26 agosto, 2022
HABRÁ SEIS MESES DE INVESTIGACIÓN POR DELANTE
El juez Gustavo Castro, procesó a los 24 imputados por los incendios, múltiples daños a edificios públicos y robos el pasado 16 de diciembre en Rawson durante las protestas antimineras. Entre ellos hay dos menores. La investigación tiene 6 meses de plazo.
El fiscal general, Fernando Rivarola, objetó por su parte que el 16 de diciembre del año pasado, “el día más álgido de los disturbios”, se advirtió “una ausencia de una estrategia de seguridad que debió ser planificada por las más altas autoridades”.
Rivarola expuso que hubo una “ausencia total o al menos en número suficiente de agentes del orden que debían velar por la seguridad de los ciudadanos y de los bienes -públicos y privados- en el ejido urbano de la ciudad capital”.
Los imputados son: Nicolás Alejandro Díaz, Lourdes Molina Leguiza, Mauricio Vargas, Brian Díaz, los menores L.M. y G. V., Lucas Espinoza, Jonathan Quiñilaf, Miguel Parsons, Gustavo Colín, Fernando Díaz, Alexis Altamirano, Aldo Tacumán, Daniel Andrade, Kevin Catalán, Walter Saez, Bruno Felices, Damián Díaz, Maximiliano Terán, Agustin Ibañez Acuña, Jeremías Barroso, Jonathan Silva, Fernando Mariana y Walter Colazurdo.
“Todo el radio céntrico de la ciudad de Rawson, lugar de asiento de los edificios centrales de los tres poderes del Estado provincial, quedó prácticamente a merced de los manifestantes”, dijo el fiscal Rivarola. Un señalamiento que deja entrever la responsabilidad que le endilgaría a la ausencia de fuerzas de seguridad que debían garantizar el orden.
Para el fiscal de la causa, esto hizo que se generara “la oportunidad para que grupos minúsculos, mezclados entre quienes se manifestaban legítimamente en contra de la sanción de la ley, tomaran fuerza y de modo desorganizado, improvisados y sin ningún tipo de planificación previa, emprendieran una sucesión de acciones violentas.
Rivarola describió que los atacantes “arrojaron elementos contundentes con el propósito de desplomar los vidrios de los edificios públicos, para luego ingresar en los mismos e iniciar focos ígneos, valiéndose de los recursos existentes en las oficinas (hojas, libros, carpetas) así como saquear las cosas del lugar (computadoras, matafuegos, botellones de agua)”.
Rivarola expresó que “a medida que estos grupos no encontraban resistencia, la efervescencia fue creciendo tomando la vía pública a su antojo y emprendiendo, con elementos rudimentarios, contra los edificios públicos”.
Así fueron atacadas «la casa de Gobierno, la comisaría de Rawson, la Sección Finanzas de la Policía Provincial, el Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Rawson, la Legislatura, el Juzgado Federal, las oficinas de SEROS, el edificio del Ministerio de Educación y otros organismos del estado, aunque también algunos comercios y propiedades privadas”, expuso el fiscal.
Mientras se producía el juicio que pese a ser ‘oral y público’ tuvo fuertes restricciones para la prensa y el público en general bajo argumento que había dos menores imputados, pese a que los mismos no estuvieron en la audiencia, un importante número de manifestantes sse movilizaron a Rawson. Sindicalistas, referente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), partidos de izquierda y vecinos autoconvocados, se dieron cita para ‘bancar’ a los acusados y repudiar el accionar de la Justicia frente a las protestas del «No a la Mina».
Entre los manifestantes se encontraba el ex dirigente de ATECh, Santiago Goodman, quien acaba de ser condenado por el incendio de la Legislatura ocurrido durante las protestas docentes de septiembre del 2019 y se encentra con una condena de prisión en suspenso.
