24 octubre, 2021
El pueblo originario mantiene un reclamo histórico por las tierras ancestrales y el reconocimiento del Estado. En los últimos años, distintos episodios -incluidas las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel- pusieron el foco en el conflicto, que no logra resolución.
Por Santiago Pérez Chiconi
El conflicto mapuche en la Argentina y Chile, que volvió a recrudecer en los últimos días y tuvo episodios como las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, lleva muchos años y se origina por el reclamo de propiedad de tierras en la Patagonia, entre otras demandas.
Los mapuches son un pueblo originario de la Patagonia, desde antes de que este territorio austral de Sudamérica fuera dividido entre Chile y Argentina y que cuenta con un idioma propio.
Según se indica, llevan más de 12.500 años de existencia en el territorio patagónico, pero su población disminuyó considerablemente tras las campañas militares del siglo XIX.
El comienzo de las tensiones en el sur de Argentina y Chile se da a partir de las compras de grandes extensiones de terreno, entre ellas la de la familia italiana Benetton que adquirió 900.000 hectáreas en la Patagonia, a principios de la década del 90.
En la provincia del Chubut, gran parte de los reclamos mapuches se orientaron contra las propiedades rurales del Grupo Benetton, que alcanzan el departamento Cushamen, en el noroeste de la provincia, donde desarrollaron los hechos que llevaron a la muerte de Santiago Maldonado en 2017, en medio de un protesta de la comunidad mapuche Pu Lof.
Poco después se produjo la muerte de Rafal Nahuel en otro episodio relacionado la conflicto mapuche, a un lado del Lago Mascardi que domina un grupo mapuche y donde se impidió que policías y fiscales entren al lugar para hallar evidencias e iniciar las investigaciones que den con el asesino del joven.
El reclamo mapuche es lograr el reconocimiento de su identidad cultural de parte del Estado y que se conviva pacíficamente con los pueblos originarios, además de políticas públicas en parques nacionales y municipios donde haya asentamientos de las comunidades.
No obstante, en los últimos años surgieron grupos más radicalizados como la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que lidera Facundo Jones Huala, que plantea un desconocimiento del Estado argentino.
«Son un grupo que se ha autoproclamado como un pueblo originario y tienen un forma totalmente distinta a lo que ellos llaman la lucha por la recuperación de las tierras», considera Federico Massoni, ministro de Seguridad de Chubut.
El funcionario señala que para recuperar la tierra, estos sectores, que no son grandes ni numerosos, utilizan la violencia y el miedo contra las personas e incendios de instituciones o edificios emblemáticos del lugar.
«Si bien hace unos ocho años se viene desarrollando esto, últimamente está tomando mucha fuerza. Se viene dando de forma sistemática en Río Negro y Chubut», plantea Massoni.
Las autoridades patagónicas sostienen que hacía tres años y medio no había ataques como el reciente incendio en El Bolsón -que motivó el pedido de ayuda de la gobernadora rionegrina Arabela Carreras al presidente Alberto Fernández- debido a que se había detenido a Huala y extraditado a Chile.
Según le dijo Huala a medios argentinos, el núcleo del conflicto es el «no reconocimiento por parte del Estado argentino de la posesión ancestral de las tierras y del principio internacional de la autodeterminación de los pueblos».
En 2006, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.160 que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de 4 años, la cual fue prorrogada sucesivamente y vence el próximo noviembre.
Entre las problemáticas que motivaron el proyecto se señaló que existe una brecha significativa entre el marco normativo en materia indígena y su implementación real, la existencia de muchas comunidades indígenas que continúan sin ser relevadas en el Registro técnico, jurídico y catastral que establece la referida ley nacional y, fundamentalmente, la creciente conflictividad territorial que involucran a diversos grupos originarios.
A fines de septiembre, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, se reunió con el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos y con referentes de comunidades originarias a los efectos de que se incluyera el proyecto tratamiento dado el inminente vencimiento de la última prórroga en noviembre.
«Esta ley atiende la emergencia territorial de los diferentes pueblos originarios de nuestro país, por ello junto a las organizaciones de comunidades indígenas y de derechos humanos, como así también universidades, les estamos requiriendo que consideren algunas modificaciones necesarias como un financiamiento apropiado para poder afrontar los relevamientos de cientos de comunidades que aún nos faltan relevar», resaltó Odarda en ese momento.
La titular del INAI recordó: «Si bien el proyecto original que impulsó el ex presidente Néstor Kirchner contemplaba este presupuesto que hoy requerimos, lamentablemente en el transcurso de las siguientes prórrogas se ha quitado. Las comunidades originarias necesitarán de un paraguas de protección por ello insistimos en que también será importante contar con una ‘Ley de Propiedad Comunitaria’ porque es una deuda pendiente del Estado con los pueblos indígenas desde la reforma de la CN de 1994″*.
Hay que decirlo además, muchas veces estos reclamos de los pueblos originarios han sido y son capitalizado por sectores revoltosos respaldados desde la política para poner en jaque a las provincias políticamente díscolas, donde se terminan confrontando posturas ideológicas con el consiguiente impacto negativo en las comunidades del interior. Situaciones en las que los reclamos originarios quedan muy relegados a los verdaderos intereses de esos violentos accionares, que sólo alejan más la empatían social y postergan las definciones esperadas por los pueblos indígenas.
