28 septiembre, 2020
Los integrantes de la Mesa Ovina Nacional presentaron un anteproyecto de Ley para prorrogar y actualizar la normativa N° 25.442, que vencerá en abril de 2021 y que generó 6 dólares por cada uno de inversión. Según los integrantes de la Mesa aseguraron que la ley vigente, “ha demostrado ser una excelente norma, con una mirada de futuro de la actividad, y que se sostuvo aún con serias limitaciones en su financiamiento. También trascendió más de ocho administraciones y fue modelo para otros proyectos de ley agropecuarios de similares características”.
La actividad ovina nacional abarca aproximadamente 140.000 productores en sus distintas escalas y modalidades: desde los muy pequeños, los mixtos, hasta los que tienen a esta producción exclusivamente como un monocultivo ovino. También incluye 14,8 millones de cabezas ovinas, con un valor en la tranquera de 250 millones de dólares y otro tanto en la cadena de valor agregado.
La Ley Ovina tiene como objetivo lograr el crecimiento sustentable de la producción en todos los estratos socioeconómicos, escalas, y zonas agroecológicas, mediante la modernización, innovación y actualización de sus sistemas productivos.
Además, desde dicho espacio sostienen que la ley permitió detener la caída constante de producción, la productividad, el deterioro ambiental y el abandono de los campos. Se logró revertir y estabilizar la situación, en medio de la inestabilidad económica del país, las sucesivas administraciones, y el exiguo financiamiento con el que finalmente se dispuso.
“Así y todo también demostró ser un excelente negocio para la economía nacional y las arcas del fisco, dado que generó seis dólares por cada uno de inversión. Todo ello sin contar los beneficios sociales no monetarios”, expresaron los representantes de los productores.
El anteproyecto que se presentó este mes a cargo del grupo de Legislación y Normativa de la Mesa, fue el fruto del trabajo de todo un año a través de consultas y aportes por parte de técnicos, especialistas, funcionarios, referentes, productores, y dirigentes, entre otros.
En todo este tiempo hubo una revisión del contenido de la normativa y se propuso mantener el espíritu de la misma. Además, se busca incluir los adelantos tecnológicos y las demandas sociales, comerciales y ambientales de esta etapa que se inicia, teniendo en cuenta los aciertos, problemas y errores que entendemos fueron aconteciendo en los años de vigencia”, señalaron los dirigentes de la Mesa nacional.
Si bien en el documento presentado no hay precisiones sobre el tema, el sector ovino pretende que haya un refuerzo de los fondos actuales, que llegan a 100 millones de pesos, los que quedaron desactualizados por los efectos de la inflación y las devaluaciones.
La propuesta presentada proyecta alcanzar en la próxima década un stock de 18 millones de cabezas, recuperar al menos el 60% de los establecimientos vacíos o abandonados, formalizar la producción de carne en el mercado interno, duplicar las exportaciones en volumen y valor, y aumentar en un 50 por ciento el número de empleos directos, temporarios y de servicios en las cadenas.
El objetivo, además, es generar un superávit fiscal global de la actividad de al menos el 120 por ciento base actual, resultante del balance favorable entre el costo fiscal del régimen y lo que la actividad producirá de forma incremental. Por otro lado, los productores proponen aspectos ambientales, como implementar sistemas productivos más estables y predecibles, certificar normas y protocolos de manejo a campo que promuevan reconstituir los suelos y regenerar los pastizales, así como mecanismos que permitan amortiguar las adversidades climáticas.
A todo esto, los productores comentaron que “el cordero argentino compite mano a mano en el ámbito internacional, logrando un lugar destacado en los mercados más exigentes. Sus lanas son conocidas en el mundo por su calidad, a partir del trabajo realizado en conjunto entre la industria y el Prolana, que es el programa de mejoramiento de la calidad de lanas que financia la ley ovina”.
Por estos días, la producción ovina es la más afectada por las fuertes nevadas en la Patagonia, que ha provocado una alta mortandad de animales. Hay que recordar que el gobierno nacional, por sugerencia de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, declaró la emergencia a diferentes zonas de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.
Los productores aseguran que atraviesan “una tormenta perfecta”, por el derrumbe de los precios y mercados nacionales e internacionales de todas las lanas y de la carne ovina, productores en emergencia tapados de nieve en la Patagonia y con sequías extremas en el norte, industrias paradas, ventas casi nulas, dificultades propias del coronavirus para el trabajo y la logística, y la ayuda de la emergencia que no llega.
