en que se desarrolle el proyecto, y otro del resto del país».
Y añadió: «Hay un monitoreo las 24 horas, que se ha logrado en los últimos años al establecer en cada una de las minas cámaras con alta resolución, de 360 grados, que están colocadas en puntos claves de los procesos».
«Se obliga a la mina a tenerlas, pero también tenemos cámaras del Estado, y contamos con un centro de monitoreo. Además tenemos una aplicación por la cual se pueden ver las cámaras desde el celular, cosa que yo mismo hago», indicó.
Dijo que algunas de las cámaras están colocadas «en puntos fijos», mientras que a otras «las movemos con la aplicación», con lo cual «si es necesario, nos ponemos en contacto para saber qué pasó en alguna circunstancia».
De manera complementaria, «tenemos laboratorios propios, en los que podemos tener resultados en pocas horas. Eso nos ha ayudado a crecer como fiscalizadores».
«Al controlar en tiempo real, la empresa toma en serio las cosas y trata de solucionarlas cuando es necesario. Y podemos hacer un control más exhaustivo en el menor tiempo posible», finalizó.
