El tribunal de este juicio está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. El fiscal es Diego Luciani.
31 enero, 2022
Nada parsimoniosa será la actividad judicial en lo que queda del verano y los meses que siguen. Las grandes causas de corrupción abiertas en el país se reactivan, con declaraciones testimoniales importantes en algunos casos y definiciones y hasta veredictos en otros.
La más inmediata expectativa está puesta en el expediente Vialidad. El Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina declararán este martes como testigos en el juicio por fraude en la obra publica que se sigue contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.
En tanto, el Tribunal Oral Federal 2 citó para el próximo 8 de febrero a declarar como testigo al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Tendrá la chance de hacerlo por escrito al igual que los otros acusados.
La declaración del Presidente se da al reanudarse el juicio el martes con la declaración de exjefes de gabinete durante el gobierno de Cristina Kirchner. Por ello, entre los convocados también estará Aníbal Fernández.
En tanto, para el 7 de febrero están citados el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.
Pero también se espera más adelante la citación a audiencias de revisión de los sobreseimientos a Cristina y otros acusados en las causas Hotesur, Los Sauces y Pacto con Irán.
Es este contexto de tensión judicial, se realiza este martes la marcha del 1F, impulsada por sectores vinculados al oficialismo con el objetivo de “democratizar la justicia” y protestar contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia y contra el funcionamiento del Poder Judicial. Exfuncionarios y sindicalistas implicados en causas de corrupción, así como abogados y organismos de derechos humanos participarán de la movilización, aunque se advierten algunos distanciamientos dentro del oficialismo con este proceder. La oposición calificó a la marcha de golpista.
Un repaso por el detalle de las causas que toman vigor estos días y los sucesivos, en un 2022 que se preanuncia cargado de novedades judiciales en torno a los temas de corrupción, tras un período de letargo, alimentan la politización y el debate en torno a la Justicia por estas definiciones:
Los acusados son Cristina Krichner, Julio De Vido, José López, Báez y Carlos Santiago Kirchner.
Están en tela de juicio las licitaciones de obras públicas en beneficio de Báez, condenado por lavado de dinero.
El 8 de febrero está citado a declarar el presidente Alberto Fernández. También estarán los testimonios del exsecretario Legal y Técnico Carlos Zaninni (mañana 1 de febrero), el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y tres exjefes de Gabinete: Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández.
Massa y Capitanich declararán el 7 y Aníbal Fernández el 8. Podrán hacerlo casi todos por escrito, a excepción de Abal Medina.
Las declaraciones fueron pedidas por el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi. Las testimoniales de los ex jefes de gabinete adquieren relevancia por haber sido ellos quienes reasignaban partidas presupuestarias a las obras públicas que Vialidad Nacional financió en Santa Cruz.
Advierte La Nación que “esta causa pende de un hilo pues la Corte Suprema tiene media docena de recursos con reclamos de Cristina Kirchner que puede tener consecuencias tales como la anulación del caso o la ampliación de las medidas de prueba que se realizan”.
Los jueces de la Sala I, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa deberán decidir si confirman los sobreseimientos de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia o si lo revocan y ordenan que se realice un juicio oral y público.
El tribunal oral federal (con los votos en mayoría de Daniel Obligado y Adrián Grumberg) había concedido a fin del año pasado el recurso de apelación de la fiscalía para que la Cámara de Casación revise esa sentencia.
Los jueces de la Casación podrían tomar decisión cerca de mayo, se especula.
Todo ese proceso hace pensar que no habrá ninguna novedad hasta entrado el mes de mayo.
En esta causa también fue sobreseída Cristina sin juicio oral. La Cámara de Casación (Barroetaveña, Petrone y Figueroa comenzará la revisión tras la feria judicial.
Como la causa viene adelantada, se estima que en la primera quincena de febrero el tribunal estará en condiciones de convocar a una audiencia a los querellantes y a las defensas para que argumenten, para luego confirmar o rechazar el sobreseimiento y, eventualmente, ordenar un juicio oral.
La Cámara Federal de Casación debe revisar la condena a 12 años de prisión por lavado de dinero impuesta contra Lázaro Báez el año pasado. Hay convocada una audiencia para el 26 de mayo. Junto con Báez están condenados sus cuatro hijos (Martín, Leandro, Luciana y Melina), y el financista arrepentido Leonardo Fariña.
Por mayoría, el TOF 4 (Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti) sostuvo que la fortuna que amasó el empresario (unos 60 millones de dólares) provenía de los contratos de obra pública, que se investigan en la causa conocida como “Vialidad”, donde Báez está siendo enjuiciado junto la vicepresidenta Cristina Kirchner. El llamado delito precedente.
Asimismo, en el inicio del año están previstas sentencias por los juicios orales contra los exfuncionarios kirchneristas Ricardo Jaime y Julio de Vido, además del sindicalista portuario Omar “Caballo” Suárez.
El exsecretario de Transporte Jaime -el único que sigue preso- está acusado de adquirir un yate de más de un millón de dólares y un avión de cinco millones de dólares, además de casas, autos, departamentos y hoteles. El ex ministro De Vido está acusado de partícipe necesario. La fiscal federal Gabriela Baigún pidió que Jaime sea condenado a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito, fraude y cobro de sobornos por la compra de trenes chatarra.
Para De Vido, la fiscalía pidió cuatro años de prisión. El exministro ya fue condenado por la tragedia de Once a cinco años de cárcel en un fallo que no está firme.
Los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panello y Fernando Canero dictarán el veredicto.
Omar “Caballo” Suárez, extitular del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), enfrenta un juicio por asociación ilícita, entorpecimiento de vías navegables y coacción.
Es juzgado por Daniel Obligado, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez. Hay posibilidades de que se vea librado de los cargos en su contra, especula La Nación, ante pruebas débiles en los peritajes contables y porque su actividad puede quedar al amparo del ejercicio del derecho de huelga. Es juzgado junto a otros 25 imputados.
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