31 marzo, 2022
En acuerdo con la Casa Rosada, 19 mandatarios enviaron una carta al máximo tribunal para impedir que una cautelar le devuelva a la Ciudad el traspaso automático de fondos que consideran excesivos.
Luego de encontrarse este miércoles con el presidente Alberto Fernández y acordar esta estrategia, 19 gobernadores incluído Mariano Arcioni por Chubut, entregaron un escrito ante la Corte Suprema para solicitar al máximo tribunal que no avance con la restitución, por vía cautelar, del porcentaje de Coparticipación que la Ciudad de Buenos Aires recibía desde 2016 cuando se le incrementó su proporción para financiar el traspaso de las competencias de Seguridad.
Los mandatarios provinciales acordaron enviar un escrito al máximo tribunal tras reunirse en la Casa Rosada con el Presidente y el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, con todo un gesto político dirigido a minar el reclamo que Horacio Rodríguez Larreta interpuso en 2020 tras reducírsele alrededor de un punto la Coparticipación que Mauricio Macri le había fijado en su gestión.
Los mandatarios señalaron que la misiva busca «dejar asentada nuestra posición», y manifestaron que, en el esquema actual de distribución de recursos, la Ciudad debería recibir no más del 1,4% de los impuestos coparticipables.
«Sin embargo -recordaron- por decisión del entonces presidente Macri, la Ciudad vio incrementada en forma desmesurada» los fondos federales automáticamente girados por la Nación, con decretos que no brindaron justificación para desentrañar las razones por cuales gozaría de ese beneficio.
«No se desprende de las actuaciones información, motivos, cálculos o estimaciones realizadas para a determinar esa masa de recursos; todo lo cual expresa la irregularidad con que se llevaron a cabo tales actos», señalaron los gobernadores.
Con excepción del cordobés Juan Schiaretti y los cambiemitas Rodolfo Suárez (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), el resto de los gobernadores calificaron la actuación de Macri como una «decisión unilateral, discrecional e injustificada», que eludió obligaciones constitucionales.
«Se rompió el equilibrio existente entre las jurisdicciones, se desoyó el procedimiento previsto en la Constitución y se violaron los principios de equidad, solidaridad y de igualdad de oportunidades», insistieron.
Acaso temiendo un fallo desfavorable al planteo que encara la Nación ante la Corte Suprema, las provincias gobernadas por peronistas y aliados subrayaron que la definición que debe tomar el tribunal es de «trascendental interés» porque ven en la solución de la controversia cierta «dimensión histórica».
Semanas atrás, los supremos dieron a la Nación y a la Ciudad 30 días hábiles para ponerse de acuerdo en el mecanismo de transferencia. El Ejecutivo nacional, en tanto, cargó las tintas contra la Ciudad y comenzó a comprometer unilateralmente fondos restados al distrito para cubrir necesidades en el Interior del país.
