29 noviembre, 2021
Una nueva polémica productiva similar al ‘impuesto al viento’ surge ahora con el pescado. La Municipalidad de Puerto Madryn implementará una nueva Ordenanza Tributaria aprobada por el Deliberante hace unos días donde se modificó la aplicación de la Tasa de Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene, y Control Ambiental. Cambiaron la base imponible de “metros cuadrados habilitados” a “facturación mensual” con los que los números se disparan de manera exponencial. El sector anticipó que recurrirá a la Justicia. Hay empresas que pasarían de pagar de $2 millones actuales a $40 millones. El Municipio defiende la reforma tributaria.
La Municipalidad de Puerto Madryn comenzó a notificar a las diferentes empresas pesqueras radicadas en la ciudad sobre la aplicación de la nueva “Liquidación de la Tasa de Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental” correspondiente al periodo fiscal 2022 con lo que se produjo el alerta sectorial y se descompuso el vínculo con la administración municipal.
Allí se les comunicó que de acuerdo a la Ordenanza Tarifaria Municipal N° 12.104, Capítulo III, Artículo 14, Inc. i) se estableció que «por ejercicio de la actividad pesquera, se tributará el 1,48% sobre la facturación del mes inmediato anterior, siendo el mínimo mensual por cada establecimiento, predio habilitado y/o habilitar en la siguiente escala: Sup. Total hasta 2.000 m2 corresponde 3 Módulos A; Sup. Total de entre 2.000 y hasta 5.000 m2 corresponde 7.500 Módulos A; Sup. Total de entre 5.000 y hasta 20.000 m2 corresponde 10.000 Módulos A; Sup. Total de entre 20.000 y hasta 30.000 m2 corresponde 12.500 Módulos A y Sup. Total que supere los 30.000 m2 corresponde 13.335 Módulos A».
Y lo novedoso que se notificó es que a partir del período fiscal 2022 «deberán presentar en carácter de Declaración Jurada, los ingresos facturados correspondientes del mes inmediato anterior».
La Ordenanza Tarifaria 2022 fue aprobada el pasado 29 de octubre por el Concejo Deliberante, en una sesión extraordinaria.
El arribo de las notificaciones puso en alerta al sector para analizar el cambio introducido en la liquidación de una Tasa Municipal y el impacto que genera en cada planta de procesamiento.
“Como ejemplo, una pesquera de 2 hectáreas de superficie, que este año abonó casi 2 millones de pesos por la Tasa de Habilitación, en 2022 debería pagar alrededor de 40 millones de pesos”, graficó un ejecutivo de uno de los principales grupos empresarios de la pesca de Puerto Madryn, al dimensionar en números lo que deberán tributarle a la Municipalidad.
“Lo que el Gobierno nacional redujo por retenciones a las exportaciones, y desde la Municipalidad de Madryn se aplaudió, ahora terminan llevándoselo con una tasa totalmente distorsiva”, agregó al análisis.
Fuentes de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) confiaron que evalúan recurrir a la justicia para interponer medidas cautelares que frenen el cobro de lo que consideran una “distorsión tributaria municipal”.
En las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial de sector exponiendo sus argumentos de rechazado a la “modificación” de la base imponible de la Tasa de Habilitación Municipal, pasando del cálculo sobre “superficie total habilitada” a un porcentaje de “facturación mensual”, con lo cual se estaría tributando también sobre el volumen exportado.
Precisamente desde el sector reclaman la incongruencia de las políticas públicas. Por un lado hace apenas 20 días el propio intendente participó del anuncion nacional de las modificaciones arancelarias en la actividad pesquera, y Sastre destacó los alcances de esa medida de alivio y promoción anunciado por las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, calificándola como una “excelente noticia”.
El Jefe Comunal destacó el alcance que tendrá la iniciativa a nivel local, siendo una de las principales industrias de la ciudad del decreto que promueve el agregado de valor en un sector estratégico de la economía nacional y que tendrá su impacto específico en Puerto Madryn, contemplando su aporte a la producción y su gran potencial para la generación de empleo. Un anuncio que recién se comenzará a valorar en la práctica en las próximas zafras priorizando la promoción de la exportación de productos como la merluza común, langostino y calamar en presentaciones para el consumo final que sean elaborados mediante procesos que se llevan a cabo de manera íntegra dentro del territorio nacional. Pero a la par el Municipio avanzó con nueva presión tributaria local, desconcertando al sector.
Mientras que extraoficialmente lo que evalúan las autoridades municipales es que el sector pesquero tributa ‘afuera’ con muy poco derrame impositivo local, mientras que es la Comuna la que debe enfrentar los diferentes impactos de la actividad, principalmente ambientales.
En el caso de la energía eólica el Municipio mantuvo su postura: «No se trata de ningún impuesto al viento -agregó-, sino de la tasa de Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental que utiliza como base imponible la potencia unitaria que posee cada aerogenerador. Es importante dejar en claro que no es sobre la producción de energía», aclaró el Intendente oportunamente. “(…) Si los vecinos pagan sus patentes, impuestos inmobiliarios e ingresos brutos del monotributo, entre otras cosas, ¿por qué dejaríamos de cobrarle esa tasa a las empresas que llegan a la ciudad, utilizan nuestra tierra y nuestros recursos, en este caso el viento, amplían considerablemente sus ganancias, y se llevan el dinero a otro lado?», se preguntó Sastre.
En el medio de este debate de razones propias y ajenas, el especialista en tributación Dr. José Ignacio Bellorini, profesor de la Universidad Austral y miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, puso algo de objetividad tributaria a partir del análisis de jurisprudencia. Consultado al respecto por la revista especializada ‘Puerto’, consideró que “se está desconfigurando una legítima potestad tributaria municipal, como lo es el cobro de una tasa, al transformarlo en un impuesto que se superpone sobre potestades estrictamente nacionales, y sobre el posible computo de ingresos por exportaciones en la cuantificación y base imponible del tributo”, sintetizó.
“Bajo el ‘nomen iuris’ de tasa se estaría cobrando un impuesto solapado. La Municipalidad tiene plena potestad para cobrar una Tasa, la cual está relacionada directamente con el costo el servicio que el Municipio presta por determinado concepto, pero no puede cobrar un impuesto sobre la base de lo que factura la empresa, porque estaría avanzando sobre potestades que tiene vedadas por la Constitución Nacional”, evaluó.
El conflicto amaga con avanzar y llegar a la judicialización, dado que el Deliberante convirtió en norma algo que no estaría en sus facultades imponer. Este tema reeditó la avanzada sobre el sector de las renovables donde también el Deliberante aprobó el “impuesto al viento” con el 4,5% de la facturación de las empresas productoras de energía eólica, terminando en la vía judicial y administrativa a la espera de que se dirima el caso que dicho sea contribuyó a que se frenaran varios proyectos por inseguridad jurídica.
*RP
