16 agosto, 2020
Por Verónica Smink
Argentina acaba de lograr un hito importante: un acuerdo con sus principales acreedores privados extranjeros para reestructurar su deuda y salir del «default selectivo» en el que cayó a finales de mayo pasado. Pero ese no es el capítulo final ni único del problema.
Pero lo curioso es que para lograrlo, el gobierno argentino contó con el más inesperado de los aliados: el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para muchos argentinos el Fondo es el equivalente económico del ‘cuco’, porque cada vez que aparece, ocurre algo malo.
El organismo multilateral de crédito, creado tras la Segunda Guerra Mundial para promover «la estabilidad financiera» global, es una de las instituciones más odiadas del país.
Y no es difícil entender por qué: el FMI jugó un papel en varias de las peores crisis económicas que atravesó Argentina.
A poco de crearse le prestó dinero a los gobiernos militares de las décadas de 1950 a 1980, y provocaron decenas de miles de muertos. El exterminio también fue económico: esos regímenes militares engrosaron la deuda externa argentina hasta niveles impagables y provocaron un colapso económico tras el regreso de la democracia.
En las últimas décadas, el FMI continuó jugando un papel central en la economía argentina, siempre con resultados funestos. Pero el evento que intensificó el desprecio de muchos argentinos hacia el Fondo fue la crisis económica de 2001, la peor en la historia del país.
El propio expresidente Fernando de la Rúa, quien debió renunciar como consecuencia de esa crisis, declaró en 2011 que consideraba al Fondo como el responsable de haber desencadenado ese colapso financiero, al suspender un crédito que habían acordado (acusación que el FMI y otros rechazan).
Sería interesante saber qué diría De la Rúa, quien falleció en 2019, si supiera que ahora el FMI se convirtió en un aliado fundamental para Argentina en la renegociación de su deuda con sus principales acreedores extranjeros privados, considerado un paso clave en su esfuerzo por renegociar toda su deuda y tratar de reflotar su economía, nuevamente en crisis.
Porque, si bien estos bonistas extranjeros representan apenas el 20% del total de la deuda pública argentina -que asciende a unos US$320.000 millones- este grupo representaba el escollo más difícil a la hora de renegociarla.
Fue el FMI el que declaró en febrero pasado, tras enviar una misión especial a Buenos Aires, que «la deuda argentina no es sostenible» y que no es «económicamente ni políticamente factible» para el país realizar más ajustes para reducir su deuda.
De esa forma, el organismo basado en Washington se alineó con lo que sostenía el gobierno peronista liderado por el presidente Alberto Fernández, quien había dicho que había «voluntad pero no capacidad de pago».
Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR por sus siglas en inglés), también basado en Washington, dijo públicamente que en sus muchos años de seguir las políticas del FMI nunca antes había visto que esta organización tomara una postura similar.
En el comunicado publicado en febrero pasado, el Fondo no solo estuvo de acuerdo con el gobierno argentino, incluso dio un paso más: aconsejó a los acreedores privados de Argentina que aceptaran recibir menos dinero para restablecer la sostenibilidad de la deuda, lo que finalmente se consiguió.
«Se requiere de una operación de deuda definitiva que genere una contribución apreciable de los acreedores privados», fueron las palabras que usaron en ese momento los expertos del organismo de crédito.
Los medios argentinos lo consideraron un «espaldarazo» al plan de reestructura encabezado por el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, un discípulo del ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz, famosamente crítico del FMI.
El propio presidente Fernández resaltó el respaldo del FMI a través de una serie de tuits y durante la presentación oficial de la primera propuesta de reestructura que presentó su país, a mediados de abril.
Si bien el Fondo no participó directamente en la negociación entre Argentina y sus bonistas privados, dejó en claro que sus recomendaciones tenían como fin influir en esa discusión.
Así lo indicó la propia directora gerente del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva -quien reemplazó en octubre de 2019 a la francesa Christine Lagarde- cuando afirmó que el análisis que realizó el organismo que preside estaba «destinado a servir de guía a las partes involucradas en la compleja situación de la deuda argentina».
Cuando a comienzos de junio se trabaron las negociaciones entre Argentina y los fondos de inversión de Nueva York que poseen unos US$65.000 millones de la deuda argentina, el FMI emitió un comunicado respaldando la propuesta argentina.
Unos días más tarde, Georgieva instó a los acreedores a aceptar la oferta. «Nadie se beneficia si un país se cae por el precipicio de la deuda. El país sería excluido de los mercados, el crecimiento sufriría, la gente sufriría y además los acreedores no recuperarían su dinero», advirtió.
El fuerte apoyo del FMI no solo resultó paradójico por la tensa relación histórica entre el Fondo y los argentinos.
También pareció contradictorio considerando la postura en la que están ambos hoy: el FMI es el mayor acreedor que tiene Argentina, mientras que el país es el principal deudor del organismo multilateral.
Ambas situaciones se relacionan con el gigante préstamo que el FMI acordó con Argentina en 2018, el más grande en la historia de esa organización: US$57.000 millones.
En ese momento los protagonistas eran otros: Lagarde dirigía el FMI y Argentina era presidida por el líder de centroderecha Mauricio Macri, quien un año antes había logrado un importante triunfo en los comicios legislativos y era el favorito de cara a la reelección en 2019.
Pero el inesperado triunfo de la dupla Alberto Fernández-Cristina Kirchner en las elecciones primarias, en medio de una fuerte devaluación del peso, llevaron a que el Fondo suspendiera el envío de dinero.
Argentina terminó recibiendo (y ahora le debe al FMI) US$44.000 millones.
Se trata de la porción individual más grande de la abultada deuda pública argentina, que alcanza casi el 90% de su Producto Interno Bruto (PIB).
Dada la inesperada buena relación con el Fondo, la mayoría de los analistas intuyeron que el gobierno argentino no debería tener problemas para negociar un aplazamiento de los pagos, originalmente previstos para comenzar en 2021. Algunos, como el profesor de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento Alan Cibils, no descartan que incluso el FMI cambie su estatuto para tener mayor flexibilidad a la hora de renegociar, por ejemplo aceptando una quita de capital, algo que nunca antes ha hecho.
Weisbrot lo atribuye a que la nueva dirigencia del FMI reconoció tácitamente que el organismo se equivocó al prestarle dinero a Argentina «bajo condiciones que hacían casi imposible la recuperación económica» de ese país.
«Nunca lo admitirían públicamente», dice, «pero Macri hizo todo lo que pidió el FMI y no funcionó».
Otro experto que prefirió hablar off the record consideró que el préstamo acordado con Macri fue «un intento fallido de financiar su reelección», ya que era el candidato promercado.
«El FMI tiene una pata política y una pata técnica. Al expresidente de Brasil (Fernando Henrique) Cardoso lo financió y ganó», señaló a este medio. No obstante, con Macri «el plan fracasó», dejando al Fondo mal parado.
Pero algunos analistas, como Weisbrot, creen que la actitud del FMI también revela una preocupación que va más allá de las fronteras de Argentina. En una columna de opinión publicada en el diario The New York Times, Weisbrot sostuvo que la renegociación de la deuda argentina sirve como parámetro para los muchos otros países cuya carga de deuda actual es insostenible.
En conversación con BBC Mundo, el analista resaltó que la actual directora del FMI, Georgieva, viene advirtiendo desde que asumió que la economía mundial ha acumulado un endeudamiento récord, lo que pone a muchos países con deudas insostenibles en riesgo.
Kristalina Georgieva, quien asumió las riendas del FMI en octubre pasado, advertía sobre la crisis de deuda mundial incluso antes de que llegara el coronavirus.
En noviembre pasado, Georgieva apuntó en particular contra el sector privado, diciendo que era el «impulsor de esta acumulación» y que hoy «representa casi dos tercios del nivel de deuda total».
Con la llegada de la pandemia del coronavirus, la directora del FMI redobló sus advertencias sobre la crisis de deuda mundial y la necesidad de garantizar que las deudas sean sostenibles.
«El FMI quiere evitar una ola de defaults de deudas soberanas y recesiones prolongadas», afirma Weisbrot, quien considera que la hasta ahora exitosa renegociación de la deuda argentina servirá ahora como «precedente» para otros países en situaciones similares y evitar un crash global.
*BBC
