13 marzo, 2023
El problema surge porque el Estado dejó de abonar la remuneración que les corresponde a las productoras por la inyección de gas destinada a cubrir la demanda residencial. Aunque los últimos pagos datan de julio del año pasado, existen pasivos desde mediados de 2021 y las compañías no quieren renunciar a la posibilidad de iniciar reclamos para que les den luz verde al Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Petróleo.
Petroleras resisten renunciar a sus reclamos contra el Estado para acceder a divisas oficiales
Algunas empresas petroleras han comenzado a solicitarle informalmente al gobierno que flexibilice la obligación de renunciar a cualquier reclamo administrativo o judicial contra el Estado por incumplimientos en el Plan Gas para que se les garantice acceso a las divisas previsto en el DNU 277/22.
El jueves 11 de agosto del año pasado, una semana después de haber asumido como ministro de Economía, Sergio Massa viajó a Neuquén y anunció la reglamentación del decreto 277/22 que le garantiza acceso a las divisas a las petroleras que inviertan en Vaca Muerta. La norma estableció que el beneficio se aplica desde el tercer trimestre de 2022 y debe ser reconocido en un plazo no mayor a los 90 días a partir de la finalización del período.
Sin embargo, el DNU 484/22, que reglamentó el DNU 277/22, estipula en su artículo 24 que para adquirir y mantener los beneficios definidos en la norma, las petroleras deberán renunciar a cualquier reclamo administrativo o judicial por incumplimientos que tengan en marcha o que puedan emprender a futuro.
Habida cuenta de los problemas que tiene el Gobierno para pagar en tiempo y forma lo pactado en el Plan Gas.Ar, empresas del sector están solicitando la quita de este requisito para que el Decreto 277 pueda ser instrumentalizado. “No sería lógico que acceder a ciertos beneficios implique renunciar a percibir cifras comprometidas por el Estado”, explicaron desde algunas compañías.
Vale resaltar que desde hace bastante tiempo el Ministerio de Economía dejó de abonar la remuneración que les corresponde a las productoras por la inyección de gas destinada a cubrir la demanda residencial del país. Aunque los últimos pagos datan de julio del año pasado, existen pasivos desde mediados de 2021. Frente a este delicado escenario, algunas empresas se encuentran estudiando la posibilidad de solicitar la autorización del Gobierno para saldar con esas acreencias sus obligaciones impositivas ante la AFIP.
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