6 agosto, 2020
Cristóbal López y su socio, Fabián De Sousa, se encuentran preparando una millonaria demanda contra el Estado nacional por los supuestos daños y perjuicios económicos mediante la cual reclamarían una indemnización superior a los u$s2.000 millones.
La denuncia se basará en la «persecución» que ambos habrían sufrido durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando perdieron la petrolera Oil Combustibles y fueron enviados a prisión acusados de haber cometido varios delitos fiscales como defraudación, malversación de fondos y evasión tributaria, entre otros.
Tanto López como De Sousa fueron enviados a la cárcel en diciembre del 2017 por el juez Julián Ercolini, tras haberlos procesados por defraudación al Estado en el marco de una denuncia que había presentado la AFIP (que por esos años comandó Alberto Abad) por supuesto desvío para otras compañías del Grupo Indalo de lo recaudado por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) por una suma que originalmente alcanzó los $8.000 millones.
La denuncia derivó en una importante causa con ramificaciones en varios juzgados, tanto comerciales como federales, y abrió un proceso de quiebra de la compañía cuyos principales activos fueron entregados a la petrolera estatal YPF y a DAPSA a cambio del pago de u$s80 millones tras un dudoso proceso de valuación encarado por los síndicos de la empresa.
Es decir, por tres abogados sin experiencia ni idoneidad profesional para valuar activos y que, según una denuncia de los ex dueños de Indalo, habrían copiado el dictamen a semejanza del libro de valuaciones de la década del ´80.
En octubre del 2019, López y De Sousa fueron puestos en libertad por el ex juez Claudio Bonadío, quien había abierto una investigación paralela por la presunta participación de los dos empresarios en la llamada Causa de los Cuadernos. El fallecido magistrado le impuso una fianza de $60 millones a cada uno y ordenó sus liberaciones.
Además, en la causa principal se había producido un cambio sustancial en la situación de ambos como consecuencia de un fallo que resolvió que la maniobra que se les adjudicaba y que había motivado las detenciones en realidad no existió.
En la actualidad, López y De Sousa siguen siendo juzgados por el TOF 3 en un juicio oral y público, acusados de retener el ITC que, por las medidas sanitarias para combatir el coronavirus, se encuentra suspendido.
En ese contexto, trascendió que el proceso judicial que iniciarán contra el Estado apuntará al ex presidente Mauricio Macri; al ex titular de la AFIP, Alberto Abad; al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña y a otros ex funcionarios de la administración de Cambiemos como Mario quintana.
También, por la complicidad de los abogados Ricardo Gil Lavedra y Fabián «Pepino» Rodríguez Simón, abogado personal de Macri y autor de las jugadas más audaces del macrismo en materia judicial.
Dicen que después que resuelva cuentas a nivel nacional, el hombre seguirá por su provincia base, Chubut, donde tendría otras cuestiones no menos importantes que arreglar.
