9 agosto, 2022
CHUBUT ES LA CUARTA PROVINCIA MENOS ASISTIDA ENTRE LOS 24 DISTRITOS DEL PAÍS
En lo que va de 2022 Nación le giró a las organizaciones sociales 332.574 millones de pesos, mientras que a las Provincias les envió 16.592 millones para atención de desarrollo social y sectores vulnerables. El cuestionamiento de fondo es el presunto uso político de los aportes discrecionales canalizados de manera directa, en lugar de institucionalizar los giros, fortaleciendo y transparentando las políticas públicas. A la par, la devoción a San Cayetano desató movilización masiva y hasta la exigencia de los dirigentes que se cree un nuevo ministerio nacional de la Economía Popular.
Según un informe que realizaron los bloques de diputados y senadores de la Unión Cívica Radical, el gasto del Gobierno nacional dirigido directamente a organizaciones sociales es veinte veces mayor que el que se destina a programas que ejecutan las provincias.
La comparación se da tiempo después de que en el Ministerio de Desarrollo Social le pusieran la lupa al envío de recursos y a cómo las organizaciones sociales hacían ese reparto entre los beneficiarios.
Por caso, trascendió que el Polo Obrero les cobra un 2% de lo que reciben a los 60.000 afiliados que tienen y que cobran el Potenciar Trabajo, el principal programa social que paga el Gobierno.
A partir de ello, desde Desarrollo Social avanzaron con el pase de 180.000 planes desde las organizaciones a Intendencias y Provincias y en que cada beneficiario pueda elegir la unidad ejecutora desde donde percibe sus haberes.
El análisis de los datos surge en pleno contexto de reclamos de parte de las organizaciones sociales contra el Gobierno, en pos de cobrar más fondos de los que perciben actualmente y solicitando la ampliación de cupos del Potenciar Trabajo, lo cual la Rosada viene negando. No obstante, acaba de dar un bono extraordinario de 11.000 pesos que los beneficiarios del plan cobrarán en agosto.
Alberto mantuvo una reunión con las organizaciones sociales afines el 13 de Julio con dirigentes Esteban “Gringo” Castro, Ángel Adolfo Borello, Cristián Javier Romo, Alejandro Garfagnini, Beatriz Fleischman, María Mireyra Esteves, Laura Pugliese, Alejandro Abregú y Luciano Álvarez, además del secretario de Economía Social, Emilio Pérsico
El relevamiento que surge de la UCR ahonda en cómo se hizo ese gasto y describe que las sumas transferidas a intendencias y gobernaciones se realizaron a los programas de Fortalecimiento a Comedores Escolares, Acompañamiento en Situaciones de emergencia, Proyecto de vulnerabilidad social y Articulación e Integración Institucional, entre otros.
La provincia de Buenos Aires, por padrón, fue la más favorecida en ese reparto. En estos siete meses se le giraron 9.438 millones de pesos (56,9% del total), mientras que a la ciudad de Buenos Aires no se le transfirió un solo peso. Salta y Tucumán, con 1.799 millones y 1.463 millones, completaron el podio de las más favorecidas por el reparto. Mientras que Chubut aparece al final del podio como la cuarta provincia que menos recibió para asistencia social con $29 millones en 7 meses.
Después, hubo fondos para Chaco y Misiones, otras dos provincias gobernadas por el peronismo, con 748 millones y 642 millones de pesos respectivamente. Le siguieron en el listado Entre Ríos, Santiago del Estero, Santa Cruz y Tucumán, con una cualidad en común: el Frente de Todos gobierna en todos esos distritos.
Recién en el décimo puesto aparece la díscola Córdoba y detrás Corrientes, undécima en el reparto y primera provincia de la lista que administra la UCR, con Gustavo Valdés. Junto a CABA, que tuvo ingresos nulos en este tiempo, en el fondo de las que menos recibieron en este lapso están San Luis y Mendoza (gobierna el radicalismo), con sólo 12 millones de pesos cada una.
El cuadro con los giros realizados a las provincias.
El texto revela cuánto dinero se transfiere directamente a personas, a través de las organizaciones sociales. En ese listado también predomina la provincia de Buenos Aires, aunque con fondos muy superiores a los que se giran directamente a las gobernaciones
Exactamente 135.495 millones de pesos se entregaron a las organizaciones radicadas en suelo bonaerense en estos siete meses, el equivalente a un 42% del total. Segunda sí surge en este caso la ciudad de Buenos Aires, con recursos transferidos por 27.749 millones, el 8,3% del global. Córdoba le sigue, con el 5,1%, unos 16.885 millones.
El listado lo continúan organizaciones sociales de Tucumán, Santa Fe, Salta y Chaco, con fondos que van de los 16.536 millones a los 13.011 millones de pesos. Siguen Misiones, Mendoza y Santiago del Estero, con ingresos de entre 9.550 millones y 12.494 millones.
Las provincias que menos dinero reciben a través de personas y organizaciones sociales son Tierra del Fuego, La Pampa y Santa Cruz, con fondos entre 590 millones y 1.666 millones de pesos.
El cuadro con las transferencias realizadas a las organizaciones sociales.
La falta de políticas de fondo para atacar la caída del poder adquisitivo e impulsar un cambio productivo y social, es uno de los males endémicos de la política criolla y latinoamericana, para nada casual, tal como lo exponen la historia y las estrategias de dominación de las grandes potencias.
Para algunos analistas, de izquierda y de derecha, la política ha ‘utilizado’ la necesidad colectiva para la construcción de poder y el control social, y los resultados están a la vista.
Este fin de semana, los movimientos sociales oficialistas le exigieron al gobierno de Alberto Fernández la creación nada menos que de un ministerio de la Economía Popular.
También reclamaron medidas para bajar la inflación y que “favorezca a los sectores más desprotegidos”. Además, criticaron las auditorías a programas como Potenciar Trabajo, e insistieron, entre otros puntos, con el Salario Básico Universal, una medida que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, ya anunció que no se implementará por falta de fondos.
La movilización partió desde el santuario del patrono del pan y el trabajo y culminó en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Los discursos de cierre contaron con los aplausos de las más de 300.000 personas, que peregrinaron desde las ocho de la mañana, y fueron los más fuertes y contundentes desde que Fernández llegó al poder, el 10 de diciembre de 2019.
Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP y referente del Frente Popular Darío Santillán, fue una de las dirigentes que se montó en la realidad social para interpelar al gobierno: “Las cuentas deben cerrar con la gente adentro”. Y agregó: “Solo escuchamos medidas y respuestas para los mercados, para las petroleras, para los que se la vienen llevando en pala hace muchísimo tiempo. Hoy venimos a plantear algo con mucha firmeza y mucha bronca: no vamos a tolerar que quienes se sienten encima de la comida y especulan todo el tiempo, obtengan respuestas, y ‘los de abajo’ no” advirtió la militante feminista.
“En la Argentina tenemos 16 millones de pobres. En Salta y Chaco siguen muriendo niños por malnutrición”, enumeró y se preguntó: «¿ En serio no van a tener ninguna respuesta para los sectores populares?».
Todo un escenario para el análisis.
