25 enero, 2022
La pelea entre la provincia de Mendoza y el gobierno nacional por la represa Portezuelo del Viento sumó un nuevo capítulo que elevó las tensiones y puso en duda el futuro de la hidroeléctrica.
La semana pasada venció el plazo del pedido de “pronto despacho” que realizó el distrito cuyano para lograr un laudo presidencial que ponga fin a la controversia, pero desde la Casa Rosada objetaron la legalidad del proceso y desconocieron la presentación.
“Una vez más el Gobierno Nacional busca perjudicar a Mendoza al no tomar una postura clara sobre Portezuelo del Viento, ahora pretendiendo hacer creer que nuestra provincia no instó al laudo, cuando en realidad fue pedido en la misma audiencia referida quedando de forma expresa en el punto 6 del Acta 73″, cuestionó el gobernador vía Twitter y reconoció que no les quedará otra alternativa que volver a insistir con una nueva presentación.
“Vamos a reiterar nuevamente el pedido de laudo y la solicitud de viabilidad de la obra, toda vez que todos los estudios de impacto ambiental están realizados y aprobados”, afirmó.
Cabe recordar que el entonces presidente Macri ya había fallado a favor de la obra, con la que se avanzó en la licitación durante el 2020. No obstante, los cuestionamientos de una provincia aliada como La Pampa a los estudios de impacto ambiental realizados por Mendoza, hizo que la Rosada anule el proceso.
Si bien desde la coalición oficialista culparon al gobernador Rodolfo Suárez por “la ausencia de gestión que demora la obra”, como dijo Anabel Fernández Sagasti, lo concreto es que Portezuelo representa un verdadero problema para Alberto Fernández y lo que más le conviene es seguir postergando su definición.
El problema es que la provincia cuenta con un fallo de la Corte Suprema que avala la transferencia de fondos para su construcción y no puede hacer nada al respecto. Al mismo tiempo, un visto bueno generaría un serio conflicto con La Pampa, justo en un momento en el que Fernández necesita del apoyo de todos los gobernadores peronistas.
“Están todos los estudios hechos, pero Nación le abrió la puerta a la política a la obra y desde ahí ha sido y va a ser un problema adjudicar esa obra. Jurídicamente le puede costar millones de dólares a Mendoza. Por lo tanto, el gobernador va a buscar certezas jurídicas para poderla adjudicar sin que tenga perjuicios para los mendocinos”, explicaron fuentes allegadas a Suárez.
De acuerdo al artículo 29 del estatuto del Coirco, “el árbitro tendrá 30 días para recabar informaciones y antecedentes, y para realizar toda diligencia que considere necesaria para mejor proveer. Vencido dicho término, deberá laudar dentro de los 30 días siguientes, pudiendo ampliar los plazos dentro de los 30 días siguientes, mediante decisión fundada”.
De todos modos, y dada la complejidad que representa la obra, no es descabellado pensar en nuevas demoras que terminen de agotar la paciencia de Suárez. De hecho, en Mendoza ya comenzó a hablarse de otras represas hidroeléctricas como alternativas menos polémicas para darle utilidad al dinero hoy inmovilizado en un fondo fiduciario y así poder traccionar esta industria con la que tienen varios planes de desarrollo de proveedores pymes.
