6 septiembre, 2020
El reclamo de la oposición para declarar de la emergencia educativa en medio de la pandemia alcanzaría a al menos diez provincias esta semana, y se podría traducir en una Ley. Es que la UCR advierte sobre el riesgo de una catástrofe generacional y presentó un proyecto en el Congreso para que al declarar la emergencia, el Ejecutivo pueda derivar partidas de otras áreas a la Educación, para paliar la crisis de cientos de miles de chicos que la suspensión de las clases está dejando afuera del sistema educativo.
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, viene de protagonizar un fuerte contrapunto con la Ciudad porque rechazó el plan ideado por la administración de Horacio Rodríguez Larreta para tratar de reinsertar en el sistema a los chicos que no tienen computadora o acceso a internet. Pero el problema de Trotta con la Ciudad se está replicando en varias de las jurisdicciones del país. Sin más, Chubut viene de años de interrupciones del dictado de clases por la crisis económica y la deuda pública, a lo que se sumó ahora la cuarentena.
En Córdoba, el legislador radical Marcelo Cossar presentó un proyecto en sintonía con el que firmó su correligionaria Brenda Austin en el Congreso para solicitar políticas públicas de abordaje del abandono y la deserción escolar. Se estima que este año la mitad de los alumnos de escuelas secundarias de la Argentina no pudo participar de las clases que se dictan por videollamada o a través de Whatsapp desde que comenzó la cuarentena en marzo.
Cossar aseguró que ese porcentaje se replica en Córdoba por la falta de conectividad de los alumnos. El proyecto de emergencia tiene a la conectividad de los alumnos como una de sus principales exigencias, pero también la de los docentes. A su vez, aborda la crítica situación de los transportistas escolares, que no trabajan desde diciembre -sólo lo hicieron durante una semana antes del inicio de la cuarentena en marzo-, y la situación alarmante de los jardines maternales. En Córdoba, cerraron casi 100 de los 550 jardines maternales, que quedaron fuera del abrigo del Estado durante la pandemia.
Proyectos como el de Cossar ya fueron tratados en Santa Fe, donde se le dio media sanción a la emergencia, y ya entraron o entrarán esta semana en otras ocho provincias. Las primeras en sumarse serán Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y San Luis.
