20 noviembre, 2021
La norma que regula la producción de hidrógeno vence este año y nunca entró en vigencia. Sin marco legal, la inversión en Rio Negro que anunció Alberto Fernández no puede concretarse.
Toda actividad innovadora que acarrea anuncios de inversiones multimillonarias requiere de un marco regulatorio y una autoridad de aplicación. Así es como funciona.
Con la supuesta intención de la australiana Fortescue de invertir mas de 8.000 millones de dólares en hidrógeno verde para el próximo lustro lo que quedó en evidencia es la carencia de un marco normativo.
En el año 2006 el Congreso de la Nación aprobó la ley 26.123, bautizada: «Régimen para el desarrollo de la tecnología, producción, uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector de energía». El texto regula su utilización en la matriz energética. La ley tenía vigencia de quince años, de manera que este año quedará derogada.
La ley que regula la producción de hidrógeno se sancionó en 2016, pero la Secretaría de Energía nunca la reglamentó ni se creó la autoridad de aplicación. Esto la con virtió en una «ley muerta» que venció este año. El megaproyecto que anunció Alberto Fernández no puede comcretarse sin una ley que reglamente la actividad.
Cuando se sancionó, el Poder Ejecutivo designó a la Secretaría de Energía como el organismo responsable de promulgar el decreto reglamentario, donde a su vez correspondía establecer a la misma Secretaría como autoridad de aplicación. Sin decreto reglamentario y sin autoridad de aplicación, la Ley no puede entrar en vigencia. Lo que finalmente sucedió ya que nunca se promulgo el decreto. La ley 26.123, único marco normativo para el uso, producción y desarrollo del hidrógeno.
Según los legisladores consultados todavía no hay avances concretos del ejecutivo nacional para encuadrar el proyecto de extracción de hidrógeno vía energía renovable en Río Negro, anunciado por la comitiva que acompañó a Alberto Fernández a Glasgow como la «inversión del siglo».
Hasta ahora el único que públicamente se mostró interesado en darle un marco legal a la actividad, es el diputado nacional de la UCR de Chubut, Gustavo Menna, que impulsa su propio proyecto.
Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas, anticiparon a LPO que en esa cartera están trabajando su propia iniciativa.
Si bien la ley del 2006 fue promovida por el Partido Justicialista, hay consenso de que es un buen punto de partida. «La ley era buena, lástima que nunca entro en vigencia. En el año 2017 presenté un proyecto de modificación para actualizar el texto y que pudiera entrar en vigencia pero nunca llegó al recinto», afirmó Julio Cobos a LPO.
La ley era buena, lástima que nunca entro en vigencia. En el año 2017 presenté un proyecto de modificación para actualizar el texto y que pudiera entrar en vigencia pero nunca llegó al recinto.
Esta claro que para que se concrete la inversión australiana o cualquier otra, es condición contar con un marco regulatorio. «Yo hace años que trabajo en espacios vinculados a las relaciones exteriores he visto firmar acuerdos pero luego siempre ha faltado que se trasladen a cada una de las dependencias organizativas del estado, tanto nacional como provincial. Entonces quedan en simples acuerdos de buena intención», agregó Cobos.
Según el senador mendocino el problema es que no hay coordinación entre los distintos estamentos públicos. «Se tienen que sentar todos, el Ministerio de Transporte, Ambiente, los organismos vinculados al agua, y los propios de cada jurisdicción», propuso Cobos y agregó: «Hay que salir de estos acuerdos meramente diplomáticos que nunca son puestos en marcha por las deficiencias del Ejecutivo».
