7 abril, 2022
Tras cinco horas y media de sesión, la iniciativa recibió 37 votos afirmativos y 33 rechazos. Juntos por el Cambio votó en contra.
Tras cinco horas y media de sesión en el Senado, el oficialismo consiguió hoy la media sanción del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.
La iniciativa impulsada por Gobierno recibió 37 votos afirmativos y 33 rechazos, y ahora el debate se traslada a la Cámara de Diputados, donde el escenario se presenta más complejo para el oficialismo debido a la correlación de fuerzas que allí impera.
La aprobación en el Senado se dio en el marco de una carrera contrarreloj para sancionar una nueva ley antes del jueves que viene, cuando vencerá el plazo dispuesto por la Corte Suprema para reemplazar la normativa vigente.
Juntos por el Cambio, que votó en contra del proyecto, no dio quórum al inicio de la sesión y recién bajó al recinto cuando el Frente de Todos consiguió el número para abrir el debate con la ayuda de senadores aliados.
El proyecto original, enviado por el Poder Ejecutivo, había recibido dictamen favorable, pero se incorporaron cambios propuestos por el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
El oficialismo no contaba con los votos suficientes para aprobar la ley, por lo que debió aceptar las modificaciones planteadas por el rionegrino, que apuntan a dotar al Consejo de una mirada y un funcionamiento más federal.
El 16 de diciembre pasado, la Corte Suprema emitió un fallo por el que declaró inconstitucional la ley vigente sobre el Consejo de la Magistratura, y concedió hasta el jueves 14 de abril para la aprobación de un nuevo marco normativo.
Si eso no ocurriera, a partir del próximo viernes 15 se declararán inválidas todas las resoluciones que adoptase el Consejo de la Magistratura, paralizando a este órgano clave en el funcionamiento institucional de la Justicia.
Pero además, la sentencia prevé restaurar la vigencia de la ley derogada en 2006, cuando se aprobó la reforma que redujo de 20 a 13 la cantidad de consejeros, y le quitó a la Corte Suprema representación en el órgano (detentaba la presidencia).
Como miembro informante del oficialismo, Guillermo Snopek cuestionó duramente el fallo del supremo tribunal y defendió la reforma impulsada por el Gobierno, tras sostener que es imperioso «dejarles a los argentinos la media sanción para que el país no se quede sin legislación que avale este Consejo de la Magistratura».
«Hoy la sociedad dice que la Justicia está peor vista que nosotros. Es momento de volver a recuperar esta justicia», enfatizó el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales.
En este sentido, llamó a «mejorar la calidad de la Justicia que tenemos» y afirmó que «tiene que haber un organismo que nombre a los jueces y controle su conducta».
«Necesitamos una ley, no dejemos a la Justicia paralizada, tenemos la obligación de reglamentar», advirtió el jujeño.
La primera oradora de Juntos por el Cambio fue la tucumana Beatriz Ávila, quien fundamentó el rechazo opositor y reclamó devolverle a la Corte Suprema la representación en el Consejo de la Magistratura, una postura que no es compartida por el oficialismo.
«Las funciones de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura son complementarias, no pueden estar separadas en estamentos estancos. No poder integrar a la Corte dentro del Consejo está a nuestro entender fuera de lugar», evaluó la senadora.
Más tarde le contestaría el peronista tucumano Pablo Yedlin (Frente de Todos), quien remarcó que «la Constitución en ningún momento prevé que sea el presidente de la Corte Suprema quien presida el Consejo de la Magistratura».
«No es lo que dice la Constitución ni está en el espíritu de los constituyentes. Todo lo contrario, eso generaría un real desequilibrio», analizó.
El titular de la comisión de Justicia, Oscar Parrilli (Frente de Todos) embistió duramente contra la Corte Suprema, recordando las irregularidades en la designación de los magistrados Carlos Rosatti y Carlos Rosenkrantz durante el Gobierno de Mauricio Macri.
«No puedo dejar pasar por alto que estamos tratando un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo por una actitud que tomó una Corte Suprema integrada por dos jueces que se eligieron así mismos como autoridades de la Corte, que aceptaron se nominados por decreto y que, además, quien lo propuso esos dos nombres, ahora está prófugo de la justicia de la Argentina. Está fugado en Uruguay, como los dólares se fugaron», arremetió el neuquino, en alusión al operador judicial macrista Fabián «Pepín» Rodríguez Simón.
Y aventuró que a partir del fallo, la Corte pretende que Horacio Rosatti, «que fue aconsejado por el prófugo «Pepín» Rodríguez y que Macri lo nombró por decreto, sea presidente del Consejo de la Magistratura».
«Estamos debatiendo un proyecto de ley que nos vemos obligados a tratarlo por una actitud absolutamente inconstitucional. Hoy estamos sancionando una medida transitoria que nos impone el fallo de la Corte, que está avasallando al Poder Legislativo», continuó Parrilli, un hombre del riñón de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El senador kirchnerista cargó las tintas contra la Corte sobre lo que considera una intromisión indebida en las competencias de otro poder del Estado como el legislativo.
«Este fallo de la Corte ha legislado, es como si nosotros mañana sacamos la sentencia contra alguien, que condenamos a algún miembro por integrar la mesa judicial. La Corte se atribuyó, luego de 16 años de haber modificado la Constitución, que esa ley era constitucional y ahora dicen que no», expresó.
En esta línea, la catamarqueña oficialista Lucía Corpacci indicó: «Los legisladores tenemos que tener conciencia de algo: la Corte está legislando cuando nos manda a poner en vigencia una ley que ya no existe».
La senadora Mariana Juri (UCR-Juntos por el Cambio) cargó contra el proyecto oficialista, el cual a su entender «sigue sumando conflictos a un país que necesita lo contrario».
«Estamos desaprovechando una gran oportunidad. La ley que aprobemos no tiene que ser en contra de los argentinos para defender a un puñado de dirigentes», manifestó.
A su turno, el rionegrino Martín Doñate (Frente de Todos) advirtió que el Congreso se encuentra «bajo extorsión de una decisión política de la Corte Suprema que está decidida a tomar por asalto a otros poderes del Estado».
El senador del Frente Cívico de Córdoba Luis Juez criticó la ley que aún se encuentra vigente, sancionada durante el kirchnerismo, al sostener que «el Consejo de la Magistratura no cumplió nunca con los objetivos que los constituyentes planteaban».
«La Corte, con una conducta perezosa, terminó fallando tarde y nos puso en un brete. Pero también nos da una oportunidad para que hoy este sea el debate», subrayó el legislador opositor.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo (UCR), marcó las presuntas contradicciones en la crítica al fallo de la Corte Suprema y en la fervorosa defensa oficialista de la actual normativa.
«Con esta ley que parece que es maravillosa se ha destituido a un solo juez. Si es cierto que funciona mal la Justicia deberían haber destituidos muchos más jueces en estos casi 11 años», recalcó el mendocino.
Cuestionó en este sentido «la creencia» del Frente de Todos de que solo la Corte Suprema sea la institución «desprestigiada» en el sistema judicial.
«Apalancarse para el relato en el desprestigio del Poder Judicial para ir sobre la Corte Suprema no creo que nos conduzca a una deliberación profunda ni a hacer los cambios que necesita nuestro Poder Judicial», advirtió.
El proyecto oficialista incrementa la cantidad de consejeros de 13 a 17 miembros, y con los cambios que llegaron de la mano de Weretilneck se eleva la representación del Interior del país en la composición del órgano.
Actualmente solo las senadoras Silvia Giacoppo (UCR) y María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) son del Interior.
La iniciativa plantea que de los cuatro consejeros abogados, tres sean del interior, y que la misma proporción se respete con los consejeros jueces: que tres de los cuatro pertenezcan a cámaras ubicadas fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Se establecen cuatro regiones: AMBA (Ciudad de Buenos Aires, La Plata y San Martín), Norte (Salta, Tucumán, Resistencia, Posadas, Paraná y Corrientes), Centro (Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza) y Sur (Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, General Roca y Comandante Luis Piedrabuena).
El Consejo deberá estar integrado por un abogado y un juez por cada una de estas cuatro regiones, y además deberá cumplirse la regla de la paridad de género, con representación igualitaria.
Los consejeros regionales no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento.
Por otra parte, el Consejo deberá sesionar una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país. En tanto, se creará una quinta comisión denominada de «Asuntos Federales», la cual estará integrada por cuatro senadores, uno por cada una de las cuatro regiones mencionadas.
La fuerza política con mayor representación parlamentaria tendrá dos senadores en la comisión, mientras que la primera minoría y la segunda minoría tendrán un representante cada una.
«En este proyecto de ley, el hecho de constituir una comisión de asuntos federales en la cual senadores participan por región en el seguimiento de todo el proceso de designación de funcionarios judiciales nos da una cercanía con la toma de decisiones», destacó Weretilneck durante su intervención en el recinto.
Por último, a solicitud de la misionera Magdalena Solari Quintana (Frente de la Concordia), se estableció que el representante designado por el Poder Ejecutivo no podrá ser reemplazado una vez finalizado su mandato por un integrante del mismo género, sino que deberán alternarse mujer y hombre.
*NA/HSN
