16 agosto, 2020
En el Congreso de la Nación se tramita una Ley sobre protección ambiental de humedales que podría afectar significativamente importantes actividades económicas que se desarrollan en Chubut. Desde el avistaje de ballenas y la recolección de vieyras y mariscos, hasta la extracción de petróleo, la cría de ovinos, la agricultura bajo riego y la minería podrían ser seriamente afectadas en su desarrollo, si se sanciona esta Ley de Protección Ambiental de Humedales, que ya está en estudio en el Congreso de la Nación.
En el marco de los recientes incendios de pastizales de las islas del Paraná, las Comisiones de Ambiente de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación se encuentran debatiendo ocho proyectos sobre de una futura Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Humedales (LPMPAH).
Vale remarcar que los humedales actualmente están protegidos en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente (Nº 25.675) y en la Convención Internacional de Ramsar sobre los Humedales (incorporada a la normativa argentina mediante las Leyes Nº 23.919 y Nº 25.335), como así también por lo que determinan cada una de las leyes de protección ambiental provinciales que deben administrar y preservar los recursos naturales de sus jurisdicciones según reza la Constitución Nacional, Artículo 124.
Pero, ¿qué son los humedales? La Convención Internacional de Ramsar define que: son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.
Si bien es indiscutible que la protección de los humedales debe ser un objetivo de la política ambiental, es necesario desarrollar mecanismos eficaces y eficientes que compatibilicen la necesidad de garantizar la razonable protección de dichos ecosistemas, sin impedir el despliegue de las actividades productivas que, con adecuado control estatal, se desarrollen de manera respetuosa con el ambiente, generando empleo y bienestar en las comunidades que los habitan y necesitan recuperar su economía después de la pandemia.
Una ‘sobreregulación’ respecto de la protección ambiental de humedales, podría ser incompatible con los preceptos básicos del desarrollo sostenible, como así también con el sistema federal de administración y protección de los recursos naturales que regulan las provincias.
Los ocho proyectos de ley en danza proponen la realización de un Inventario Nacional de Humedales. Tarea esta que por sus requerimientos demandará importantes recursos económicos, tiempo (no menos de 3 años) y un gran esfuerzo de articulación entre provincias y nación dado que varios humedales ya identificados son compartidos entre provincias. Algunos de los proyectos de LPMPAH proponen que hasta tanto no se complete el trabajo de ordenamiento territorial posterior al Inventario de Humedales no se permita la realización de nuevas actividades ni la ampliación de las actividades existentes estas áreas.
Por las implicancias sociales y económicas que una Ley Nacional de LPMPAH pueda tener para el desarrollo de las provincias y del país todo, se hace necesario incorporar en forma temprana en la discusión de estos proyectos las bases técnicas, legales, sociales y económicas que conduzcan a un proyecto superador basado en las bases del desarrollo sostenible de las economías regionales.
Para ello se deben involucrar a los gobiernos provinciales, consejos profesionales, entidades no gubernamentales como: cámaras de comercio, agrícola-ganaderas, empresariales, turísticas e industriales de cada una de las provincias que puedan verse afectadas por una futura Ley de PMPAH.
https://www.ramsar.org/sites/default/files/fs_6_ramsar_convention_sp_0.pdf
