25 octubre, 2021
La propuesta de ley elevada al Congreso por el gobierno choca no solo con la crisis macroeconómica y política, sino también con el avance de la transición energética.
Por Sebastián Scheimberg*
Días atrás un prestigioso colega desplegó una extensa consideración con opiniones de diversos actores de la industria, en este mismo espacio, sobre el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo y que, en palabras del Presidente, a pocas horas de conocerse el resultado de las PASO, resulta de vital importancia para que la industria petrolera recobre el dinamismo y se constituya en fuente de divisas para una economía que, en sus propios términos, procura “poner a la Argentina de pie”. El proyecto, que en definitiva busca convertirse en un acto administrativo que, según la doctrina jurídica, debería adoptarse y evaluarse teniendo en cuenta la oportunidad, mérito y conveniencia del mismo, podría analizarse en función a estos tres atributos, que es lo que se intenta hacer en esta nota de opinión.
Lo que sí es cierto es que, en términos de la identificación de las oportunidades, Argentina tiene un potencial que ha demostrado que con incentivos adecuados; es decir sometido a condiciones de mercado, puede rápidamente generar recursos y oportunidades de crecimiento y desarrollo. Claramente, lo que se ha vuelto difícil es encontrar una solución estructural a lo que llamamos el problema macroeconómico. Y es justo decir que esta espada de Damocles nos mantiene en vilo cuanto menos, desde la última década. Pero resulta prácticamente imposible blindar un sector particular del riesgo del país en su conjunto, menos en el marco de una Ley de 115 artículos que asigna elevada discrecionalidad al regulador. Ello en particular si se la compara con los 15 artículos del Decreto 1589/89 que desreguló la actividad del Upstream petrolero e impulsó un notable crecimiento de la actividad por una década, cuando nuevamente la Argentina volvió a chocar, producto de su persistente déficit fiscal.
Tampoco se puede desatender la oportunidad que nos da la “transición energética global”, que intentando avanzar a marcha forzada, a la salida de una pandemia, ha puesto todas las fichas al casillero equivocado, como lo muestra la evidencia de precios mundiales de la energía en máximos históricos. Lo que deja abierto el interrogante acerca de si no se estará creando una “burbuja” en materia de fuentes energéticas no convencionales. Porque entre otras cosas, pareciera que el progresismo en estas horas consiste en vestirse de renovable, y ningún oportunista (sobre todo si es político) querría ser catalogado de reaccionario por apoyar la producción de Oil & Gas. Pues bien este proyecto de ley al menos se arriesga a tomar una posición poco simpática para los tiempos que corren.
En verdad, después de una tercera lectura, como me señaló un notable abogado del sector, el proyecto tiene destellos de lucidez. Se nota que ha habido meses de trabajo de parte del grupo del Secretario Martinez, que sabiendo que las restricciones macroeconómicas no son buenos señuelos para la inversión, requieren de un “super blindaje” para los inversionistas. Ya solo el hecho de intentar sustituir la libre competencia con una mega maraña de regulaciones es desafiante. Aunque el proyecto termina sobre determinando el poder de decisión del regulador.
Justamente por eso, y porque al ver que actualmente Vaca Muerta apenas alcanzó el 4% de la producción del yacimiento “gemelo” de Permian, en Estados Unidos, está más que claro que hay una oportunidad en impulsar la explotación hidrocarburífera, sobre todo del gas no convencional contenido en esa inmensa roca que está básicamente en el subsuelo de Neuquén y Río Negro y que podría ser el motor de una economía que, procurando impulsar una Agenda Verde propia, se gasifica en forma super intensiva, y a la vez se constituye en un vector de integración regional, que a fin de cuentas es el objetivo común que han tenido las sucesivas administraciones de gobierno al intentar promover nueva infraestructura de conexión entre Vaca Muerta y Brasil.
¿Es conveniente un régimen de estabilidad fiscal? Sin duda lo es. ¿Y que los inversores puedan disponer libremente de parte de sus divisas? Claro que sí. Nada nuevo bajo el dominio de la Ley 17.319, a la que todos los equipos de gobierno han querido modificar sucesivamente, cuando esta Ley busca justamente apoyarse en esos principios, pero que al carecer de estabilidad macroeconómica debe sobre reaccionar con incentivos adicionales. En definitiva, en un escenario de distorsiones, tal vez los nuevos incentivos agiganten la desigualdad respecto de otros sectores con menos capacidad de presión. Inclusive aparecen rasgos de desigualdad al interior del sector. Algunos tipos de crudo tienen mayores ventajas que otros; algunas empresas que se esforzaron más en el período reciente resultarían menos favorecidas; algunas ventajas fiscales se asignan a proyectos industriales que prácticamente tienen nombre y apellido; etc. Tal vez las ausencias más notables tengan que ver con los mecanismos de determinación de precios locales y lo que sigue siendo una asignatura pendiente: que las empresas retornen al poder concedente las áreas inactivas, dando así lugar para explotaciones a escala menor. Aunque ha habido una esmerada atención por las explotaciones en áreas marginales en el presente proyecto de ley.
Por supuesto que en un contexto de restricción cambiaria fomentar las exportaciones es deseable; sin embargo, no queda claro porqué en las explotaciones de gas aisladas se privilegia el negocio de exportación cuando, en presencia de tecnología de licuefacción, el sistema de GNL doméstico podría tener un vasto desarrollo para sustituir los combustibles líquidos en poblaciones aisladas. Por lo que surge del articulado en materia de incentivos, parece haber una clara oportunidad para las interpretaciones y asesoramientos legales, pero que a la vez tendrá que enfrentar la interpretación del “Consejo de Inversiones Hidrocarburíferas”, algo que trae reminiscencias al Ministerio de la Verdad del 1984 de George Orwell.
Y si faltaba una perla en este Manual de Procedimientos, el artículo 69 trata justo sobre la perspectiva de género, porque no es lo mismo “quedar comprendido” que “quedar comprendida”.
Como me señaló un amigo experto en materia petrolera: “El proyecto es re complejo, empalagoso y da lugar a una gran cuota de discrecionalidad. Está hecho fundamentalmente para alguna firma y, por presión de alguna provincia”, pero sobre todo no resulta del todo contundente en los atributos de un acto administrativo que se precie, y por los tiempos que corren pareciera que más temprano que tarde quedará en posición fuera de juego. Tal vez convenga depositar mayores esfuerzos en estabilizar la macroeconomía e ir a un esquema de competencia mucho más agresiva.
