28 marzo, 2022
Si bien son subrogancias hasta que finalicen los concursos en marcha, genera desprolijidad en el organismo judicial. Son 10 cargos para varias localidades del Alto Valle.
El grupo de abogados seleccionados, no se conoce con qué criterio, pasará a tener una importantísima tarea en las investigaciones penales, además de percibir salarios que rondan los 300 mil pesos. Si bien son subrogancias hasta que finalicen los concursos en marcha, genera desprolijidad en el mecanismo de selección a futuro.
Uno de los casos es el de la fiscala adjunta de Cipolletti Anabella Camporessi que en diciembre se presentó por concurso ante el Consejo de la Magistratura. Ese órgano, integrado por el Poder Judicial, el Legislativo y los Colegios de Abogados, dejó el cargo vacante y no la eligió ni a ella ni a ninguna de sus competidoras. Sin embargo, a tres meses de ese proceso, el procurador Jorge Crespo consideró que la funcionaria tiene experiencia y la idoneidad suficiente para ser fiscala en Allen.
El mecanismo es muy parecido al que utiliza la Justicia Federal para la designación, por subrogancia, de los cargos más encumbrados. Con la reforma procesal penal, la justicia provincial venía dando señales de transparencia y legitimidad. Ahora parece haber dado un paso atrás.
El resto de las subrogancias se conforman por abogados, muchos recién recibidos, que además están concursando para obtener esos mismos cargos. Es decir que ahora están en mejores condiciones que sus competidores porque ya conocen y ejercen el puesto. Esta situación también afecta la transparencia del concurso ante el Consejo de la Magistratura.
Las resoluciones 065 y 066 que se conocieron el viernes 25 de marzo, sostienen que todos los concursos están en marcha, pero que se encuentran en la etapa de evaluación de antecedentes, que es la primera fase.
Entonces con ese argumento, de que esa demora puede afectar el servicio de justicia y en consecuencia a las víctimas, se otorgaron diez subrogancias. Palabras más, palabras menos se establece que las y los fiscales tienen mayor cúmulo de trabajo y que tienen que asistir a los procedimientos.
En ese contexto se designó a Camporessi como fiscala en Allen, a Alejandra Altamira como fiscala en Cipolletti, a Marisa Morandi como fiscala adjunta para Choele Choel, a Marcelo Ramos como adjunto en Roca, a Paula Piantoni y a Natalia Poblete como adjuntas para Ciipolletti y, llamativamente, a tres adjuntos para la localidad de Cinco Saltos: Judith Saccomandi, Daniela Ramirez y Jessica Gizzi. Por último se nombró subrogante a Andrea Bolognese para Catriel.
Todos esos funcionarios, muchos son empleados con cargos iniciales dentro de la estructura del Poder Judicial (y también abogados recién recibidos) pasarán a percibir salarios que rondan los 300 mil pesos con una altísima responsabilidad en la solución de los procesos.
Cuando la anterior procuradora Silvia Baquero Lazcano estaba al frente del Ministerio Público los cargos de fiscales y defensores adjuntos se designaban también por fuera del Consejo de la Magistratura, a través del Consejo de Fiscales y Defensores que no está contemplado en la Constitución.
Después ese mecanismo se corrigió y los cargos pasaron a la órbita de la Magistratura. Ahora las resoluciones no especifican el criterio adoptado para designar a estos abogados y abogadas, salvo el caso de Camporessi que refiere su idoneidad y experiencia.
