31 julio, 2024
¿QUE PASARÁ EN CHUBUT CON LA DISPOSICIÓN NACIONAL POR SOBRE LA PROVINCIAL?
La mayoría de las Provincias que tienen actividad minera se incorporarán al régimen, pero algunas plantean objeciones puntuales o proponen proyectos propios. Chubut simpatiza con el RIGI por el petróleo, pero pondría restricciones a la minería que está prohibida por Ley.
El régimen (RIGI) abarca 65 de los 234 artículos de la ley Bases agrupados en 12 capítulos. Pero una disposión -tal vez la más importante a nivel federal además de la que define sectores alcanzados- es la estipulación de que cualquier norma que “limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe” lo establecido en esta nueva norma libertaria, sea a nivel nacional, provincial (en el caso de las provincias que adhieran al régimen) o municipal “será nula de nulidad absoluta e insanable” ( Art 165). Con lo que surgen grandes y fundados temores del avasallamiento de las soberanías provinciales en las definiciones que adoptan con sus recursos naturales.
En un contexto de creciente expansión de la producción minera en Argentina, muchas provincias mineras, como Río Negro, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy, recibieron con optimismo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que estimuló en Gobierno en la Ley de Bases.
Sin embargo, otras como Chubut, Santa Cruz y Neuquén todavía están evaluando el marco normativo con el que podrían -o no- plegarse a la medida.
El RIGI requiere de la adhesión de las Provincias y todavía está a la espera de ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, luego de su aprobación final en el Congreso. Pero todo indica que su implementación traerá no pocos debates en el interior profundo.
El Gobierno sostiene que la estabilidad legal, junto con beneficios fiscales y tributarios, entre otras ventajas del RIGI, serán suficiente para atraer grandes inversiones en proyectos de al menos 200 millones de dólares, típicos de la minería. Y por supuesto promete que esos proyectos traerán derrames para las zonas de explotación, un tema donde el interior ya tiene una larga experiencia de decepciones con el poder central.
La situación actual es que mientras, la mayoría de los gobiernos provinciales con proyectos mineros en desarrollo están gestionando su incorporación al régimen, establecido por la Ley Nacional Nº27.742, con la expectativa de que fortalecerá el sector productivo.
Con una cartera de varios proyectos exploratorios, Río Negro fue la primera provincia en presentar una propuesta legislativa para sumarse al RIGI bajo la gestión del gobernador Alberto Weretilneck, aunque aquí -y más allá de que la decisión podría impactar en la minería- la decisión está vinculada principalmente a otra actovodad.
La provincia patagónica está promoviendo a Punta Colorada como una opción viable para la instalación de la planta de GNL que proyecta YPF con Petronas, proponiendo desarrollar un nuevo puerto de aguas profundas en un proyecto que compite con Bahía Blanca, en Buenos Aires.
En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo también presentó una iniciativa legislativa para sumarse al RIGI, con el objetivo de impulsar proyectos como Don Sixto (actualmente suspendido), San Jorge y Potasio Río Colorado, con el que espera reactivar la producción de ese mineral.
Cornejo aclaró que la propuesta será una «ley corta» de adhesión a la ley Bases, ya que no incluirá exenciones de impuestos provinciales a los inversores.
Además, Mendoza está llevando a cabo la segunda fase del Plan Pilares, un proyecto público-privado que busca fomentar la minería sostenible, enfocándose en la extracción de cobre y potasio y promoviendo una transición energética eficiente en la provincia.
Esta estrategia pone un énfasis especial en el cobre y el potasio, minerales estratégicos a nivel global: el cobre es crucial para las nuevas tecnologías de transición energética, mientras que el potasio es vital para la recuperación de suelos en la agricultura intensiva.
En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil está gestionando la incorporación de la provincia al RIGI, junto con la legislación interna (Resolución N°498/14) que exige a las mineras contratar al menos un 70% de mano de obra y servicios locales, se considera crucial para aumentar el empleo en la región.
Jalil envió un mensaje claro a la Legislatura provincial, advirtiendo que si no se aprueba la adhesión al RIGI, Catamarca “quedaría en desventaja” respecto a otras provincias.
Salta aún no adhiere al RIGI y hace unos días el diputado libertario Roque Cornejo presentó en la Legislatura salteña la propuesta de adhesión a la Ley Bases y Puntos, con énfasis en el régimen de inversión.
Este mes, entró en operaciones el primer proyecto de litio salteño, Centenario-Ratones, y hay una treintena de iniciativas en desarrollo, incluyendo Mariana, Pozuelos, Pastos Grandes, Taca Taca, Rincón y Salar de Arizaro.
Jujuy debatirá en las próximas semanas la adhesión formal al RIGI. El gobernador de la provincia del norte, Carlos Sadir, envió a la Legislatura local un proyecto para que la provincia se convierta en la segunda en el país en avalar el mecanismo.
Sin embargo, el secretario de la cámara minera local, Nilo Carrión, señaló que esta medida no resolverá de inmediato la crisis laboral ni generará ingresos rápidamente, debido a los largos plazos de desarrollo de la minería.
En Jujuy se encuentra la operación de litio Salar de Olaroz, una de las tres en fase de producción en el país, y se preparan otras como Cauchari, La Providencia y Cauchari-Olaroz.
En San Juan, diversas entidades, incluyendo la cámara minera local, la Unión Industrial de San Juan, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Comercio Exterior y el gremio Comerciantes Unidos, solicitaron la adhesión al RIGI.
Estas organizaciones, que representan a cientos de pymes, ven en el regimen de incentivos una oportunidad para crear encadenamientos productivos y generar empleo.
En San Juan se encuentra la mina de metales preciosos Veladero y más de 30 prospectos, entre ellos Josemaría, Los Azules, Filo Del Sol y El Pachón.
A pesar de ser una de las provincias con mayores exportaciones mineras, Santa Cruz aún no ha definido una posición clara respecto al RIGI.
El ministro provincial de Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez, reconoce que podría aumentar la inversión, pero todavía advierte que se están evaluando sus impactos.
Santa Cruz tiene alrededor de 20 proyectos mineros, principalmente de oro, como Cap-Oeste, Cerro Moro, Manantial Espejo, Cerro Negro y Don Nicolás.
En Chubut, el ministro de Economía, Andrés Meiszner, anunció que el gobierno provincial presentará un proyecto legislativo para sumarse al RIGI, aunque con algunas reservas.
En la provincia se contemplan iniciativas relacionadas con el uranio, como Laguna Colorada, Laguna Salada, Cerro Solo y Meseta Central, además de proyectos de metales preciosos como Navidad y Suyai.
Pero en Chubut rige la Ley 5001 que prohíbe la explotación minera a cielo abierto y cuyo intento de limitación a través de zonificaciones acarreó una verdadera guerra social en la provincia. El flamante gobernador Ignacio Torres ya advirtió que no habrá minería si no hay licencia social.
Por su parte, el gobierno de la provincia de Neuquén, liderado por Rolando Figueroa, avanza con la creación de un Régimen de Incentivos para Pymes, conocido como el «RIGI neuquino».
Este proyecto busca fomentar las inversiones productivas en todo el territorio provincial y ya cuenta con un borrador que, una vez finalizado, será enviado a la Legislatura para su tratamiento.
Así las cosas, si bien aún falta la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, el gobierno espera que el ya aprobado Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la ley Bases impulse proyectos en los 8 sectores a los que está destinado: Petróleo y Gas, Forestoindustria, Turismo, Infraestructura, Minería, Tecnología, Siderurgia y Energía
Ese es parte del plan de despegue que abona el oficialismo en busca de inversiones y derrame de dólares para recomponer las sufridas arcas públicas.
*DC/AF/EJ
