14 abril, 2021
La expropiación de YPF cumple nueve años y recién en 2022 comenzaría el juicio en Nueva York. La jueza Preska pidió incluir en el discovery una declaración ampliada de la familia Eskenazi. Burford ya vendió el 10% del juicio por USD 100 millones.
Este viernes la expropiación de YPF cumplirá nueve años desde que el 16 de abril de 2012 la entonces presidenta Cristina Kirchner resolvió que el Estado pasara a ser dueña del 51% de las acciones de la petrolera que estaban en manos de la española Repsol. La estatización no alcanzó a las acciones de otras compañías, como las de las filiales españolas del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Y fue precisamente este grupo empresario el que reclamó judicialmente por no haber sido participados de la oferta pública de adquisición (OPA) y, por ende, potencialmente perjudicados por la estatización. En efecto, la OPA nunca se realizó, pese a que formaba parte del estatuto accionario.
El grupo Petersen, mediante dos sociedades anónimas españolas (Petersen Energía y Petersen Energía Inversora), había adquirido el 25% de las acciones de YPF con préstamos de bancos europeos y también de la misma Repsol, por 1.500 millones de euros. El primer 15% en 2008 con el respaldo de Néstor Kirchner a la argentinización de la compañía, y el 10% restante en 2011.
Como tras la estatización, la compañía suspendió el reparto de dividendos con los que las filiales españolas iban a repagar los préstamos y fueron a concurso de acreedores en España. Allí, las presuntas ganancias de un juicio contra el Estado argentino quedaron dentro del activo de las compañías en concurso y el juez vendió los derechos del juicio al gigante británico del litigio, Burford.
Desde que la petrolera pasó a manos del Estado, el valor de mercado de YPF pasó a valer prácticamente un cuarto: de 14,59 dólares por acción a 4,02 dólares este viernes. Por lo que el valor actual de la compañía es menos de la mitad de lo que la Argentina pagó por el 51% de las acciones, 6.000 millones de dólares en 2014.
Burford, en 2015, accionó contra el país en el Distrito Sur de Nueva York como asesora de las empresas de Petersen. Y en 2018, ahora como dueño del juicio, consiguió luz verde para proseguir con el juicio con el argumento de que YPF cotizaba en Wall Street y que sus accionistas, por tanto, estaban amparados por la ley de Nueva York, decisión que quedó firme tras la apelación argentina.
La jueza Loretta Preska recientemente hizo lugar al pedido de la defensa, que encabeza Carlos Zaninni, de sumar el testimonio de la familia Eskenazi a la causa, dado que sospechan que, en última instancia, sean beneficiarios de la demanda de Burford. La jueza hizo lugar al pedido habida cuenta de la relación pre existente entre las empresas del grupo Petersen y Burford.
El reclamo, que podría ascender a más de 10.000 millones de dólares, todavía no llegó a la instancia formal de juicio y sigue en la etapa de «discovery». La instancia formal recién comenzaría el año próximo.
Por el momento, Burford consiguió que la familia Eskenazi amplíe su declaración a pedido de la jueza, algo a lo que durante todo este tiempo la familia -y Burford también- se negaban por considerar que los Eskenazi y el grupo Petersen no tienen nada que ver con el juicio ni con las subsidiarias españolas, que ya no son de su propiedad.
*LPO; NA
