8 agosto, 2020
LOS JUECES CASTRO Y DI BIASE NO HABRÍAN DILIGENCIADO LOS ALLANAMIENTOS
Por un requerimiento de una ONG internacional con base en Estados Unidos, denominada “Centro Internacional de Búsqueda de Niños Explotados y Desaparecidos”, que investiga la difusión de imágenes de contenido sexual que involucren a menores, la Policía del Chubut hizo ayer operativos de reconocimiento de vivienda impulsado por la
División de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía de Trelew, por una causa que investiga presunta pornografía infantil, con el fin de secuestrar elementos informáticos utilizados para tal fin.
El procedimiento requirió que la información fuera transferida desde la ONG a Buenos Aires, y a partir de allí interviniera la Justicia de Chubut, y solicitara las actuaciones pertinentes la Fiscal Silvia Pereira. El tema en cuestión de acuerdo a las intervenciones internacionales era que las solicitudes eran sobre cuatro domicilios, y en sólo dos casos se intervino.
Lo concreto es que en los dos casos dieron curso inmediato a la investigación y al accionar policial, dos juezas mujeres, las doctoras Mirta del valle Moreno e Ivanna María González.
Mientras que paradójicamente otros dos jueces presuntamente ´minimizaron´ el tema, o por lo menos dilataron la intervención, y no dispusieron la correspondiente intervención. En este caso se trataría de los jueces Gustavo Daniel Castro y Marcelo Nieto Di Biase y no trascendieron los sitios que deberían haberse allanado.
El tema causó sorpresa en algunos ámbitos tribunalicios, por la disparidad con el que se manejaría un tema tan sensible y con tantas connotaciones, que -como se sabe- implica coordinación y diligencia en las intervenciones dada las posibles conexiones que podrían existir entre los involucrados, y tratándose de delitos que atentan la integridad de menores. Algo que aparecería como un desinterés o minimización de los hechos por los que se solicitaban las diligencias, lo que se manifestó en el contraste de actuación que permitieron o no los procedimientos habilitados por las juezas, y no por los jueces jueces intervenientes, frente a similares elementos presentados por la fiscalía para solicitar los allanamientos.
Ante ello, no faltó por supuesto la reflexión además sobre la diferencia de percepción, sensibilización y por consiguiente de acción sobre un tema tan delicado por tratarse de menores, entre magistradxs femeninas y masculinos.
La falta de procedimiento de los jueces seguramente traerá algunas observaciones ya que se estaría faltando a las obligaciones nacionales contraídas en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 44/25, y en cuyo anexo figuran las Directrices para la Justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos.
En los casos que tomó intervención la fuerza de Seguridad a través de la Sección de Delitos Cibernéticos de Trelew, se identificaron y allanaron dos viviendas, procedimientos encabezados personalmente por el Jefe y Subjefe de la Policía del Chubut respectivamente, Miguel Gómez y Néstor Gómez Ocampo.
«Hay un adolescente con sus padres y estamos enfocándonos en los elementos electrónicos. Alrededor de un mes atrás nos llega la información y en principio hay que detectar el IP, solo se secuestran elementos probatorios para la investigación que quedarán a disposición del Ministerio Público Fiscal», confirmó Gómez.
Los jefes afirmaron que el alerta lo disparó la organización internacional “Missing Children”, que se busca averiguar si se transmitía solamente o se producían los videos, y que fueron dos intervenciones.
“Se secuestraron elementos de interés, soporte informático, telefonía y PC» enumeró Gómez que también confirmó por LU20 que “en uno de los casos incluso se encontraría una de las niñas presunta víctima (sic)”.
Entre otras cosas, los datos aportados por la policía en el medio de una investigación de tal sensibilidad llamó la atención a instituciones dedicadas a tales temas.
El Comisario, Ariel Jara, explicó que “el objetivo principal era procurar descartar que el menor involucrado en las imágenes sexuales se encuentre en el domicilio”. Y posteriormente en declaraciones al matutino Jornada, agregó
“No se hallaron menores involucrados en las casas (sic)”, contrariamente a lo antedicho por Gómez que sí confirmó por un medio radial la identificación de una niña en el domicilio.
Asimismo trascendieron los domicilios allanados, aunque allí también hubo contradicciones de direcciones, y sensibilizaciones que hacen a las causas, en función de no revictimizar a posibles víctimas o ventilar información que pudiera invalidar los procedimientos.
Cabe destacar que los procedimientos por este tipo de delitos de consumo y/o producción de pornografía infantil han sido reiterados en los últimos tiempos en la zona del Valle. En septiembre del año pasado hubo tres allanamientos en dos domicilios particulares y un hostel, y hace apenas una semana fue imputado un reconocido exfuncionario provincial, en una causa por tenencia de pornografía infantil de acuerdo a la apertura de investigación realizada por la fiscal María Eugenia Vottero.
