24 agosto, 2020
PARA CHUBUT HABRÍA DOS JUZGADOS FEDERALES EN LO PENAL, UNO PARA COMODORO Y OTRO PARA MADRYN
El nuevo proyecto de reforma judicial que intentará aprobar esta semana el Senado tiene letra chica. Llamativamente, el dictamen aprobado por los senadores oficialistas crea 9 salas o cámaras de apelaciones, una instancia de revisión de los juzgados federales que hasta ahora estaba en manos de otras provincias.
En concreto, son 27 cargos de jueces de Cámara, uno de los sueldos más altos en la estructura judicial, y unos 90 cargos de funcionarios y empleados. Como dato provincial, de aprobarse el proyecto se crearían dos nuevos juzgados federales penales en Chubut, uno más en Comodoro Rivadavia y otro en Puerto Madryn.
En total, solo ese agregado de las cámaras implica 41 nuevos cargos de magistrados y 202 de funcionarios y empleados. Esa proliferación de cargos responde a un acuerdo de fondo con los gobernadores peronistas para asegurarse el apoyo en ambas cámaras.
Las nuevas salas, funcionarían en Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Rosario, Santa Fe, Formosa, San Luis y Mar del Plata.
La mayoría son distritos peronistas. Las tres excepciones son Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales, la ciudad de Rosario, a cargo del intendente Pablo Javkin, del Frente Progresista Cívico y Social, y Mar del Plata, gobernada por un intendente de Cambiemos como Guillermo Montenegro. “En esos casos no les suma para la votación (de la reforma) pero es un favor a futuro en jurisdicciones estratégicas”, admitieron desde las filas de Cambiemos.
La sala que se le agrega a la Cámara Federal de Mar del Plata tiene una particularidad: es la única de las 9 salas/cámaras que no recibiría una estructura reflejo del Ministerio Público. De hecho, la iniciativa prevé 8 fiscales de cámara (son 56 funcionarios y empleados) y 8 defensores de cámara (con otros 56 funcionarios y empleados).
De las 9 salas, 6 están en gobernaciones peronistas: Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, Formosa, San Luis y Santa Fe.
A cambio, el oficialismo obtiene el apoyo de los senadores que responden a esos gobernadores para darle media sanción a la reforma judicial esta misma semana. Además es una herramienta política para conseguir el quórum en la Cámara de Diputados, donde los números están muy apretados.
Las cámaras serán instancias de revisión de los fallos de los jueces federales de primera instancia, muchos de los cuales no responden a los gobernadores de turno. Hasta ahora, las cámaras de apelación funcionaban en otras provincias: San Luis y San Juan dependen de Mendoza, Jujuy de Salta, y Santiago del Estero de Tucumán, solo por citar algunos ejemplos.
Las nuevas cámaras o salas (donde ya existe una cámara), revisarán los fallos sobre causas de corrupción y narcotráfico. “El agregado es para asegurarse la impunidad”, lanzó un ex funcionario que tuvo su despacho en el Ministerio de Justicia y conoce este tipo de negociaciones. Otro funcionario de Cambiemos agregó: “No hay ninguna explicación jurídica, la única lógica es favor político a cambios de cargos”.
A pesar de algunas sospechas, esas cámaras no serán instancias de revisión en materia electoral.
“Las cámaras de apelaciones en el interior suelen tener mucha dependencia del gobernador de turno, no por militancia sino por miedo o por contraprestaciones futuras. En las provincias los jueces de cámara también suelen ser influenciables por los medios”, advirtió un fiscal federal del interior ante una consulta del diario Infobae.
En total, la inclusión de estas 9 salas en el interior implica 41 nuevos cargos de magistrados de cámara y unos 202 nuevos funcionarios y empleados.
En el Anexo II el Proyecto luego de las modificaciones buscando acuerdo con las provincias, dispone la creación de 63 nuevos Juzgados Federales en diferentes provincias.
En el punto 47 se prevé un Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con idéntica jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia existente y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
A la par en el punto 48 se crea un Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de Puerto Madryn, con jurisdicción territorial sobre los departamentos de Biedma Gastre y Telsen y cuya alzada será ejercida también por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. (Ver https://www.ambito.com/politica/comision/reforma-judicial-se-difundio-el-dictamen-n5126643 )
No es el único agregado en el dictamen de comisión. En total, se crean casi 600 cargos nuevos, teniendo en cuenta magistrados, funcionarios y empleados.
El proyecto que votó el Frente de Todos también crea dos Tribunales Orales Federales en Resistencia (Chaco) y en Ituzaingó (Corrientes). Esto implica la creación de seis nuevos cargos de magistrados de cámara y 36 cargos de funcionarios y empleados. A eso hay que sumarle nuevamente la estructura de fiscalías y defensorías.
También se incorporan 19 nuevas secretarias en los juzgados federales del interior. Hay secretarias en lugares como Chilecito (La Rioja), Rio Turbio (Córdoba) o Perito Moreno (Santa Cruz). El artículo 53 del dictamen establece que las nuevas secretarías deberán contar “con el personal necesario para su correcto funcionamiento”. Aunque el número no está previsto en el proyecto, se calcula unos 266 cargos nuevos, teniendo en cuenta unas 14 personas por Secretaría.
Con todos estos cambios, la estructura del interior totaliza 233 cargos de magistrados y unos 554 de funcionarios y empleados, pero a esos hay que restarle unos 200 cargos de magistrados previstos en el proyecto original.
Según los mismos técnicos que elaboraron estas estadísticas, el proyecto original contemplaba un gasto total en sueldos de más $1700 millones. A eso habría que sumarle más de $1200 millones de inversión edilicia. Esa cifra no incluye los gastos operativos necesarios para que funcione cualquier oficina judicial: vehículos, internet, luz, gas, agua, sillas, escritorios, lámparas, armarios, y hasta nuevos sistemas informáticos.
El Gobierno minimizó la inversión que demanda la reforma y hasta ahora no expuso las cifras concretas de la reforma judicial. Recién la semana pasada, en base a un informe de la ministra Marcela Losardo, la senadora María de los Ángeles Sacnun informó en el plenario de comisiones que el costo de la reforma es de unos $1.900 millones.
La cifra precisa es $1939 millones, dijeron en fuentes oficiales, aunque todavía se desconoce el desagregado.
Con los nuevos cargos, el costo total se habría duplicado. Los técnicos que analizan cada detalle de la reforma estiman que la masa salarial total creció a unos $2400 millones. A eso hay que sumarle otros $2400 millones en infraestructura y unos 1150 millones en infraestructura tecnológica. Según esos datos, el costo de la reforma ahora treparía a la cifra de $6000 millones, casi el doble que los mismos técnicos habían proyecto para el proyecto original.
*AF. Infobae, Parlamentario, propias
