15 octubre, 2023
Un sector del Frente de Todos abandonó el recinto a la madrugada cuando iba a tratarse el tema, al final de la sesión del martes pasado. El proyecto lo impulsó el massista Carlos Selva.
Denuncian un boicot del kirchnerismo a la ley contra la pesca ilegal que impulsó un diputado de Massa
«Nou quórum», dijo desde el estrado la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, a las 5:58 de la mañana del miércoles, después de 17 horas de sesión, cuando alrededor de 30 diputados del Frente de Todos se levantaron de sus bancas. Al ver cómo se despoblaba la bancada de la coalición gubernamental, Graciela Camaño pidió la palabra y expresó: «lo que está haciendo el bloque del oficialismo es una vergüenza».
Su bronca atendía a que en ese momento debía tratarse el proyecto de Ley de Trazabilidad de los Productos de la Pesca y la Acuicultura, cuya incorporación había logrado uno de los autores del expediente, el massista Carlos Selva, cuando a las 17:30 del día anterior propuso el apartamiento del orden del día para incluirlo y logró la adhesión de las tres cuartas partes de los legisladores presentes. De hecho, Selva apeló en sus argumentos a que la iniciativa había sido ampliamente discutida en comisión y la propia Camaño lo refrendó.
El presidente del bloque de Frente de Todos, Germán Martínez, no se manifestó en ese momento contra el proyecto en sí, pero deslizó que no lo incorporaban al temario en las reuniones de labor parlamentaria porque consideraban que era un tema importante al que debían dedicarle profundidad para su debate en recinto. El trabajo previo en comisión le impedía voltear el proyecto por su contenido porque había sido votado en esa instancia por representantes del oficialismo como Carlos Heller, Sergio Palazzo, Marcelo Casaretto, Itai Hagman, Florencia Lampreabe, Agustina Propato y el propio Selva, uno de los dirigentes que acompaña a Sergio Massa, en sus giras de campaña.
¿Qué debemos suponer? ¿Qué intereses toca ese proyecto? ¿Debemos suponer acaso que hay gente comprometida y con intereses para que el proyecto no salga?.
Por eso, Camaño preguntó retóricamente cuando se caía la sesión: «¿Qué debemos suponer? ¿Qué intereses toca ese proyecto? ¿Debemos suponer acaso que hay gente comprometida y con intereses para que el proyecto no salga?».
En respuesta a la diputada de Identidad Bonaerense, intervino Leopoldo Moreau, quien atribuyó la diáspora oficialista al mismo cansancio que tal vez experimentaron los opositores cuando se ausentaron durante el tratamiento del Plan de Ciencia. «Nos dimos cuenta y nos volvimos a sentar», dijo el referente del radicalismo kirchnerista. Con la voz temblorosa, además, le pidió a Camaño que «retire lo dicho» y la tildó de «Maestra Ciruela».
El reloj ya marcaba las 6 en punto de la mañana y la titular de la Cámara Baja optó por levantar la sesión.
Más allá de los discursos, la polémica reveló que una fracción del kirchnerismo está contra la ley que no sólo permite combatir la pesca ilegal, sino también ponerle una lupe a un sector muy opaco como una parte del sector local que opera en el Mar Argentino.
Fuentes del oficialismo y la oposición advirtieron que el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Damián Liberman, incorporó por vía de resoluciones medidas para controlar los productos de la pesca pero no son suficientes.
Desde la ONG Círculo de Políticas Ambientales, Eugenia Testa declaró a este medio que «las políticas de la Subsecretaría del Puerto llegan hasta el puerto nada más».
Al respecto, indicó que «cada vez más mercados exigen que los productos de mar sean trazables debido a la competencia desleal generada por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada», y añadió que «hay informes del Conicet que detectaron cómo venden tiburón o raya desmenuzada como atún», impactando no solamente en el ecosistema marítimo sino también en el riesgo alimentario de la población.
Hay informes del Conicet que detectaron cómo venden tiburón o raya desmenuzada como atún.
En los pasillos del Congreso se murmura también que la reticencia kirchnerista puede deberse a la displicencia frente al despliegue de las embarcaciones chinas que estragan las aguas a partir de la milla 201 o, incluso, empezaron a pescar en Mar Argentino a través de empresas privadas locales cuya propiedad adquirieron desde hace un tiempo a esta parte. La otra excusa, más mezquina, sugiere que el proyecto de Selva delega en el Ejecutivo la decisión sobre la autoridad de aplicación, desplazando a la subsecretaría de Pesca.
No obstante, un diputado de la oposición relativizó esas hipótesis. «El oficialismo tiene que explicar por qué se opone. Porque es razonable que, a dos meses de un probable cambio de gobierno, la decisión quede en manos del próximo Presidente y el argumento sobre los intereses comerciales de Argentina y China es una boludez porque China tiene Ley de Trazabilidad», explicó.
La ley resistida fija como objeto el establecimiento de «un sistema único de trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, con el fin de garantizar la legalidad de las capturas y producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y sostenibilidad de estos productos a lo largo de todo su ciclo de vida y de asegurar el acceso a la información trazada».
Iniciativas similares se impulsaron entre 2018 y 2022 pero perdieron estado parlamentario. «El oficialismo viene mirando para otro lado con respecto a la depredación que realizan las flotas chinas en el Atlántico Sur y no ratifica los acuerdos internacionales que buscan ponerle un freno, como el de la Organización Mundial de Comercio», expresó Testa.
Camaño, que defendió el proyecto de Selva, el radical Fabio Quetglas y la presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Mariana Zuvic, sostuvo que la jugada del martes pasado fue, lisa y llanamente, «un boicot» a la ley.
Este portal contactó a referentes del bloque kirchnerista pero no obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación de esta nota.
*LPO/ by Pablo Dipierri
