6 abril, 2021
Cuando todo indicaba que el nuevo plan de promoción de la producción de gas argentino (Plan Gas Ar.) iba en buena dirección, el gobierno nacional a través de la secretaría de Energía, que lidera el neuquino Darío Martínez, publicó la resolución 144/2021 que enfrentó al Estado con petroleras y al mismo tiempo con pymes.
La resolución fue publicada en el arranque de marzo e impuso una serie de modificaciones y contradicciones a la normativa que previamente aplicaron las petroleras y que, además, resultó en un incremento de sus obligaciones.
Esta medida fue inmediatamente rechazada por las petroleras y se tradujo en una carta de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) que le enviaron a Martínez a mediados de marzo, y que lleva la firma de su director Ejecutivo, Manuel José García Mansilla.
Energía On accedió a la carta de cuatro páginas que le enviaron a Martínez y que fue filtrada a la prensa para exponer el reclamo. La CEPH nuclea a las principales operadoras del país como YPF, PAE, Tecpetrol Total, Pampa Energía, Pluspetrol, y CGC.
«La Resolución SEN 144/21 contiene previsiones que, por un lado, incrementan las obligaciones asumidas por las empresas adjudicatarias al momento de acordar su participación en el Plan GasAr y, por el otro, son contrarias a derechos reconocidos a ellas en el propio régimen del Plan GasAr y en normas de jerarquía superior», señalaron desde la CEPH.
Dentro de las condiciones que impone el gobierno nacional –en la resolución 144/2021- establece un mecanismo que fija de manera automática el reconocimiento de costos diferenciales según la ubicación, y de esa manera otorga a favor de ciertos proveedores un trato diferenciado por sobre otros. Además, fija la obligación de otorgar un derecho exclusivo a igualar ofertas de manera recurrente para determinado tipo de proveedores.
En la nota, desde la cámara de empresas aseguran que esa disposición afecta la libertad de contratar y el derecho de ejercer industria lícita de las adjudicatarias del Plan GasAr, así como la libre competencia y concurrencia de las empresas proveedoras, limitando la oferta de bienes y servicios y acotando el potencial desarrollo de la cadena de valor de la industria hidrocarburífera.
«En los hechos, esto implicaría un margen de preferencia a favor de determinadas empresas que redundará en mayores costos operativos, en detrimento de la competitividad del sector hidrocarburífero. Todo ello produce una clara e irrazonable limitación a los derechos y garantías constitucionales, tanto de las empresas adjudicatarias del Plan GasAr como del resto de las empresas que componen la cadena de valor de la industria», explicaron desde la CEPH.
En paralelo, indican que esas pautas suponen una potencial «afectación» a la realización de los trabajos necesarios para el cumplimiento de los compromisos de inyección de gas al tratarse de procedimientos que implican demoras sustanciales en los procesos de adjudicación de las contrataciones.
«Cabe señalar que, en el procedimiento que pretende imponer, la Resolución SEN 144/21 no contempla aspectos relevantes a tener en cuenta en el proceso de evaluación, calificación y selección de contratistas y proveedores», sumaron las petroleras.
Por otra parte, en el artículo 3 de la Resolución 144/21, califica como incumplimiento del Plan Gas Ar y/o práctica desleal restrictiva de la competencia al ofrecimiento de precios inferiores a los habituales de plaza por parte de empresas controladas por adjudicatarias. «Esta no solo innova sobre las condiciones del pliego aprobado por Resolución N° 317/2020, sino que también se aparta de las previsiones vigentes de la Ley de Defensa de la Competencia (artículos 1 y 3 inc. k de la Ley 27.442)», indicaron desde la CEPH.
Por último, y luego de manifestar su postura totalmente en contra a las nuevas reglas del gobierno, las petroleras le pidieron a Martínez la «urgente revisión» y «suspensión» de las cuestiones señaladas, así como la fijación de pautas claras para el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas adjudicatarias del Plan GasAr.
La postura de las pymes
Las pequeñas y medianas empresas nucleadas en la Federación de Cámaras del Sector Energético de la provincia de Neuquén (Fecene) realizaron un comunicado oficial en el que aseguraron que las petroleras y empresas de servicio no cumplen con la contratación de empresas locales como fija la reglamentación del nuevo Plan Gas Ar.
«Vemos que la Cámara que representa a las operadoras (CEPH) se opone sustancialmente al desarrollo prioritario de la cadena de valor local y regional, mediante presentación realizada a la Secretaria de Energía de la Nación, al pedir la modificación de la Res. SEN 144/21», señalaron desde Fecene.
*CPEH, EON
