13 julio, 2025
UNA SITUACIÓN BISAGRA PARA EL GOBIERNO NACIONAL
La semana política comienza esperando los pasos que dará el Gobierno Nacional tras la sanción de las leyes de recomposición jubilatoria, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, sobre las que el presidente Javier Milei ratificó su decisión de vetarlas y abrió un complejo frente político, además de enfrentarse al repudio generalizado a nivel social.
El Ejecutivo evaluaría tres estrategias posibles: sostener el veto y resistir en el Congreso, judicializar la sesión para ganar tiempo, o intentar recomponer vínculos con algunos gobernadores para evitar nuevas derrotas.
El veto presidencial, atribución constitucional del Ejecutivo, será el primer paso. El Gobierno busca consolidar un tercio de votos en al menos una de las cámaras para impedir que el Congreso insista con las normas aprobadas. La experiencia del veto a la movilidad jubilatoria en 2024 mostró que, con alianzas puntuales y ausencias opositoras, es posible sostener la objeción presidencial.
Si el Congreso lograra los dos tercios para ratificar las leyes, el Gobierno evalúa acudir a la Justicia con el argumento de irregularidades en el procedimiento legislativo. Esta vía es cuestionada por constitucionalistas, que advierten que no hay base legal para impugnar el proceso una vez superadas las mayorías reglamentarias.
Por otra parte, el Ejecutivo intentará recomponer su relación con los gobernadores, claves en la votación de proyectos que afectan la caja nacional. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, bajó el tono de la confrontación y deslizó que “siempre hay margen para el diálogo” y que no todos los mandatarios provinciales son iguales en su administración de los fondos.
El desenlace de la puja marcará no solo el futuro inmediato del paquete fiscal y previsional, sino también la capacidad política del oficialismo para sostener su programa en un escenario de minoría parlamentaria y creciente tensión institucional.
Por otra parte por tratarse de temas tan sensibles y caros para la ciudadanía, la postura del gobierno de Milei sobre la falta de fondos para cuestiones tan importantes ya opacan el festejado achique del déficit fiscal, por haberse conseguido a costa de los sectores más vulnerables en este caso.
Entre las principales críticas se le enrostra a Milei que achique otros sectores como los gastos reservados de la SIDE o gastos superfluos en viajes, donde no han escatimado en todo tipo de giras por cuestiones cuasi personales como recibir un reconocimiento en Europa o concurrir a eventos religiosos o partidarios.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso y la consultora Invecq, las 3 leyes sobre aumento de jubilaciones, extensión de la moratoria y discapacidad, tendrían un costo fiscal anualizado de hasta el 1,7% del PBI, superior a la meta del 1,6% de superávit fiscal acordada con el FMI.
Los ingresos que el Estado deja de percibir por tratamientos preferenciales son el 3,54% del PBI, el más alto desde 2002. En este grupo están las exenciones por Ganancias, a los jueces y al Régimen de Tierra del Fuego, entre otros. Además, el Gobierno destina fondos a la SIDE y a las jubilaciones de privilegio.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, aseguró que los jubilados recibirían «60.000 pesos más». Y afirmó que ese bolsillo «ya no da para nada».
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, cuestionó duramente la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete la ley aprobada por el Congreso que contempla un aumento del 7,2% y la actualización del bono para jubilados. En diálogo con Rivadavia AM 630, Semino consideró que “sería un error” y advirtió que existen recursos suficientes para afrontar esa mejora en los haberes.
“El argumento de que no hay dinero para financiar el 7,2% o el bono de 110.000 pesos es el mismo que se usó con el veto anterior y que también utilizaron otros gobiernos”, señaló. Según el defensor, esa justificación no se sostiene, ya que «los fundamentos del veto están cuestionados judicialmente en casi todo el país con buen éxito».
Semino remarcó que el impacto de esta ley beneficiaría directamente a los sectores más vulnerables, especialmente a los jubilados de la mínima y a las personas con discapacidad. “Por todo concepto, lo que recibirían serían 60.000 pesos más. No varía su situación de fondo, pero es imperdonable no otorgarlo porque ese bolsillo ya no da para nada”, afirmó con crudeza.
*NA/CH
