24 enero, 2022
Las mujeres son seguramente lo mejor de la política actual. Ahora les toca protagonizar la primera elección del 2022, un año que se esperaba apartado de la urnas. Antes del 15 de abril, abogados y jueces de todo el país tienen que elegir a representantes en el Consejo de la Magistratura, para recomponer el organismo según el criterio de «equilibrio» que restauró la Corte en su último fallo.
Por Ignacio Zuleta
Si antes del 15 de abril no se reintegran los estamentos de manera de balancear los sectores, el Consejo perderá legalidad y el sistema de justicia quedará paralizado del todo. Jueces y abogados han decidido que los nuevos cargos a elegir en elecciones nacionales serán mujeres – una jueza de primera instancia, dos abogadas – para cumplir con la exigencia de sexo que impone la legalidad vigente en todos los terrenos de la representación.
Esta elección puede decidir el manejo del Consejo hasta noviembre, cuando se harán nuevas elecciones, por la renovación vegetativa de la representación. El 6 de abril los abogados elegirán a dos mujeres, según el reglamento que este lunes aprobará el plenario del Consejo. Será la primera compulsa desde las legislativas del 2 de noviembre y comprometerá a más de 60 mil profesionales, a los que sólo pueden movilizar los partidos políticos nacionales.
Entre los jueces la pelea será disputada. En las elecciones por las autoridades de la Asociación de Magistrados de la última semana de noviembre, la oposición ganó por un margen estrecho contra los candidatos del oficialismo. La lista Bordó sacó 857 votos contra 816 de la Celeste. Apenas 41 sufragios de diferencia. La Celeste expresa a los sectores del cristinismo, y ese resultado se atribuye a los beneficios del Gobierno hacia los magistrados desde 2019. La fecha de esta nueva elección es el 7 de abril.
El Gobierno dispara una batalla en el Congreso con una ley de nuevo Consejo para las sesiones e extraordinarias. A la espera del chupinazo – cohete que da la largada a los toros del San Fermín – mañana el bloque de senadores de la oposición hará la primera reunión del año. Será para redondear el documento que los asesores de todos los partidos de Cambiemos han elaborado en esa cámara. Es el decálogo que resume los principios que van a defender en el debate sobre el nuevo formato del Consejo de la Magistratura. Hablando en plata, defenderán los 20 miembros, el equilibrio de estamentos que pide la Corte y la presidencia del organismo para el titular del Supremo.
El interbloque que preside Alfredo Cornejo albergó una comisión de asesores que se inspiró en los proyectos de Mario Negri, Pablo Tonelli, Silvia Giacoppo y desde el larretismo, Diego Marías. Esa comisión, que coordina el secretario legislativo Juan Pedro Tunessi, llevará el documento a la Mesa Nacional de Cambiemos para que se redacte un proyecto en la cámara alta. Corre por los palos el proyecto de Marías, consejero que representa al PRO de Rodríguez Larreta, que sanitiza políticamente al organismo. Lo deja en 15 miembros, le quita representación al Gobierno y a la Suprema Corte. También despega a la representación política del Congreso.
Los integrantes, propone, serán representantes de diputados y senadores, pero no serán ellos mismos. Una audacia esta de despegar de la política a un Consejo del que espera tanto la política. Pero eso de que la Corte se queda afuera le puede agradar al oficialismo, que teme como al demonio que alguno de los magistrados del Supremo se siente en la presidencia del Consejo.
Este grupo tiene un tribunal de alzada que es, como todo en la vida, un grupo de whatsapp que anima el Olimpo judicial de la oposición: Negri, Ernesto Sanz, Ricardo Gil Lavedra, Gustavo Ferrari, Miguel Piedecasas, Gustavo Menna. Rescatarán el proyecto final.
El oficialismo ya cuenta los votos para imponer el propio: los 17 miembros sin silla para la Corte, según la letra de Vilma Ibarra, redactora de la iniciativa. El peronismo tiene 35 votos; puede sumar a los senadores de Río Negro y Misiones para llegar a la mayoría especial de 37 que requiere el proyecto. Ojo, 37 sin el Covid, que es hoy la variable de ajuste del quórum en un Congreso en donde ya no hay más posibilidades de participación remota. En ese quórum, el peronismo tratará de asegurarse el voto de la riojana María Clara del Valle Vega. Ha jugado en tándem con Juntos por el Cambio, pero tiene pendiente un ajuste de cuentas con esta franja de la oposición. Se la tentó para el quórum de Bienes Personales, pero resistió.
Es clave lo que pueda pasar ahora. En esta doma a pelo de voluntades, figuran algunas trapisondas burocráticas, como demorarle los contratos a asesores y empleados de bloque, que pueden tener fidelidad dudosa y designaciones transitorias. Es un drama de todos los años, que se hace más agrio cuando cambia la composición de la cámara. Ajustar el quórum por el lado del salario de los transitorios es una de las canalladas de la vida legislativa. Pero con un oficialismo con números en caída se convierte en un veneno para la convivencia.
Por si eso falta, hay revisión de circuitos mayores. Uno es la revisión de lealtades en el peronismo “federal”. Sergio Uñac cerró, en la semana cuando lo visitó Alberto (que dejó el tendal de contagiados), el acuerdo con el Gobierno nacional para que le bajen tres juicios que había iniciado contra la Nación bajo la administración de Macri. Era porque le habían mandado al reperfilamiento – sin avisarle – los bonos que había suscrito San Juan bajo los ministerios de Dujovne y Caputo. Estar en paz con los gobernadores ayuda en el Senado – donde además está un hermano de Uñac.
Otra señal de apoyo incondicional vendrá de Formosa, que ya tiene al jefe de la bancada, Mayans, y que pone al nuevo director general del ente Yacyretá, Fernando de Vido. Este funcionario viene de ser tres veces intendente de la capital de Formosa, maneja la Vialidad provincial y responde a Gildo Insfrán, presidente del Congreso nacional del PJ. Va en reemplazo de Ignacio Barrios Arrechea, quien recibió una designación real en 2019 de parte de Cristina de Kirchner, por ser el hijo de «Cacho» – gobernador radical de Misiones- y no por su experiencia como contratado en el ente durante el gobierno de Macri. Quizás por estar casado con una hija del general Roberto A. Shaw, que tuvo destinos en el sur del país. La esposa de Arrechea Jr. fue compañera de colegio de Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner y el legendario «Bombón» Mercado, sindicalista del petróleo y hombre de la prehistoria del peronismo kirchnerista.
Por esa relación lo nombraron en Yacyretá, y por la misma real gana ahora se va. Este de Vido aferra las relaciones dentro del oficialismo del Senado, en donde un voto vale la vida. Lo que queda por probar es hasta dónde llega el amor de los “federales” al peronismo del AMBA para mezclarse en la pelea judicial, objetivo privado del cristinismo cuyo interés público queda por probar.
Minucias de la vida legislativa, que se anima a veces con incidentes como los del último día del año, cuando los asesores del renunciante Esteban Bullrich encontraron sus oficinas “fajadas” por la seguridad del Senado. Era el despacho que iba a ocupar José Torello, que no pudo jurar porque el bloque de su partido se retiró del recinto. Los que vienen de Bullrich y sus asesores, que seguirán con Torello cuando asuma, eran parias en los pasillos del Senado. Es un área coqueta, que tiene salida hacia la calle Combate de los Pozos y está enfrente del despacho que ocupó Federico Pinedo cuando presidía el Senado.
El mismo método aplica Sergio Massa en Diputados. La cámara baja suele dictar un asueto en enero para refacciones en el palacio (que se están realizando). Desde que Eduardo Camaño fue presidente de Diputados, el asueto de enero se justificó en el ahorro de energía. Julián Domínguez le agregó receso a los contratos de asesores de comisiones, para ahorrárselo hasta marzo, cuando comienza el nuevo año legislativo.
Es un test que cae en tiempos turbulentos. El oficialismo no se repone aún de la derrota del 22 de noviembre, cuando perdió más de 5 millones de votos y dio vuelta un ciclo prometedor que podía ilusionarlo, después de derrotar a Macri en 2019. El público exige lo que no puede darle y sus funcionarios no pueden ni irse de vacaciones sin que se lo reprochen los movileros. Las únicas que pueden permitirse son para aislarse por el Covid, como Alberto en Olivos o Kicillof en Chapadmalal (nadie le advirtió lo irritante que es decir en público que se aisló en una residencia de veraneo de funcionarios, que pagan los contribuyentes).
La oposición en cambio, danza en la cubierta del crucero de la felicidad. Se acomoda a los codazos en una foto en la que nadie arriesga el principal activo, la unidad. De eso se trata el minué de la oposición, en realidad una sucesión de fotos de quién se encuentra con quién. Se acomoda mejor a lo que Jesús Rodríguez llama el “bicoalicionismo imperfecto” que caracteriza este ciclo político (documento “¿Ir rápido o llegar lejos?”, 2022). Le corre a unos y otros, oficialismo y oposición, el drama de que ese armado de coaliciones puede facilitarle un éxito electoral, pero no alcanza para gestionar con eficacia.
El Gobierno que se enreda en sus propias banderas: alzó la agenda económica como la principal consigna de gestión, de manera de comprometer a la oposición en sus relaciones con el FMI. Como el escenario es de «atraso» de pagos y de pre-default, es un búmeran que se le vuelve en contra. No hay electorado que masivamente premie a nadie por acordar con el FMI. Lo experimentó Cambiemos con la derrota de 2019; a nadie le votan porque le pongan un supositorio. Pero menos aún paga una ruptura, como lo experimentó este gobierno en 2021, que habló tanto del FMI que le votaron en contra.
Más atrasos y un default equivalen a menos confianza en el futuro. Por más alaridos que se escuchen, quien tiene que dar confianza es el Gobierno, y la ventanilla de facturación son las urnas. La crisis del peronismo es de método. Sus dirigentes ensayan recetas de antaño en un mundo que cambió. La ventanilla más activa del peronismo, que es el cristinismo, es un museo en cuanto a estrategia. Sus hechos y sus dichos suponen instrumentos antiguos, micrófonos, medios, plazas, balcones, atriles, tuits con posicionamientos sobre temas herméticos, para expertos, como la deuda financiera o la reforma judicial. Todos esos instrumentos de antaño imaginan un sujeto que ya no existe, que es el «pueblo» según la descripción analógica, predigital.
El fenómeno de los gobiernos de la última década supone que el sujeto activo no es el «pueblo» sino la «vecindad»: los individuos que conversan no sólo en las redes sino en canales que han superado a la sociología barata de zapatos de goma. Aquella noción de «pueblo» suponía la división entre la muchedumbre en la plaza y la “élite”, esa vanguardia iluminada que explica y conduce. Una Cristina desde el tuit y el Instituto Patria, articulando revoluciones junto a Parrilli y José Mayans. Es un velorio por la TV en blanco y negro. Apenas una ventanilla para quejarse de lo mal que andan las cosas.
La oposición asume de manera más mansa esta nueva realidad de las coaliciones horizontales. Se resiste a admitir liderazgos en honor a la unidad, y desmenuza en documentos y seminarios alguna metodología que le evite, si llega a ser gobierno otra vez, las rispideces de la convivencia.
*EC/NA
