19 noviembre, 2024
En un nuevo paso hacia la liberalización del mercado aeronáutico, el Gobierno derogó una norma vigente desde 2013 que obligaba a los organismos de la Administración Pública Nacional utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas. La resolución sale en medio del conflicto todavía no resuelto con los gremios aeronáuticos.
La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la decisión administrativa 1017/2024, refleja un cambio significativo en las políticas de contratación del Estado argentino, alineándose con iniciativas recientes destinadas a fomentar la competencia en el sector y eliminar privilegios legales para empresas estatales.
Desde la promulgación del decreto 1191/2012, los organismos públicos estaban obligados a contratar vuelos exclusivamente con Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas o su operador mayorista, OPTAR S.A., salvo en situaciones excepcionales. Este esquema buscaba beneficiar a empresas en las que el Estado era accionista. Sin embargo, el nuevo decreto 747/2024 anula esa normativa, en sintonía con el decreto 70/2023, que prohíbe otorgar ventajas legales a compañías estatales.
Además, se eliminó la decisión administrativa 244/2013, que regulaba los procedimientos para cumplir con estas contrataciones exclusivas. Con esta modificación, el Gobierno apuesta por una política de «competencia abierta» que permite a los organismos públicos optar por proveedores en función de criterios económicos y operativos, sin restricciones vinculadas a la titularidad estatal.
Estos cambios se enmarcan en la declaración de emergencia pública en materia económica y administrativa establecida por el decreto 70/2023, cuyo objetivo manifiesto es reducir costos y mejorar la eficiencia de los recursos públicos. Al desmantelar las estructuras obligatorias de contratación, se busca favorecer la transparencia y un uso más racional del presupuesto estatal.
La decisión de desregular el mercado no es aislada. En septiembre, la decisión administrativa 888/2024 ya había introducido requisitos más estrictos para los viajes oficiales al extranjero. En ella se establece que los traslados deben gestionarse con anticipación, priorizando rutas más cortas y tarifas más bajas. Según la normativa, “los pasajes deberán emitirse por una misma aerolínea en ruta de ida y vuelta, cuando esta sea la opción más económica, con carácter de no endosable y reintegrable únicamente en la oficina de origen”.
Además, los viáticos y gastos de alojamiento en moneda extranjera ahora se calculan según la cotización del día previo al viaje, tal como informa el Banco Central. La normativa también ajusta los pagos de viáticos cuando las invitaciones incluyen alojamiento o comida, reduciendo significativamente los costos asociados.
Estas reformas no solo buscan aliviar las finanzas públicas, sino que también reflejan una visión distinta sobre el rol del Estado en el mercado. Al eliminarse las preferencias obligatorias hacia empresas estatales, el Gobierno abre un espacio para que otros actores compitan en igualdad de condiciones, redefiniendo el esquema tradicional de contratación en la administración pública.
Aunque esta medida genera tensiones con los gremios aeronáuticos y sectores vinculados a Aerolíneas Argentinas, desde el Ejecutivo sostienen que “el objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos, asegurando la mayor eficiencia posible en cada contratación”.
*EP/FM
